Sodalicio: Dos peruanos, Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, camino de la excomunión por decisión papal
Giuliana Caccia y Sebastián Blanco denunciaron ante la Fiscalía a uno de los sacerdotes enviados por el sumo pontífice al Perú para investigar los casos de abuso sexual en el Sodalicio de Vida Cristiana
Ahora, podrían ser expulsados de la Iglesia Católica si no cumplen con cinco medidas estipuladas por la Santa Sede. El Papa expone los motivos que le llevaron a tomar esta decisión en una carta
"Hubo un 'comportamiento delictivo' por parte de los involucrados, por haber suscitado públicamente 'el odio contra la Sede Apostólica por un acto de la función eclesiástica', además de impedir la investigación y 'lesionar ilegítimamente la buena fama de terceros'"
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En una misiva enviada por el Papa Francisco, el pasado 25 de septiembre, el Papa Francisco da cuenta de que los dos involucrados acudieron a la Nunciatura Apostólica en el Perú, es decir, la Embajada de la Santa Sede en el país, para personarse ante su enviado especial, Jordi Bertomeu.
Como se recuerda, los monseñores Charles Scicluna y Bertomeu llegaron al país en julio del año pasado para esclarecer las denuncias de abuso sexual contra menores de edad que pesa contra exmiembros del Sodalicio de Vida Cristiana, una comunidad perteneciente a la Iglesia católica, ubicada en el Perú.
El Sumo Pontífice continúa narrando los hechos que lo llevaron a tomar esta decisión y señala que Caccia solicitó una reunión, presentándose como víctima de dos exsodálites, siendo uno de ellos sobreviviente de los casos de abuso.
“Los cuales han sido constantemente revictimizados por aquellos que, como la Sra. Giuliana Caccia Arana, a lo largo de los últimos 24 años les han negado la condición de víctimas”, se lee en la misiva.
"Presentaron una denuncia 'injusta y temeraria' ante el Ministerio Público por una presunta 'violación de del secreto profesional'"
Luego, se menciona que ambas personas presentaron una denuncia “injusta y temeraria” ante el Ministerio Público por una presunta “violación de del secreto profesional”, no solo contra uno de los miembros de la misión, sino también contra “todos aquellos que resulten responsables”.
Esta última expresión, manifiesta la carta, incluye al propio Papa Francisco. Más adelante se conocería que el denunciado fue Jordi Bertomeu.
"Hubo un 'comportamiento delictivo' por parte de los involucrados, por haber suscitado públicamente 'el odio contra la Sede Apostólica por un acto de la función eclesiástica', además de impedir la investigación y 'lesionar ilegítimamente la buena fama de terceros'"
Finalmente, el pontífice afirma que hubo un “comportamiento delictivo” por parte de los involucrados, por haber suscitado públicamente “el odio contra la Sede Apostólica por un acto de la función eclesiástica”, además de impedir la investigación y “lesionar ilegítimamente la buena fama de terceros”.
En consecuencia, la Santa Sede impone y ordena las siguientes medidas contra Giuliana Caccia y Sebastián Blanco:
La obligación de retirar la denuncia ante la Fiscalía
La obligación de ofrecer, de manera inmediata, disculpas a la misión especial del Papa
La obligación de ofrecer la verdad de los hechos a los medios de comunicación con los que hayan contactado
La obligación de acreditar documentalmente ante el Nuncio Apostólico del Perú, en un término de 48 horas a partir de la notificación, el efectivo cumplimiento de estas disposiciones.
Se prohíbe realizar en el futuro otra manifestación pública o denuncia sobre el objeto de la misión especial del Papa, en los medios de comunicación.
La respuesta de los denunciados
A través de un video de Youtube, los denunciados aseguraron que esta decisión habría sido motivada por personas que buscan “silenciarlos”.
“No podemos, sino concluir, que el santo padre ha sido mal informado sobre estos hechos. Lo reflejado en el documento que hemos recibido, no se ajustan a la verdad”, afirma Caccia.
Asimismo, denuncian que su caso no ha seguido un debido proceso y que no les han brindado la oportunidad de exponer su posición. Por otra parte, dicen que nunca cuestionaron la legitimidad de la misión Scicluna - Bertomeu, y que no han lesionado la buena fama de nadie.
Si no llegan a cumplir con lo establecido en la misiva, aseguran, tendrán que pagar 100 mil soles cada uno a una institución y no podrán presentar como católicos en público o representar a la Iglesia Católica en un acto social. “Asumimos las consecuencias de este hecho con mucho dolor”, mencionan, en caso de no poder revertir la decisión.
El periodista Jair Sarmiento publicó en febrero de este año, en el portal Wayka, un artículo donde se señala que Giuliana Caccia Arana se hizo conocida en los medios de comunicación como promotora y directora de la Fundación para la Familia (FAM), un proyecto que estaría vinculado con el Sodalicio de Vida Cristiana.
