Puede que haya hasta 200 millones de personas afectadas por las alteraciones de los sistemas monzónicos y otros tipos de precipitaciones, por sequías de una virulencia y duración sin precedentes, y por la elevación del nivel del mar e inundaciones de las zonas litorales, advierte Norman Myers, investigador de la Universidad de Oxford.

Naciones Unidas advierte que la inmensa mayoría de las personas afectadas procederá de países pobres. Son los denominados refugiados climáticos.

Las dimensiones de la tragedia son colosales si atendemos a los datos que manejan tanto Naciones Unidas como otros organismos y estudios, entre ellos el célebre Informe Stern, que analiza «la economía del cambio climático» y especifica que las sequías y las inundaciones serán las causas principales de estos movimientos en el siglo XXI.

No sólo faltan estudios científicos, sino que también falta un marco jurídico internacional para este tipo de migrante y un mayor interés y sensibilidad por parte de una comunidad internacional que, según la OIM, está respondiendo a este desafío con «la política del avestruz».

Aunque a estos desplazados muchas veces se les denomina «refugiados climáticos» lo cierto es que, lejos de ostentar el estatus de «refugiados», actualmente viven en un limbo legislativo. Si atendemos el corpus jurídico vigente, éste es un problema que no existe para la comunidad internacional.

Esta situación significa que no reciben ayudas económicas ni puede acceder a alimentos, refugios, escuelas u hospitales a no ser que se vean desplazadas a causa de fenómenos meteorológicos extremos como, por ejemplo, el terremoto que asoló Haití.

La falta de un convenio internacional les convierte en los parias del calentamiento global, apunta Enrique Turner, abogado especializado en derechos humanos.