Fe de identidad

Necesariamente políticos,
evangélicamente revolucionarios


CLAMOR POPULAR CONTRA LA REFORMA DE LA ACTUAL LEY DEL ABORTO
Federico Mayor Zaragoza y Juan José Tamayo*

El 6 de enero de 2014 Federico Mayor Zaragoza y Juan José Tamayo publicaron un artículo en el diario EL PAIS contra el descabellado anteproyecto de ley del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón sobre el aborto. Unos meses más tarde lo reelaboraron y ampliaron con nuevas reflexiones y con el título “Clamor popular contra la reforma de la actual ley del aborto” orientado a una campaña que impidiera la presentación del anteproyecto en el Parlamento.

Parece que el artículo y la posterior campaña, junto con las movilizaciones populares de los diferentes movimientos sociales, especialmente las organizaciones feministas, han dado sus frutos. La retirada del anteproyecto y la dimisión de Gallardón así lo confirman. A continuación ofrecemos el texto de Mayor Zaragoza y Tamayo.

Demuestran una grave incoherencia y un elevado grado de cinismo quienes –sean instituciones o personas- condenan el aborto con la misma vehemencia con que defienden la pena de muerte, propician la confrontación bélica o permanecen impasibles ante el genocidio colectivo, por hambre o desamparo, de más de 60.000 personas mientras se invierten en la seguridad de unos pocos –menos del 20% de la humanidad- 4.000 millones de dólares diarios en armas y gastos militares.

En el tema del aborto lo que debemos considerar no es solo la dimensión biológica, sino también la antropológica. Para intentar establecer cuándo comienza la vida humana, lo primero que debe precisarse es qué se entiende por “vida” y por “humana”. Porque si por vida se entiende la capacidad de sobrevivencia autónoma y por “humana” la aparición de las cualidades propias de la persona, la cuestión se situaría, desde luego, en una etapa ulterior a la fecundación, e incluso del nacimiento.

No se trata solo del “derecho humano a la vida”, sino a una “vida digna”, es decir, de seres humanos dotados para el pleno ejercicio de las facultades distintivas de su condición. Es, pues, un gran disparate y una irracionalidad, propios de la incompetencia de quienes toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía, que se prohíba la interrupción del embarazo en casos de malformación del feto.

Identificar anomalías de esta naturaleza –que, si llega a nacer, serán irreversibles- y exigir a la madre terminar una gestación que, muy probablemente, concluiría con graves riesgos para la vida de la progenitora, es una irresponsabilidad política que la ciudadanía no puede permitir y contra la que debe rebelarse.

El diagnóstico prenatal y, en su caso, el tratamiento, son muy importantes para lo único que importa: la prevención de alteraciones sin retorno. Es por ello otra incoherencia inadmisible humana y socialmente, y contraria a la protección de la salud, que se hagan recortes en la detección de enfermedades de manifestación prenatal que son evitables.

En el proceso de embriogénesis carece de sentido aseverar que el principio y el producto son la misma cosa, que la semilla es igual al fruto y que la potencia es igual a la realidad. El cigoto posee el potencial de diferenciarse escalonadamente en embrión, pero no la potencialidad y la capacidad autónoma y total para ello. Anticipándose al debate actual sobre esta cuestión, Pedro Laín Entralgo escribía en El cuerpo humano (1989) hablando de la especiación del cigoto: “

El cigoto humano no es todavía un hombre; la condición humana solo puede ser atribuida al naciente embrión cuando sus diversas partes se han constituido en esbozos unívocamente determinados a la morfogénesis de los aparatos y órganos del individuo adulto, lo cual comienza a ocurrir con la gastrulación y la formación de las hojas blastodérmicas y, de modo más explícito, con la aparición de la llamada cresta neuronal. En suma, el cigoto humano es un hombre, un hombre en acto, y solo de manera incierta y presuntiva puede llegar a ser un individuo humano”

