(Diócesis de Córdoba).-La Delegación Diocesana de Migraciones y el Secretariado Diocesano para la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Córdoba han subrayado este martes que "no es legítimo ni humano ni cristiano criminalizar a las personas migrantes sin papeles, que, en la gran mayoría de los casos, vienen buscando trabajo a fin de construir un futuro mejor para sus familias y poder regularizar su situación".
Además, según han señalado en una nota, se trata de "trabajo que, en muchas ocasiones y ante las condiciones en que se oferta, no quieren los trabajadores locales" y, por eso, tal y como indicó el Papa Francisco en su carta a los obispos norteamericanos del pasado 10 de febrero de 2025, "la conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad".
Precisamente, desde la referida Delegación Diocesana de Migraciones han aclarado que han reaccionado así "ante la situación de sufrimiento, miedo y ansiedad que muchas hermanas y hermanos nuestros inmigrantes, especialmente sin documentación regularizada, están sufriendo por las actuales leyes de extranjería y por los estados de opinión que se están difundiendo contra ellos y que están calando en muchos sectores de nuestra sociedad".
"Estos estados de opinión -han proseguido- que se difunden contra la población inmigrante en situación irregular, en muchas ocasiones bajo bulos o medias verdades, crean un rechazo indiscriminado, promoviendo el odio y el terror, llevando al no reconocimiento de su sagrada dignidad y no acogiéndolas y sintiéndolas como hermanas, hijas de un mismo Dios", hecho éste que "devalúa también la dignidad de las personas que las rechazan y las criminalizan", cuando, según indicó el Papa en la mencionada carta, "los cristianos sabemos muy bien que solo afirmando la dignidad infinita de todos nuestra propia identidad como personas y como comunidades alcanza su madurez".
En este sentido, desde la Diócesis han defendido que "toda persona tiene una dignidad infinita y trascendente" y, por tanto, "es inviolable, esté o no en situación regular", de modo que "nuestro país, como todos, tiene el deber y la obligación de regular de manera ordenada y legal los flujos migratorios, pero no lo puede hacer con políticas restrictivas de cierre de fronteras, que seleccionan a las personas y discriminan a las familias más vulnerables y empobrecidas, condenándolas a no emigrar o a hacerlo en situación irregular".
Por ello, desde la Diócesis cordobesa han querido expresar su "apoyo y solidaridad con todas las personas migrantes, tengan o no papeles", pues "la Iglesia ha de ser comunidad que acoge, protege, promociona e integra a toda persona, especialmente a las más débiles y vulnerables; también, comunidad que denuncia proféticamente toda iniciativa que no reconoce la sagrada dignidad que le confiere a la persona ser hija de Dios".
Comunicado íntegro de la Delegación diocesana de Migraciones y el Secretariado diocesano para la Pastoral del Trabajo de Córdoba
Secretariado para la Pastoral del Trabajo Ante la situación de sufrimiento, miedo y ansiedad que muchas hermanas y hermanos nuestros inmigrantes, especialmente sin documentación regularizada, están sufriendo por las actuales leyes de extranjería y por los estados de opinión que se están difundiendo contra ellos y que están calando en muchos sectores de nuestra sociedad, la Delegación diocesana de Migraciones y el Secretariado diocesano para la Pastoral del Trabajo de Córdoba, siguiendo al Papa Francisco en su carta a los obispos norteamericanos 1 , manifestamos.
1.-Toda persona tiene una dignidad infinita y trascendente, por tanto, inviolable, esté o no en situación regular. “…Cuando hablamos de dignidad infinita y trascendente, queremos subrayar que el valor más decisivo que posee la persona humana, rebasa y sostiene toda otra consideración de carácter jurídico que pueda hacerse para regular la vida en sociedad. Por lo tanto, todos los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad, estamos llamados a mirar la legitimidad de las normas y de las políticas públicas a la luz de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, no viceversa”.
2.-No es legítimo, ni humano, ni cristiano, criminalizar a las personas migrantes sin papeles, que, en la gran mayoría de los casos, vienen buscando trabajo a fin de construir un futuro mejor para sus familias y poder regularizar su situación. Trabajo que, en muchas ocasiones y ante las condiciones en que se oferta, no quieren los trabajadores locales. “La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad”.
3.-Nuestro país, como todos, tiene el deber y la obligación de regular de manera ordenada y legal los flujos migratorios, pero no lo puede hacer con políticas restrictivas de cierre de fronteras, que seleccionan a las personas y discriminan a las familias más vulnerables y empobrecidas, condenándolas a no emigrar o a hacerlo en situación irregular. “Un auténtico estado de derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial, los más pobres y marginados. El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos (…), acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables. Esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Sin embargo, la mencionada “maduración” no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros. Lo que se construye a base de fuerza, y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará”.
4.-Estos estados de opinión que se difunden contra la población inmigrante en situación irregular, en muchas ocasiones bajo bulos o medias verdades, crean un rechazo indiscriminado, promoviendo el odio y el terror, llevando al no reconocimiento de su sagrada dignidad y no acogiéndolas y sintiéndolas como hermanas, hijas de un mismo Dios. Hecho que devalúa también la dignidad de las personas que las rechazan y las criminalizan. “Los cristianos sabemos muy bien que, solo afirmando la dignidad infinita de todos, nuestra propia identidad como personas y como comunidades alcanza su madurez. (…) La persona humana es un sujeto con dignidad que, a través de la relación constitutiva con todos, en especial con los más pobres, puede gradualmente madurar en su identidad y vocación.”
5.-Por ello, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todas las personas migrantes, tengan o no papeles. La Iglesia hemos de ser comunidad que acoge, protege, promociona e integra a toda persona, especialmente a las más débiles y vulnerables; también, comunidad que denuncia proféticamente toda iniciativa que no reconoce la sagrada dignidad que le confiere a la persona ser hija de Dios. “Exhorto a todos los fieles de la Iglesia católica, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Con caridad y claridad todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos acerquen cada vez más, a evitar muros de ignominia, y a aprender a dar la vida como Jesucristo la ofrendó, para la salvación de todos.”
1 Todas las citas textuales entrecomilladas de esta declaración están tomadas de la Carta del Papa Francisco a los obispos norteamericanos con fecha del 10 de febrero de 2025
