“Solo son pequeños casos”. Hace apenas dos años, en noviembre de 2021, el entonces portavoz de la Conferencia Episcopal (y hoy candidato a suceder, en marzo próximo, al cardenal Omella al frente de los obispos españoles), Luis Argüello, daba esta respuesta al ser preguntado por el escándalo de la pederastia clerical, desmintiendo tajantemente que la Iglesia española fuera elaborar un informe similar al que, en esos días, se había publicado en Francia, y que señalaba una estimación de 330.000 menores abusados en las últimas décadas.

Pocas semanas después, la Iglesia encargaba al despacho Cremades&Calvo Sotelo la elaboración de una auditoría, supuestamente independiente y gratuita (aunque, como desvelamos, le ha costado a las arcas eclesiales más de un millón de euros) que iba a servir para ‘controlar’ las cifras de los abusos a menores y cuyos primeros resultados, tras sucesivos retrasos, podrían conocerse en las próximas semanas.

Este viernes, el primer informe oficial sobre la realidad de la pederastia clerical en España, elaborado por el Defensor del Pueblo, coloca esos “pequeños casos” en una estimación -con los datos de la encuesta de GAD3 en la mano- de 440.000 menores abusados por clérigos o en el ámbito religioso, y hace una serie de recomendaciones a la Iglesia sobre transparencia, asunción de responsabilidades y reparación a las víctimas que, por el momento, han quedado sin respuesta por parte de una Conferencia Episcopal que no dará su versión hasta que concluya una asamblea plenaria extraordinaria convocada este lunes para abordar el informe Gabilondo y la auditoría Cremades.

¿Qué ha pasado a lo largo de estos meses? En primer lugar, que la pugna entre los obispos ‘negacionistas’ y aquellos que se han empeñado en dar una respuesta a las víctimas y a la sociedad se ha recrudecido. Una lucha en la que el Vaticano ha presionado (sin demasiado éxito) para que se diera mayor transparencia, y donde ha comprobado la diferencia sustancial entre la actuación de una mayoría de obispos -que han puesto pegas a la hora de participar en la investigación del Defensor del Pueblo, pero también en la encargada por ellos mismos a Cremades, y que han echado mano del secreto de confesión o de los ‘archivos secretos’ para evitar dar toda la documentación- y la de los religiosos españoles, cuya colaboración ha sido reconocida públicamente por Ángel Gabilondo y que han tardado minutos en agradecer el informe del organismo público, y ofrecerse a seguir colaborando y tomar en cuenta sus consideraciones.

De hecho, los obispos, que acabaron por no fiarse siquiera de la auditoría de Cremades (la CEE tiene la sospecha, fundada, de que los resultados preliminares de la auditoría, de 2.106 páginas, que fue entregada de manera provisional a los obispos en julio, serán diferentes -y más negativos para la Iglesia- a los del texto definitivo, que todavía no se ha entregado), llevaron a cabo su propio informe que, con el título ‘Para dar luz’, apenas reconocía 927 víctimas. Paradójicamente, menos que las que los propios obispos han reconocido para el estudio llevado a cabo por el Defensor del Pueblo.

No todos los prelados han actuado ocultando o minusvalorando la magnitud del escándalo, y así lo han reconocido tanto Gabilondo como las asociaciones de víctimas, que han saludado las rotundas condenas de los dos últimos arzobispos de Madrid (Carlos Osoro y José Cobo, el primero en encontrarse públicamente con supervivientes de abusos) o del obispo de Bilbao, Joseba Segura. Con todo, la crisis de los abusos acabó forzando la salida de la Secretaría General del Episcopado de Luis Argüello, siendo sustituido por César García Magán, obispo auxiliar de la diócesis de Toledo, la última en verse salpicada por la condena a una sacerdote a siete años de prisión por abusos continuados, en una sentencia que achaca a la diócesis de una notoria falta de atención a la víctima.

"La respuesta [de la Iglesia] ha sido insuficiente, dilatoria, las víctimas pocas veces han sido atendidas”, lamentaba en rueda de prensa Gabilondo, señalando cómo “durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos, o de ocultamiento o de protección de los abusadores”, con conductas “como el traslado de los abusadores a otros centros u otros países, que han sido un ejemplo de mala práctica en muchas instituciones de la Iglesia”.

¿Qué responderá la Iglesia al informe del Defensor del Pueblo? Distintas fuentes apuntan a que, entre algunos obispos, persiste la tesis -que durante años proclamaba en público el otrora portavoz episcopal- de que se pone el foco únicamente en la Iglesia, cuando los datos (también los de la encuesta conocida este viernes) apuntan a que los casos en los que están involucrados eclesiásticos suponen el 0,6% del total. Otros, en cambio, reclaman que la Iglesia “se deje de excusas” y afronte la dramática realidad que existió en su seno, y que no se reduce a los abusos, sino a la forma de afrontarlos y a la cultura de la ocultación que, durante décadas, fue norma en los ambientes eclesiásticos.

En cuanto a las peticiones de reparación, las diócesis ya han empezado a prepararse, en previsión de una avalancha de denuncias, tanto civiles como especialmente canónicas (los plazos de prescripción, paradójicamente, son más largos en el caso del Derecho Canónico), que podrían suponer un agujero en las arcas de diócesis y congregaciones eclesiásticas. Estas últimas ya cuentan con un equipo especializado en este tipo de reparaciones, morales y económicas, algo que también han hecho algunas iniciativas diocesanas, como el proyecto Repara, del Arzobispado de Madrid, cuyo trabajo agradeció también Gabilondo.

Con todo, el temor de muchos, especialmente en el seno de la Conferencia Episcopal, está en que, finalmente, no se alcance el consenso necesario, y los obispos vuelvan a perder una oportunidad de formar parte de la solución al drama de la pederastia, en lugar de ser parte del problema. “Ya llegamos tarde, y si continuamos sin dar una respuesta rotunda, lo harán por nosotros”, constata un obispo, que no obstante incide en que, por el momento, no podría haber ningún tipo de presión política, toda vez que no hay Gobierno y señala que el pacto PSOE-Sumar para formar Ejecutivo, en caso de lograrlo, no incluye ningún tipo de reforma de los Acuerdos Iglesia-Estado, que blindan a la Iglesia en muchos aspectos. También, en lo tocante al acceso a la información de sus archivos, o las reparaciones -más allá de las sentencias judiciales- a las víctimas de la pederastia.