(A petición de quines no pudieron tener acceso al artículo publicado en El País (el pasado 26/06/2009 ), se publica de nuevo en este blog. A petición igualmente de lectores y lectoras que han sentido malestar por los comentarios impertinentes, se mantiene el blog de momento cerrado a comentarios).

PROPONER SIN IMPONER, CUESTIONAR SIN CONDENAR

Ningún Gobierno tiene derecho a arrogarse el monopolio de la democracia. Ninguna Iglesia o confesión religiosa tiene derecho a detentar el monopolio de la moral. La elaboración y presentación de un anteproyecto legislativo para someterlo al debate parlamentario es un servicio a la comunidad política, pero no puede dictar de antemano a ésta los resultados de dicho debate. Asociaciones profesionales, medios de comunicación, entidades educativas e investigadoras o representantes de tradiciones religiosas ejercen su derecho a contribuir al debate cívico, enriqueciéndolo con aportaciones y matizándolo con cuestionamientos; pero no pueden imponer esas opiniones saltando por encima de las reglas constitucionalmente consensuadas por la comunidad política para su funcionamiento parlamentario.(Los obispos no son ni más ni menos que uno de esos grupos...) Todos pueden proponer, sin imponer. Todos pueden cuestionar, pero sin condenar.

Cuando la tradición del debate parlamentario está arraigada en una sociedad sanamente plural, laica y democrática, no tiene sentido que un determinado grupo cultural o religioso se erija en portavoz exclusivo de la moral ante la opinión pública, como tampoco se concibe que haga tal imposición un determinado sector político, ya sea del Gobierno o de la oposición.

No parece, sin embargo, que disfrutemos en el Estado español de esa situación equilibrada. Aparecen a menudo ante la opinión portavoces eclesiásticos que enarbolan la bandera de la moral, presuntamente amenazada por el Gobierno, tentando a portavoces gubernamentales para que entren al trapo devolviendo la pulla, con el regocijo de quienes pescan morbo informativo en el río revuelto de la polémica.

En el debate sobre la interrupción del embarazo, tal reducción del tema a una contienda de romanos contra cartagineses lo ha desenfocado. Parece un pugilato de izquierdas contra derechas, Gobierno contra Iglesia, posturas pro mujer contra posturas pro vida, defensa de madres contra protección de fetos y un interminable etcétera de oposiciones maniqueas. Seguimos sin aprobar la asignatura pendiente: proponer sin imponer; despenalizar sin fomentar; cuestionar sin condenar; concienciar sin excomulgar.

En el caso de parlamentarios creyentes, en unos y otros partidos, se espera que conjuguen su conciencia religiosa con la prudencia legislativa, sin condicionamientos de pertenencia confesional o política. Sabrán que no todo lo éticamente rechazable ha de ser penalizado, ni tampoco lo despenalizado es, sin más, éticamente aprobable. Sin ceder a presiones, ni partidistas ni religiosas, buscarán conjugar la protección de la vida naciente con la necesidad de evitar aquellos excesos penales que harían un flaco favor a la vida que se desea proteger.

No es fácil el debate sereno entre quienes se atrincheran en un discurso incondicionalmente asertivo y dilemático, incapaz de alternativas al blanco y negro. Deseando contribuir a esa búsqueda de alternativas, reformulo una vez más un decálogo de reglas para el debate sobre el aborto.


1) Evitar el dilema entre pro-life y pro-choice. Posturas opuestas pueden coincidir en que el aborto no es deseable, ni aconsejable; hay que unir fuerzas para desarraigar sus causas; nadie debe sufrir coacción para abortar contra su voluntad, y debe mejorarse la educación sexual para prevenirlo.


2) No mezclar delito, mal y pecado. Rechazar desde la conciencia el mal moral del aborto es compatible con admitir, en determinadas circunstancias, que las leyes no lo penalicen como delito. El apoyo a esas despenalizaciones no se identifica con favorecer el aborto a la ligera.


3) No ideologizar el debate. Evitar agresividad contra cualquiera de las partes, no hacer bandera de esta polémica por razones políticas o religiosas y no arrojarse mutuamente a la cabeza etiquetas descalificadoras ni excomuniones anacrónicas. Ni el aborto deja de ser un mal moral cuando la ley no lo penaliza, ni la razón de considerarlo mal moral depende de una determinación religiosa autoritaria.


4) Dejar margen para excepciones. No formular las situaciones límite como colisión de derechos entre madre y feto, sino como conflicto de deberes en el interior de la conciencia de quienes quieren (incluida la madre) proteger ambas vidas.


5) Acompañar personas antes de juzgar casos. Ni las religiones deberían monopolizar la moral y sancionarla con condenas, ni las presuntas posturas defensoras de la mujer deberían jugar demagógicamente con la apelación a derechos ilimitados de ésta para decidir sobre su cuerpo. El consejo psicológico, moral o religioso puede acompañar a las personas, ayudándolas en sus tomas de decisión, pero sin decidir en su lugar ni dictar sentencia contra ellas cuando la decisión no es la deseable.


6) Comprender la vida naciente como proceso. La vida naciente en sus primeras fases no está plenamente constituida como para exigir el tratamiento correspondiente al estatuto personal, pero eso no significa que pueda considerarse el feto como mera parte del cuerpo materno, ni como realidad parásita alojada en él. La interacción embrio-materna es decisiva para la constitución de la nueva vida naciente y merece el máximo respeto y cuidado: a medida que se aproxima el tercer mes de embarazo aumenta progresivamente la exigencia de ayudar a que éste se lleve a término. Para evitar confusiones al hablar de protección de la vida, téngase presente la distinción entre materia viva de la especie humana (p. e., el blastocisto antes de la anidación) y una vida humana individual (p. e., el feto, más allá de la octava semana).


7) Confrontar las causas sociales de los abortos no deseados. No se pueden ignorar las situaciones dramáticas de gestaciones de adolescentes, sobre todo cuando son consecuencia de abusos. Sin generalizar, ni aplicar indiscriminadamente el mismo criterio para otros casos, hay que reconocer lo trágico de estas situaciones y abordar el problema social del aborto, para reprimir sus causas y ayudar a su disminución.


8) Afrontar los problemas psicológicos de los abortos traumáticos. Es importante prestar asistencia psicológica y social a quienes su toma de decisión dejó cicatrices que necesitan sanación. No hay que confundir la contracepción de emergencia con el aborto. Pero sería deseable que la administración de recursos de emergencia como la llamada píldora del día siguiente fuese acompañada del oportuno aconsejamiento médico-psicológico.


9) Cuestionar el cambio de mentalidad cultural en torno al aborto. Repensar el cambio que supone el ambiente favorable a la permisividad del aborto y el daño que eso hace a nuestras culturas y sociedades.


10) Tomar en serio la contracepción, aun reconociendo sus limitaciones. Fomentar educación sexual con buena pedagogía, enseñar el uso eficaz de recursos anticonceptivos y la responsabilidad del varón, sin que la carga del control recaiga sólo en la mujer. Sin tomar en serio la anticoncepción no hay credibilidad para oponerse al aborto; hay que fomentar la educación sexual integral, desde higiene y psicología a implicaciones sociales, e incluya suficiente conocimiento de recursos contraceptivos, interceptivos y contragestativos.


¿Será posible este modo de debatir alternativo o se quedará en sueño? La pelota está en el tejado de dos debates: cívico y parlamentario. Quisiera apostar por una mayoría éticamente serena, capaz de independizarse de las patologías extremistas de sus respectivos partidos e Iglesias.


Juan Masiá, profesor de Bioética en la Universidad de Santo Tomás de Osaka (Japón).