El régimen también inmoviliza los bienes inmuebles del centro Ortega congela las cuentas de la UCA, la Universidad jesuita de Nicaragua

Fachada de la UCA
Fachada de la UCA UCA (captura de pantalla)

Las autoridades nicaragüenses no informaron a la universidad si existe una investigación por el origen de los fondos, ni se ha mencionado una posible negociación al respecto

La UCA está en el punto de mira del Gobierno de Daniel Ortega, ya que se convirtió en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El Gobierno de Nicaragua ordenó congelar las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas, la congregación a la que pertenece el Papa Francisco, según confirmaron fuentes oficiales, bajo condición de anonimato, al medio local Divergentes.

La UCA trasladó a sus colaboradores y estudiantes que "por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad" no está recibiendo los pagos correspondientes.



"Lamentamos los inconvenientes y les estaremos informando una vez que sea posible procesar pagos en nuestra caja central y canales alternos", indicó la institución.



Según la información recopilada por el citado medio, las autoridades nicaragüenses no informaron a la universidad si existe una investigación por el origen de los fondos, ni se ha mencionado una posible negociación al respecto.

Posteriormente, ese mismo medio anunció que el Registro Público también ha inmovilizado todos los bienes inmuebles de la institución jesuita, a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR). Una fuente confirmó que las autoridades del régimen no les notificaron nada sobre esta “inmovilización”, al igual que sucedió con las cuentas bancarias este miércoles. 

La UCA está en el punto de mira del Gobierno de Daniel Ortega, ya que se convirtió en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



El Gobierno de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, disolvió este año cerca de una decena de universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

En febrero de este año, el Gobierno nicaragüense detuvo a un obispo jesuita, Rolando Álvarez, a quien acusó de "conspiración".


El obispo Álvarez era parte de los dirigentes opositores que fueron deportados por el Gobierno, la Justicia y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Nicaragua, en un operativo relámpago para liberar y deportar a 222 presos políticos, entre ellos religiosos, excandidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, despojarlos de su nacionalidad, inhabilitarlos en forma perpetua para ejercer cargos públicos y enviarlos a Estados Unidos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció a interceder ante su par de Nicaragua en relación con los religiosos detenidos en el país, pero no precisó si lo hacía por petición del papa Francisco, con quien se había reunido en junio en el Vaticano.

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