Sira Rego recibió a representantes de Infancia Robada, AVA y Lulacris El Gobierno avanza con las asociaciones de supervivientes en la elaboración de un Estatuto para las Víctimas de abusos
La reunión, "muy propositiva" en opinión de las víctimas, ha servido para analizar la reforma en la que trabaja el Ministerio, especialmente en dos puntos: el reconocimiento de todas las víctimas de abusos en todos los sectores de la sociedad (también, por supuesto, en la Iglesia), para el que se ha solicitado un reconocimiento público; y la elaboración de un Estatuto sobre la Víctima
Nuevos avances para el reconocimiento de las víctimas de abusos en España. Esta mañana, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, mantuvo un encuentro con representantes de asociaciones de víctimas de abusos (Infancia Robada, LulaCris y Ava), en el que se abordaron algunos puntos de la reforma de la Ley de la Infancia.
La reunión, "muy propositiva" en opinión de las víctimas, ha servido para analizar la reforma en la que trabaja el Ministerio, especialmente en dos puntos: el reconocimiento de todas las víctimas de violencia sobre menores en todos los sectores de la sociedad (también, por supuesto, en la Iglesia), para el que se ha solicitado un reconocimiento público; y la elaboración de un Estatuto sobre la Víctima. "Hemos presentado nuestro modelo", señalaron las asociacones de víctimas a RD. Un modelo que también se presentó, hace meses, ante la Conferencia Episcopal, sin que haya sido incorporado al plan PRIVA.
"La colaboración va por buen camino", constatan las víctimas.
La LOPIVI, que entró en vigor en junio de 2021, aumentó el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empieza a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 35 años, y no 18 como ocurría antes, y creó una nueva figura en los colegios, la del 'coordinador de bienestar y protección'. Asimismo, estableció la obligación de la especialización de los juzgados.
Igualmente, la ley incorporó el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; estableció la obligación para los centros de menores tutelados de fijar protocolos para prevenir los casos de abusos, y abordó el problema de la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet, entre otras medidas.
