El Defensor del Pueblo presenta, un año después, su informe antiabusos ante la Comisión Mixta Congreso-Senado Gabilondo exige al Parlamento medidas contra la pederastia clerical: "Las víctimas lo están reclamando, están a la espera. Lo necesitan"

"Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio". Un año después de entregarlo en mano a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pudo al fin presentar su Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia católica. Un documento trabajado durante meses, con la participación de víctimas y asociaciones, y con el compromiso por parte de Gobierno e Iglesia católica para cumplir con sus recomendaciones. "No es cierto decir que todos los sabían, pero tampoco decir que nadie lo sabía".

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"Es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este Informe, es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas”, ha señalado el Defensor del Pueblo. "Es la hora de las víctimas".

Según ha indicado el Defensor del Pueblo, el Informe “da respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio y subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos”.

Durante su comparecencia, Ángel Gabilondo ha vuelto a recalcar que “las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe” y ha apuntado que el objetivo ha sido el de describir la dimensión del fenómeno de los abusos, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas y se ha mostrado esperanzado en que los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones derivadas de los mismos “contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes”.

 Por eso es por lo que ha instado a los diputados y senadores que componen la Comisión a que se implementen, cuanto antes, las recomendaciones recogidas en el Informe. “Las víctimas lo están reclamando, están a la espera. Lo necesitan”. Refiriéndose a la actuación de la Iglesia, Gabilondo subrayó cómo "la propia CEE es consciente de que tiene que trabajar, pero aún es insuficiente", porque las víctimas "siguen sin ser parte del proceso canónico, ni hay un estatuto de víctimas".

Pese a los avances, Gabilondo incidió en que "no se ha superado el silenciamiento, el secreto", y que ha predominado, durante demasiado tiempo, "la voluntad de ocultamiento o protección a los abusadores", a los que trasladaron de lugar y encubrieron. Con todo, el Defensor reivindicó que "se están abriendo nuevas perspectivas", recordando el plan de reparación aprobado en julio. La Iglesia "ha pasado de minimizar" el problema diciendo que son "manzanas podridas" a un "implícito y progresivo reconocimiento de los hechos", destacó el Defensor, quien puso en valor el "esfuerzo de tantas víctimas" que han contado sus testimonios.

 Sobre el papel de los poderes públicos, Gabilondo también fue crítico: "A lo largo de décadas de abusos, no se han hecho cargo del problema hasta hace relativamente poco. No solo la Iglesia lo minimizó, sino que los. Poderes públicos también lo hicieron".

De Cremades a 'Para dar luz'

El estudio que hoy se presenta, un año después de su entrega fue, en su día, fulminado por los obispos, que contrataron una auditoría propia al bufete Cremades&Calvo Sotelo, informe que a su vez ningunearon publicando un tercer informe, 'Para dar luz', que está siendo objeto de una investigación que podría acabar con penas de cárcel e indemnizaciones millonarias para algunos de los responsables episcopales a cuenta de una filtración de datos de las víctimas de la pederastia clerical. 

A diferencia del resto de informes, el de Gabilondo formulaba una serie de recomendaciones a todas las instituciones implicadas, e incluía una encuesta, encargada a GAD3, que causó mucha polémica después de que se extrapolaran los datos a cifras, llegándose a hablar de 440.000 posibles víctimas de la pederastia clerical. Algo que no hizo el Defensor, ni entonces ni ahora: "El abuso sexual contra menores preocupa de un modo muy singular en la población española (72%)", indicó.

Según la encuesa, el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Asimismo, la encuesta de GAD3 concluye que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y que un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso.

Nuevos casos

Desde la presentación del informe, la Unidad de Atención a las Víctimas ha registrado decenas de nuevos testimonios de los que se han considerados válidos 188, contándose ya con 674. El Defensor del Pueblo ha apuntado que estos nuevos casos no modifican las conclusiones del estudio, más bien “las reafirma”, y que este no se trata de un Informe cuantitativo sino cualitativo. “No ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sí conocer el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar”.

El Defensor del Pueblo concluyó recalcando que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Unos datos, y unas recomendaciones, que fueron recibidas con disparidad de criterios. Así, mientras la CONFER asumía desde el principio, y agradecía, el trabajo llevado a cabo, y la mayor parte de las víctimas afirmaba haberse sentido acogida, buena parte de los obispos -sin desmerecer el esfuerzo de Gabilondo y su equipo- acusaban al informe de estar politizado y al albur de los intereses del Gobierno. De hecho, fuentes episcopales apuntan a que la presentación, justo ahora, del informe, se ha hecho coincidir con el encuentro entre Pedro Sánchez y el Papa Francisco, y responde (como la polémica de Cuelgamuros) a un nuevo ataque del Ejecutivo a la Iglesia. Algo que el propio Gabilondo se encargó de desmentir. Es más: llegó a decir que "no todos los obispos han ayudado. Algunos, incluso, nos han reñido".

En julio, los obispos aprobaron en una Asamblea Plenaria Extraordinaria su propio Plan PRIVA (cuyo contenido adelantó en exclusiva RD), y el Gobierno acusó a la CEE de impulsar medidas de manera "unilateral". El Ejecutivo llegó a anunciar en abril una batería de medidas, basadas en las recomendaciones del Defensor del Pueblo que, hasta el momento, no se han implementado.

Recomendaciones y propuestas

Entre las 24 recomendaciones que aparecen en el informe, figura la necesidad de reparar económicamente a las víctimas. Una de las propuestas del Defensor sobre este asunto es la creación de un fondo estatal —en el que participe la Iglesia— para pagar indemnizaciones y un órgano especial de carácter temporal que las regule, formado por especialistas, con la participación de la Iglesia católica. En cambio, la Iglesia ha decidido formar su propia comisión para sugerir (no tiene carácter obligatorio para las diócesis o congregaciones) indemnizaciones para cada caso.

"Se debe proveer una compensación económica, que se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente", incidió Gabilondo, que pidió también "reformar el régimen de prescripción de la responsabilidad civil". Para ello, insistió en la creación de un Fondo Estatal para el pago de las compensaciones de las víctimas. Una obligación de reparación, que "puede cumplirse en colaboración con la Iglesia católica, o con carácter subsidiario, pero la Iglesia no ha de mantenerse al margen de esta compensación". Porque "la separación Iglesia-Estado no puede decir falta de cooperación".

Y, pensando en las víctimas, "hay que escucharlas, explicarles en lenguaje claro, sin olvidar la tarea, aún pendiente, de abordar los abusos cometidos contra personas con discapacidad".