El obispado da orden en su momento de contratarla, la contrata con jornal del estado, y después de esto, deja de gustarle por lo que haga ella con su vida privada, procede a despedirla de forma improcedente y ahora es cuando viene lo mejor: paga el coste del despido improcedente no quien la despidió sino el estado.

Si contrata la Iglesia, debe pagar el despido improcedente la Iglesia.