Los científicos –rodeados de interrogantes, más que de respuestas- no pueden adoptar posiciones dogmáticas en campos de múltiples irisaciones conceptuales, y menos aún en los que entran de lleno las cuestiones filosóficas y religiosas. Por lo mismo, no corresponde a las autoridades eclesiásticas pronunciarse sobre temas propios de la ciencia. La misma actitud debe exigirse a las autoridades políticas. Sin embargo, ni unas ni otras suelen cumplir dicha exigencia porque no se mueven por análisis filosóficos rigurosos. En el caso de las autoridades políticas se mueven preferentemente por intereses electorales. En el de las autoridades religiosas, no se guían por reflexiones teológicas de fondo ni por motivaciones estrictamente religiosas, sino por actitudes dogmáticas que pretenden imponer a toda la ciudadanía sin respetar la libertad ideológica, de conciencia, de creencias y no creencias.

A principios de la década de los ochenta del siglo pasado la UNESCO organizó un Simposio sobre “Manipulaciones genéticas y derechos humanos”, en el que se trataba ya de definir los límites e interfaces propios de los impresionantes progresos efectuados en bilogía molecular y genética, y las repercusiones de toda naturaleza que podrían derivarse si se utilizaban indebidamente. Una conclusión muy expresiva e inteligible fue que, en principio, para superar obstáculos a la fertilidad, por ejemplo, podrían realizarse manipulaciones con los genes pero no en los genes, ya que el genoma es un patrimonio personal, con una secuencia o “lectura” determinada, que conduce a cada ser humano único.

En el Congreso sobre “Ética y medicina”, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de Valencia por Santiago Grisolía y coordinado por Francisco Vilardell, en marzo de 1987, Mayor Zaragoza, cofirmante de este artículo, defendió la necesidad de profundizar en conceptos tales como “personalización”, “individualización”, “embriogénesis” o proceso que lleva desde la fecundación al embrión, y la evolución de este al feto. Citaba a los profesores Diego Gracia, Lacadena, Gafo, Zubiri… que, desde distintos ángulos, habían reflexionado sobre materias fronterizas y vidriosas, iluminando perfiles que no deben traspasarse sin conocer a fondo las distintas facetas y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes.

En 1991, a la vista de los excepcionales descubrimientos realizados para descifrar el lenguaje de la vida y alarmado por la posible tentación –en la que Hitler y sus secuaces habían fracasado cuando solo disponían de los procedimientos de la genética mendeliana- de predeterminar las características de seres humanos, Mayor Zaragoza, con el acuerdo de la Organización del Genoma Humano, creó un Comité Mundial de Bioética para analizar las múltiples dimensiones de una cuestión que suscitaba especial atención en todo el mundo. La Declaración fue aprobada unánimemente por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1997 y refrendada, también unánimemente, por la Asamblea General de las Naciones Unidas un año más tarde. En su artículo undécimo se establece que “no deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humano”.

Cada persona es única en cada instante, tanto desde el punto de vista biológico (mutaciones espontáneas y renovación celular) como intelectual. Cada ser humano es, en cada instante, distinto de cómo era en el momento precedente y lo será en el ulterior. La unicidad de cada persona alcanza de este modo su pleno y admirable relieve.
El espectáculo de quienes pueden tener y educar a más hijos increpando a los menos pudientes para que se abstengan de utilizar anticonceptivos o condenando sin contemplaciones a las mujeres que han recurrido al aborto, es tan grotesco como el de los países poderosos que para resolver el problema poblacional lo único que ofrecen a los países pobres es la esterilización…

En un tema social, legal y humanamente tan complejo como el del aborto, lo mínimo que se exige es coherencia. Lo más importante es eliminar las circunstancias que inducen a abortar, porque la realidad se venga cuando no se la reconoce. Hay que evitar un nuevo tipo de discriminación: el del “turismo abortivo”, que practican las personas adineradas, frente al aborto clandestino, lleno de riesgos y de humillaciones, de las mujeres que no disponen de recursos. E a esto a lo que avocaría si el anteproyecto de ley de Gallardón se convirtiera en ley.

