La Conferencia Episcopal, garante del las reuniones entre Gobierno y manifestantes El episcopado, en medio de la crisis en Colombia

Que la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) haya participado, junto a la ONU, como garante en la primera reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro da cuenta de la importancia que se le reconoce en labores de mediación. El evento tuvo lugar en la Casa de Nariño, sede de la presidencia, el pasado lunes y la institución eclesiástica fue representada por el director de Cáritas en el país, monseñor Héctor Fabio Henao.

Un día antes, el presidente de la república se había reunido con líderes religiosos en otro punto de Bogotá: Fragmentos, un museo de la memoria construido como fruto de los acuerdos de paz suscritos en 2016. Después de la reunión, monseñor Elkin Álvarez, secretario de la CEC, y el pastor Héctor Pardo, jefe de la iglesia evangélica Tabernáculo de la Fe, leyeron un mensaje en nombre de los líderes que concurrieron a la reunión. El texto contenía un llamado a la unidad y un reconocimiento de la legitimidad de las instituciones del Estado.

Cuando semanas atrás, en atención a la pandemia, el presidente Iván Duque había anunciado reformas fiscales y al sistema de salud, medidas que rápidamente fueron rechazadas por amplios sectores de la sociedad en el origen de lo que sería una ola de protestas que suma 15 días, el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, declaró: “en este momento en que tantas personas pasan hambre no necesitamos una reforma, sino una renovación desde el corazón, desde la conciencia”. Aquello fue una clara toma de distancia frente a los planes del Gobierno por parte de uno de los más representativos líderes del catolicismo colombiano.

Respuesta a la represión

Ante la represión desatada por sectores de la fuerza pública contra las movilizaciones, política que ha dejado a su paso más de 40 homicidios entre los manifestantes a manos de agentes del Estado, Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, ciudad-epicentro de la crisis, señaló hace algunos días: “Nos duele que las instrucciones sean disparar”, “nos arruga el alma la muerte de tantas personas”.

Desde su propia esquina, el obispado castrense se ha sumado a los mensajes en favor de la paz. Sin embargo, algunas imágenes difundidas a través de la cuenta de Twitter de la entidad han sido constantemente criticadas en redes sociales, por presentar a sacerdotes bendiciendo a miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios. Mejor conocido por sus siglas, el ESMAD es responsable de tareas represivas en el contexto no solamente de las actuales protestas, sino también de movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque ya en noviembre de 2019, cuando el joven Dilan Cruz, de 20 años, murió por el disparo de un policía en pleno centro de la capital, mientras marchaba por el derecho a la educación. Hecho que fue registrado en video por varios manifestantes, pero permanece en la impunidad, a pesar de conocerse la identidad del agente.

La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, alianza de organizaciones étnico-territoriales y sectores del catolicismo en el occidente del país, le ha exigido a líderes de diferentes iglesias y religiones “una voz contundente” para rechazar la generalizada violencia estatal. Recientemente, el padre Jesús Albeiro Parra, vinculado a dicha entidad, encabezó una carta abierta a varias autoridades religiosas, entre ellas 15 obispos. El documento fue dado a conocer el pasado domingo, con el propósito de solicitarles: “condenar el abuso policial y exigir justicia; [mediar para] poner fin a la militarización; pedir la no judicialización de las personas que se mantienen en todos los puntos de encuentro de la protesta social y que claramente no están involucrados en saqueos o actos vandálicos; exigir la inclusión de jóvenes en los espacios de negociación en los territorios; y enviar mensajes a la feligresía en general sobre la necesidad de comprender las causas de la movilización y no estigmatizar a sus actores”.

La heterogeneidad del campo cristiano

El mensaje leído el pasado domingo por el secretario de la CEC y el jefe de la iglesia Tabernáculo de la Fe, después de la reunión entre varios líderes religiosos y el presidente Duque,  da la apariencia de una cierta homogeneidad en el campo cristiano frente a la situación de crisis que vive Colombia. Sin embargo, la historia detrás del evento es mucho más compleja.

Según admitió el padre Jorge Bustamente, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, el borrador de dicho comunicado fue elaborado por el Gobierno. Un hecho que ha criticado fuertemente en los últimos días una de las personas que asistió a la reunión. Yalile Caballero, representante de la Iglesia cristiana menonita de Colombia, sostiene que las palabras leídas por Álvarez y Pardo no contaron con el aval de todos los líderes religiosos presentes. Algo que respalda otro de los que concurrieron a la cita, el presbiteriano Luis Fernando Sanmiguel.

 Según Caballero, la estrategia del Ejecutivo ha sido proyectar “la pantalla” de acuerdos con la sociedad y sectores del cristianismo se han prestado para rodear al Gobierno y secundar el mensaje que Duque pretende imponer ante la opinión pública, en medio de la crisis. “La Iglesia sigue siendo manipulada”, plantea la líder menonita, criticando lo que, en sus palabras, es un espíritu de temor entre la dirigencia religiosa para decir las cosas “como son y cuando son”.

