Volvió al centro del debate de la litis la polémica cuestión de cuándo se supo en Valencia que iba a venir el Papa Benedicto XVI a Valencia, lo que ha de valorar el Tribunal juzgador que en la Audiencia Nacional ha reanudado hoy las sesiones del juicio, que se prolongarán a lo largo de toda esta semana y dependiendo de cómo vayan los informes de esta macro causa procesal podrían extenderse hasta el último día del mes.

Determinar o fijar cuando se tuvo en el Arzobispado de Valencia noticia cierta y segura de que venía el Papa al V Encuentro Mundial de la Familia en julio de 2006 y si la noticia fue filtrada o facilitada al Grupo Gúrtel comandada por Francisco Correa, que hizo el gran negocio con el evento, 2,5 millones de beneficio, clarificará mucho lo ocurrido. La Fundación está incursa en el proceso como beneficiaria a título lucrativo, pues se ahorró  millones de euros, que salieron de la quebrada Canal 9.

En la sesión de hoy compareció como perito judicial Juan Carlos Gómez Condado, inspector de Hacienda, ahora interventor auditor del INE, a quien se le entregó el expediente 11 de la visita del Papa, intervenido por la policía en los domicilios particulares y empresas de los gurtelianos, así como los documentos papel o informáticos hallados en los registros de la Radio Televisión Valenciana.

Abusos y errores

A preguntas del Ministerio Fiscal, y luego de las defensas de los acusados, hizo un detallado análisis de todo lo que encontró en la documentación que la autoridad judicial le emitió para análisis, en su calidad de perito y auxilio judicial,  señalando que había encontrado abuso de fraccionamiento contractual, abuso de contratos menores, negociados sin publicidad, abuso del procedimiento de urgencia utilizado indebidamente en las adjudicaciones de determinados servicios, había muchos errores.

Observó que la Fundación del V Encuentro (Arzobispado, Generalidad Valenciana, Ayuntamiento y Diputación de Valencia) era la que, según Estatutos, tenía la capacidad de contratar, pero que en realidad lo hacía un denominado “grupo de trabajo”, al no tener un órgano de contratación, según quedó reflejado en las actas de dicho grupo que aportó al procedimiento el presidente ejecutivo de la Fundación, el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero. De esta manera, con contratos sueltos y menores, se contrató mitras, casullas, packs del peregrino, medallas, el altar de la Misa del Papa, el acto de los kikos,… Recuérdese que cuando le correspondía declarar como testigo a Escudero se acogió al derecho a no hacerlo, al estar implicado en diligencias por asunto relacionado también con la visita del Papa en un Juzgado de Valencia, y en evitación de que lo que pudiera decir aquí le perjudicara allá.

El papel de Canal 9, clave

El resto de declaración se centró ya en el papel de la Radio Televisión Autonómica Valenciana, Canal 9, en todo este asunto. Dijo el perito que RTVV está sujeta a la Ley de Contratos del Estado y no al derecho privado. Que al darse a este ente, bajo el control de la Generalidad Valenciana, la organización de la prestación de la imagen y sonorización del acto, la Fundación se ahorraba 5 millones de euros. Sobre lo declarado por Paco Camps y Juan Cotino justificando el por qué se había dado la difusión de la señal a Canal 9 alegando que lo había decidido el Vaticano, el deponente dijo que en un espacio público aquí el Vaticano no manda, “otra cosa sería que fuera el acto en el Vaticano”.

Pasó a diseccionar los detalles del convenio, del contrato, del procedimiento, de todo lo hecho por RTVV, hubo manipulación en todo el proceso, se le quiso dar “apariencia de legalidad”. Los que intervinieron en todo (de RTVV) lo hicieron para “dar apariencia legalidad”. Hay servicios que con cuestionables, como el de seguridad de las pantallas de 90.000 euros. Una obligación que correspondía a la empresa adjudicataria, Teconsa, y se lo cargaron al final a RTVV.

De los expedientes dijo que todos lo fueron por urgencia, que había documentos fuera de fecha, pasos que no cumplieron con los requisitos de la normativa vigente, pagos anticipados y sin aval, cambios en los informes técnicos, modificaciones de informes anexados a las actas de la mesa de contratación, resoluciones del director general de Canal 9 para la que o no tenía competencias o contrariaban la ley…

Aunque se aceptara que se supo en firme el 23 de febrero de 2006 que acudiría a Valencia el Papa, el funcionario declarante dijo que se hubiera podido hacer perfectamente todo el procedimiento de contratación con arreglo a la ley y haber hecho concurso público, no negociado sin publicidad contratando directamente. Si de inmediato se hubieran puesto a cursar el procedimiento, hubieran llegado a tiempo. Hasta abril no lo iniciaron. Les hubiera dado tiempo a elaborar y cumplir todo el expediente. Parece que una línea de defensa de los acusados va a ser que como faltaba poco tiempo, hubo que hacerlo todo saltándose requisitos.

No se comprobó a priori la solvencia técnica de la empresa contratada por los Gürtel –dedicada a la construcción- y tuvo que subcontratar todo, cuando por el convenio firmado no podía subcontratar. La empresa además mintió al querer acreditar su supuesta solvencia diciendo que entre sus méritos estaba haber intervenido en la organización de la final del mundial 2004 y la boda del rey Felipe VI.

Para este martes está prevista la fase documental y a partir del miércoles a las sesiones acudirán de nuevo los acusados, porque se entrará en el tiempo de los informes y conclusiones tanto del Ministerio Fiscal como de los abogados defensores de los procesados. Podría ser que esta misma semana, el viernes, quede ya el juicio para sentencia, depende de la extensión de los distintos intervinientes, estando prevista la posibilidad de prolongación para la otra semana, siempre dentro del mes de julio, y la sentencia  para septiembre octubre.