A la conciencia, el compromiso social y la voluntad política hay que unir la competencia profesional. Las múltiples facetas que recubre un tema tan complejo (prevención, educación, rehabilitación, integración, etc.) requieren un planteamiento interdisciplinar, con una secuencia bien ordenada de acciones conforme a los criterios de prioridad que, según el relieve, la urgencia y la irreversibilidad relativa de los diversos casos, se establezcan.

La primera operación es prevenir: con la aplicación del conocimiento ya disponible podría evitarse un porcentaje de minusvalías superior al 50%, en el caso de enfermedades congénitas o adquiridas en las primeras etapas del desarrollo postnatal. Es, por tanto, en la prevención donde deben volcarse todos los esfuerzos y establecerse todas las estrategias que el conocimiento y la imaginación permitan para reducir sustancialmente el número de personas discapacitadas y permitir la mejor asistencia y cercanía a aquellas que no ha sido posible proteger.

El primer derecho de toda persona con discapacidad es no serlo. Las medidas preventivas abarcan desde las disposiciones constitucionales (artículo 49 de la Constitución Española) hasta el asesoramiento genético, desde las vacunaciones antes de la fecundación hasta las determinaciones bioquímicas postnatales (con el Plan Nacional de la Prevención de la Subnormalidad elaborado en 1966 y puesto en marcha a escala piloto en Granada siendo aprobado por el gobierno en 1976 y extendido a toda España- se ha reducido significativamente el porcentaje de subnormalidad infantil). En su conjunto, forman parte de las disposiciones que tienden a mejorar la calidad del sustrato biológico, que puede resultar lesionado irreversiblemente.

“La diferencia entre los políticos y los estadistas –escribió Sir W. Liley- consiste en que los primeros piensan en las próximas elecciones y los segundos en las próximas generaciones”. Asegurar la calidad de vida con todos los conocimientos científicos es, pues, una acción esencial del Estado. Esto es lo que se ha logrado con el Plan Nacional de Prevención. Por el contrario, imponer por ley una vida de sufrimiento e inhumanidad a las personas que nacerán con graves discapacidades, a sus familias y cuidadores; interferirse en las conciencias de las mujeres hasta violentarlas; no respetar su derecho a decidir en cuestiones tan personales, íntimas y decisivas para su vida como es la maternidad e imponérsela por decreto es propio de Estados totalitarios. Eso es precisamente lo que hace el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, del Partido Popular, promovido por el ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón.


Si a esto se añade la complicidad con la jerarquía católica española y con las asociaciones autodenominadas “Provida” que, tras presionar de múltiples formas durante la preparación de la ley, han aplaudido inmediatamente su aprobación por el Consejo de Ministros –como antes hicieron con la Ley Orgánica de la Calidad Educativa, que impone la asignatura de religión como evaluable-, e incluso quieren que sea todavía más restrictiva, estamos ante un Gobierno de tendencias claramente confesionales de carácter nacional-católico, que va a imponer a la ciudadanía una moral privada regida por la religión católica, y no una ética laica, común a todos los ciudadanos.

¿Qué sucede, entonces? Que, con esta ley, el Gobierno considera delito lo que los dirigentes eclesiásticos califican de pecado y, en consecuencia, penaliza a los médicos con la cárcel. ¡Algo inconcebible en un Estado no confesional!

Los obispos defienden la vida, es verdad, pero la vida de los no-nacidos, la vida del feto, desde el momento de la concepción, hasta minusvalorar la vida de la madre. Defienden también la vida después de la muerte. Sin embargo, no vemos ninguna preocupación por la defensa de la vida de las personas ya nacidas, sobre todo la de quienes la ven amenazada a diario, especialmente las mujeres maltratadas, violadas, asesinadas, sometidas a condiciones de trabajo inhumanas, cuyos cuerpos son colonizados, comercializados, la vida de millones de seres humanos que mal-viven con menos de un dólar diario y cuyo destino es una muerte prematura, niñas y niños que mueren de hambre, gente que fallece en las pateras, etc.

