El presidente de la CEE recibe a Juan Cuatrecasas (Gaztelueta) y Javier (La Bañeza) Las víctimas exigen a Blázquez una investigación de todos los casos de abusos en España

Los obispos seguirán esperando el vademécum de Roma antes de tomar cualquier decisión respecto a las víctimas. Ése fue el mensaje que dio el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, a Juan Cuatrecasas y Javier Méndez, presidente y vicepresidente de la Asociación Infancia Robada, durante el encuentro que celebraron este mediodía en Madrid.

Se trata de la primera reunión entre la cúpula episcopal y supervivientes de abusos a menores en nuestro país, y no se produjo en la sede de la Conferencia, sino en un restaurante cercano. Durante la reunión, las víctimas entregaron a Blázquez un documento, de cuatro páginas, en el que especifican algunas de sus exigencias para que “de cara al futuro la Iglesia no encubra sistemáticamente a sus potenciales pederastas”.

Investigar los abusos y crear un registro

“Queremos que la Iglesia de España se ocupe de sus víctimas reales y no regrese de modo terco a la ignorancia deliberada y a la mala fe”. En este sentido, afearon a Blázquez que decidiera no investigar los casos de pederastia del pasado. “Nos produce enfado, vergüenza ajena y nos sentimos de nuevo agredidos”.

“Queremos que la Iglesia de España se ocupe de sus víctimas reales y no regrese de modo terco a la ignorancia deliberada y a la mala fe”. En este sentido, afearon a Blázquez que decidiera no investigar los casos de pederastia del pasado. “Nos produce enfado, vergüenza ajena y nos sentimos de nuevo agredidos”. Blázquez entendió que las víctimas tienen su derecho a pedir esa investigación, aunque no se comprometió a nada. Para Cuatrecasas y Méndez, la reunión fue interesante, aunque no se sacó nada en claro.

“Seguimos escépticos, aunque Blázquez nos ha escuchado y no se ha comprometido a nada”, subrayó Cuatrecasas al término de la reunión. “Ha sido una reunión cordial, aunque sin ningún compromiso”, relataron las víctimas, que abrieron la puerta a seguir colaborando en el futuro.

“Al igual que los jesuitas en Cataluña investigarán los posibles abusos sexuales cometidos desde los años 60, exigimos que la Conferencia Episcopal de España marque un plazo similar en coordinación con las diferentes diócesis, sin aludir al hecho de que cada diócesis decida qué hacer. Estamos cansado ya de idas y venidas de 'la pelota' de quienes deben hacerlo no asuman sus responsabilidades, de crear artimañas legales y dejar escapar recursos y competencias para escurrir responsabilidades y no depurarlas. Los casos del pasado deben ser investigados”. Y los depredadores, incluidos en un registro de pederastas.

ABUSOS | El presidente de la Asociación Infancia Robada solicitará a la Conferencia Episcopal una investigación por los casos de abusos en el pasado @ElAlmaDelVino@confepiscopal@sereuskadipic.twitter.com/spN0nCBw9V

— Radio Bilbao (@radiobilbao) March 14, 2019

Cambios en la Comisión Antipederastia

Durante la reunión, además, tanto Cuatrecasas como Javier relataron a un Blázquez emocionado sus casos, su sufrimiento y el de sus familias y la falta de apoyo por parte de la Iglesia española. Además, solicitaron al presidente de la CEE la dimisión del obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, y del sacerdote Silverio Nieto, de sus cargos en la Comisión Antipederastia de la Iglesia española, y que ésta se transforme en un grupo de expertos con “profesionales independientes, imparciales, que supongan un chorro fresco de credibilidad y transparencia”. “Y por supuesto, también víctimas”.

Una de las novedades entre las exigencias de los supervivientes está en “que toda la documentación de los casos que obra en poder de la Iglesia española salga a la luz (..). Tenemos derecho a conocer esa información. Política de transparencia”. Lo que conlleva, también, “respetar los tiempos de las víctimas”, que la Iglesias “suba sus plazos de prescripción” hasta al menos los 50 años y que haya compensaciones económicas.

Pago de indemnizaciones y oficinas de atención a las víctimas

“Creemos que es una obligación moral y cristiana garantizar el futuro de la víctima en los planos educativo, médico, jurídico y laboral”, lo que incluye el pago de la defensa jurídica, las terapias, las matrículas universitarias o ayudas en el mercado laboral. “No pedimos limosnas, pedimos reparación en consonancia con el daño recibido porque el dolor y el daño, pro desgracia, no prescriben”.

A su vez, consideran “inaplazable la creación de una oficina de atención a las víctimas dentro de la estructura de la Iglesia española”, y que congregaciones y grupos como el Opus Dei “se sumen a la política de transparencia, inmediatez y asumir responsabilidades”.

En resumen, “es necesario que de una vez por todas se depuren las responsabilidades adquiridas por los delitos en sí mismos, pero también por tantos años de encubrimiento y complicidad. Y es necesario que la Iglesia española asuma su responsabilidad pasada y presente, y lo haga para empezar a trabajar con transparencia de cara al futuro. Es su deber y una oportunidad que las víctimas, todas sus víctimas, le están concediendo”.

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