 Tomando distancia frente a las políticas de la presidencia, y de manera enfática, Caballero agrega: “La Iglesia cristiana menonita no está de acuerdo con la reforma ni con las promesas que ha hecho el gobierno de Iván Duque; tampoco con que nos utilicen de esa manera”. Su rechazo a la gestión del presidente frente a la pandemia coincide con el de otros sectores del cristianismo en Colombia, como la Mesa Ecuménica para la Paz. Esta es una organización que reúne a creyentes de diversas iglesias y que también critica la postal que dejó la reunión entre Duque y representantes del sector religioso.

“Dios y patria”

Para algunos analistas, la credibilidad del episcopado en materia de mediación se ha visto comprometida en estos días y no solamente por el papel de la CEC durante la reunión del pasado domingo. También por la pervivencia de una alianza entre Iglesia católica y Estado, representada en el obispado castrense.

El Concordato de 1973 en su número XVII definió que la atención espiritual y pastoral de los miembros de las fuerzas armadas se ejercería por medio de una instancia eclesiástica “según normas y reglamentos dictados al efecto por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno”. Si bien la Corte Constitucional declaró inconstitucional dicho numeral en 1993, décadas de pacto entre la cruz y la espada mantienen su inercia y hay quienes consideran que no está bien que en el organigrama del Ministerio de Defensa aparezca un obispo. El puesto fue ocupado en el pasado por Fabio Suescún, uno de los organizadores de la visita del Papa a Colombia, y hoy lo ocupa monseñor Víctor Manuel Ochoa, antiguo obispo de Cúcuta. El 12 de mayo, el prelado fue condecorado en el Capitolio Nacional en atención a sus gestiones en respuesta a los problemas de la frontera colombo-venezolana. En medio de la crisis, una fotografía de Ochoa junto a senadores de la coalición de Gobierno da cuenta de la histórica cercanía de sectores del episcopado con el uribismo, principal promotor de una respuesta militar y represiva frente a la movilización social.

Abilio Peña, co-secretario del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina, una institución defensora de derechos humanos inspirada en la figura de san Óscar Arnulfo Romero, sostiene que, en lugar de ahondar las dinámicas de conflicto social, el obispado castrense podría desempeñar una función diplomática y humanitaria en favor de las familias de los cerca de 500 desaparecidos que ha producido en las últimas semanas la gestión del Gobierno frente a las protestas. Según el teólogo, dicha función fue desempañada por Jorge Mario Bergoglio en sus tiempos como provincial jesuita en Argentina.

“Como estamos en una situación de emergencia y de mucha gravedad; y el propio obispado castrense está en el seno de las fuerzas militares y de la policía, su deber moral sería indagar dónde están los desaparecidos”, sostiene Peña. “Es un obligación ética y evangélica del obispo y de los sacerdotes. Que se pongan en la tarea de exigirle a la policía, con la que están vinculados, que por razones  evangélicas, pastorales, por el derecho a la vida que tanto pregona la Iglesia, digan dónde están las personas desaparecidas; y que, si no lo quieren hacer público, busquen a los familiares para que puedan hacer la indagación”.

El cosecretario del SICSAL pone en relación la situación que vive Colombia con el famoso llamado que hizo Romero a las fuerzas armadas de su país, en vísperas de su asesinato. “Es un llamado que en público o en privado podría hacer el obispado castrense: en nombre de Dios y de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, les suplico, les ruego, les orden: cese la represión. Antes había dicho san Romero que frente a una orden de un superior de matar existe la ley de Dios de no matar. Ese es el llamado a los sacerdotes, agentes de pastoral; al obispado castrense, para que intervenga para frenar el genocidio, para que puedan aparecer las personas desaparecidas; y, en esa misma línea, el llamado a su contribución para poder trabajar por la conversión de las personas que están asesinando a su propio pueblo desde el mismo Estado, desde el mismo Ejército, desde la misma policía, lo cual, sobre decir, va en contravía de la ley de Dios; un llamado contundente y necesario”.

El desafío de la fraternidad

“En un país donde la pobreza raya en el 42,5%, sin oportunidades de trabajo, de estudio, de paz; con un Gobierno cuyo propósito ha sido acabar con los acuerdos de paz y no hace nada para evitar el asesinato de tantos desmovilizados ni tampoco de tantos líderes y lideresas sociales que siguen luchando en sus territorios por una vida digna, no es de extrañar que cada vez más personas se unan a este protesta social y exijan un cambio de verdad y de fondo”, afirma Olga Consuelo Vélez.

La teóloga critica la narrativa del Gobierno que reduce las movilizaciones a brotes de vandalismo, para descalificarlas y, aun peor, para criminalizarlas. “No son vándalos ni infiltrados de grupos armados, son jóvenes que han comprendido la fuerza de levantar la voz para construir un futuro distinto”, dijo Vélez en una reciente columna, refiriéndose a los protagonistas de las marchas en campos y ciudades, principales víctimas de la represión. Para ella, así como para otras personas que por estos días rechazan desde el campo católico la violencia estructural en Colombia, es hora de escuchar la voz del papa Francisco, quien en Fratelli Tutti recordó que “cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad”. En dicha encíclica, el obispo de Roma ha señalado que “si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos”.