Mucho nos tememos que esa va a ser la actitud del Gobierno si lograra aprobarse la ley ahora en proyecto: desatender a los nacidos con malformaciones genéticas y obligar a las familias a hacerse cargo de ellos sin facilitar los medios para su atención permanente.

Hemos visto a los obispos españoles participar en manifestaciones y pronunciarse en sus sermones y cartas pastorales contra la teoría de género, el aborto, el divorcio, las parejas de hecho, el matrimonio homosexual, la Educación para Ciudadanía, el llamado “fundamentalismo laicista” de los gobiernos socialistas, y a favor de la libertad de enseñanza, de la escuela católica, de la enseñanza de religión confesional en la escuela, de la indisolubilidad del matrimonio, etc.

Rara vez, sin embargo, hemos visto a obispos condenar y participar en las concentraciones contra la violencia de género, como hacen muchos ciudadanos cada vez que se produce un feminicidio. Organizan misas masivas en favor de la familia cristiana –muchas veces de carácter patriarcal-, pero se olvidan de que en casi dos millones de familias españolas todos sus miembros están desempleados y que el 30% de las niños y niños hasta los 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y de que España es el segundo país de la Unión Europea –tras Rumanía- que tiene el mayor índice de pobreza infantil, según un Informe de Cáritas Europe, en torno al 30%, y de desigualdad ¿Qué tipo de familia cristiana están defendiendo?

En materia de aborto existe una complicidad ideológica y política entre los obispos y el Gobierno de la Nación. Cabe advertir, no constante, que dicha complicidad no es de todos los católicos, sino de los dirigentes episcopales, que solo se representan a sí mismos, y de las organizaciones católicas que siguen las orientaciones de la jerarquía. En el seno del catolicismo existe un amplio pluralismo ideológico en este tema, y numerosos colectivos católicos (comunidades de base, movimientos apostólicos, sacerdotes, colectivos de teólogas y teólogos, colectivos de mujeres cristianas feministas, etc.) defienden la vigente ley de plazos aprobada en 2010, que contó con un amplio apoyo parlamentario y de la ciudadanía y que ahora se pretende derogar.

Esos mismos colectivos se oponen al ante proyecto de ley del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por considerarlo contrario a la libertad de conciencia, a los derechos sexuales y reproductivos y por tratar a las mujeres como menores de edad al no reconocerles como sujetos morales capaces de decidir por su
cuenta.

Lo mejor, a nuestro juicio, es respetar el pluralismo que existe en la sociedad y en el seno de las religiones en este campo, y escuchar la voz de los científicos, que también es plural. ¡Sin condenas ni anatemas! Creemos que la ley vigente, que se pretende derogar, es la que mejor respeta el pluralismo, ya que ni impone ni prohíbe a ninguna mujer abortar, mientras que en la futura ley de Gallardón, si se aprobare, todas son prohibiciones y condenas.

Lo que estas reflexiones pretenden es evitar que el anteproyecto de ley promovido por Ruiz Gallardón Gallardón sea presentada al Parlamento y, en caso de ser presentada, impedir que sea aprobada por la mayoría parlamentaria del PP, que actualmente permite al Parlamento español adoptar normas que la mayoría de los ciudadanos rechazan, ya que implica un nuevo recorte de los derechos humanos, quizá el más grave de todos, cual es el derecho de las mujeres a elegir libremente la maternidad y hacerlo en tiempo oportuno, sin coacciones externas y menos del Estado, que debe velar por el ejercicio de ese derecho, en vez de negarlo y obstruirlo como hace este proyecto de ley.

Hay que impedir que se consume otro recorte más, y este más grave que los anteriores: el de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Un recorte que se suma a los que el Gobierno del Partido Popular viene llevando a cabo desde su toma de posesión.Llamamos, por ello, a un clamor popular y una movilización de toda la ciudadanía para impedirlo.

Federico Mayor Zaragoza es presidente de la Fundación Cultura y Paz y Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid.