La organización religiosa pretendía no compensar económicamente a las víctimas de abusos El Sodalicio movió su dinero a paraísos fiscales para ocultarlo al Vaticano
La entidad fundada por Luis Fernando Figari Rodrigo, protegido en Roma tras ser acusado de presuntos abusos sexuales, habría ideado a finales de la década de 1990 un mecanismo para defraudar al fisco peruano
Lo hizo de la mano del sacerdote sodálite Jaime Baertl Gómez quien constituyó en Panamá la offshore Pusan Foundation con un capital inicial de 10 mil dólares, una cifra que creció poco después de manera exponencial a partir de numerosas irregularidades y engaños
La organización religiosa peruana Sodalicio movió su dinero a sociedades offshore con el fin de no compensar económicamente a quienes sufrieron abusos sexuales en el seno de la comunidad. Según revela La República, la entidad fundada por Luis Fernando Figari Rodrigo —protegido en Roma tras ser acusado de presuntos abusos sexuales—, habría ideado un mecanismo para defraudar al fisco peruano a finales de la década de 1990.
Lo hizo de la mano del sacerdote sodálite Jaime Baertl Gómez quien constituyó en Panamá la offshore Pusan Foundation con un capital inicial de 10 mil dólares. El artífice de este complejo sistema de la organización religiosa para la evasión de impuestos trasladó tiempo después el dinero a Denver, EEUU, con el claro propósito, según La República, de evitar reparar a las víctimas de abusos como correspondía.
Pusan Foundation, que más tarde pasaría a llamarse Fundación San Ignacio, Providential Inc. y Fundación Santa Rosa, nació con un capital de 10 mil dólares. 8 meses después, la entidad pagó con dinero de fuente desconocida una deuda de la Asociación Civil San Juan Bautista por 1 millón 700 mil dólares. A cambio,adquirió el dominio del 50 por ciento del cementerio Parque del Recuerdo en Lurín, constituido por la organización, que atravesaba por una serie de dificultades económicas para continuar operando en él.
La operación consistía, siempre según la investigación de La República, en “donar” el cementerio al arzobispado de la localidad y así ponerlo bajo el paraguas del Concordato firmado por la entidad con el Vaticano para evadir impuestos ante la administración peruana. Esto implicaba ser una isla tributaria: no pagar impuestos, ganando más del 30% al 50% que los demás cementerios que operaban sin Concordato.
El esquema de donaciones ficticias—cementerios bajo la titularidad de la Asociación Civil San Juan Bautista exonerados del impuesto a la renta— fue replicado en los siete camposantos más, todos ellos constituidos por el Sodalicio en todo el país, lo que llevaría a la organización a multiplicar sus ingresos cuantiosamente, esconderlos del fisco, del Vaticano, y de sus víctimas.
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