Pamplona, Valencia, Alcalá o Miranda dan los pasos previos a una denuncia Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos se lanzan a intentar revertir posibles inmatriculaciones fraudulentas de la Iglesia

Tras el listado, las reclamaciones. Varios ayuntamientos, partidos políticos y parlamentos autonómicos están comenzando a registrar proposiciones para reclamar la propiedad de algunas de los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 (consulta aquí el listado). Consistorios como Pamplona, Valencia, Miranda de Ebro o Alcalá de Henares ya han planteado mociones para investigar y, en su caso, determinar si las Administraciones públicas deben litigar contra el Obispado correspondiente por la titularidad de algunas propiedades. 

Tal y como señala en un completo informe Público, PSN, Bildu y Geroa Bai pondrán en marcha una investigación para determinar si el interés patrimonial del Ayuntamiento se ha visto afectado por alguna de las inscripciones episcopales.

Miranda (Burgos) también estudia reclamar alguna de las 14 inmatriculaciones registradas por la Iglesia en el municipio, según indica el equipo de Gobierno local. El grupo municipal de IU ya ha anunciado que prepara una moción para instar al Ayuntamiento a que mueva ficha.

En León, Palencia, Segovia o Salamanca, Izquierda Unida ha exigido la reversión del proceso inmatriculador, que consideran "asunto de Estado", al tiempo que recuerdan que la devolución de los bienes inmatriculados por la Iglesia formaba parte del 'corpus' del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

También se han pronunciado en La Rioja, donde 266 bienes figuran en el catálogo de inmatriculaciones. En Alcalá de Henares, exigen la devolución de la plaza de los Santos Niños, inscrita por la Iglesia a su nombre en 2003.

Unidas Podemos pide recuperar para el dominio público los bienes inmatriculados por la Iglesia https://t.co/TopGSPtXms vía @el_pais

— Recuperando (@_Recuperando) February 28, 2021

La cascada de reclamaciones ha empujado a la coordinadora Recuperando, que agrupa a más de veinte asociaciones patrimonialistas, a diseñar un modelo de moción municipal para recabar las notas simples del registro, lo que facilitaría considerablemente la identificación de los bienes. Recuperando exige una respuesta política articulada por el Gobierno para la nulidad de las inscripciones y la protección legal de los bienes de dominio público.

También se han movilizado numerosas agrupaciones locales de Europa Laica, entre ellas las de Granada, Rivas o Córdoba. Y la Plataforma Mezquita Catedral, la que más visibilidad ha dado al movimiento patrimonialista, ha enviado una carta a la vicepresidenta Carmen Calvo para recordarle que en 2018 participó como jurista en un informe municipal que reclamó la titularidad pública del monumento omeya y promovió un recurso de inconstitucionalidad contra las inmatriculaciones.

Parlamentos regionales, y hasta el Congreso

La cuestión también ha alcanzado los parlamentos regionales. Así, Elkarrekin Podemos IU también ha registrado una proposición no de ley en la que solicita al Gobierno vasco la elaboración de un "listado exhaustivo" de bienes inmatriculados en Euskadi, que incluya las inscripciones eclesiásticas desde 1946. Algo similar ha sucedido en Navarra y las Juntas Generales de Álava.

En Canarias, Sí Podemos ha pedido la comparecencia del Gobierno autonómico para que dé cuenta de las "implicaciones de las 538 inmatriculaciones que ha detectado el Ejecutivo" en el listado de bienes registrados por la Iglesia. "Los gobiernos central y autonómico deben poner a disposición de ayuntamientos y particulares el apoyo para recuperar los bienes indebidamente inmatriculados", subrayó.

En Galicia, el BNG exige que el Gobierno central anule las inscripciones de bienes de dominio público, muchas de las cuales, indicó, carecen de título que acredite la titularidad.

En el Congreso de los Diputados también se han sucedido las mociones parlamentarias. Izquierda Confederal, que agrupa a Adelante Andalucía, Compromís, Más Madrid, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem, ha presentado una moción en las Cortes de cuatro puntos. En su propuesta, insta al Gobierno a tramitar una "reforma de la Ley de Patrimonio Histórico", que blinde los bienes de dominio público de "raíz religiosa" aunque no estén expresamente inventariados por el Estado. Asimismo le exhorta a "explorar las medidas legislativas para declarar la nulidad por inconstitucionalidad sobrevenida de todas las inmatriculaciones".

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