El episcopado aprueba el plan PRIVA, adelantado en exclusiva por RD La Iglesia española aprueba su plan de reparación, que no será obligatorio y en el que las víctimas no tendrán voz ni voto
“Al Gobierno de la Nación hay que recordarle que tiene la responsabilidad sobre todas las víctimas que se dan en el país”, concluyó Argüello. “Con una mirada sesgada, es difícil llegar a acuerdos”
Aunque el documento adelantado por RD supone un avance, continúa sin incluir a las víctimas de abusos en la comisión asesora que determinará las indemnizaciones que recibirán. Argüello lo tiene claro: “Es una decisión unilateral de la Iglesia”
Díaz Sariego: “Nuestra determinación es reparar a las víctimas que algunos de nuestros miembros han producido, acompañar y ayudar”
Lee, en RD, el plan PRIVA
Díaz Sariego: “Nuestra determinación es reparar a las víctimas que algunos de nuestros miembros han producido, acompañar y ayudar”
Lee, en RD, el plan PRIVA
“Una obligación moral”, aprobada con la presencia de 67 de los 79 obispos con derecho a voto y los representantes de Confer. “Toda víctima será atendida”, aunque no será jurídicamente obligatorio. Y, por supuesto, sin las víctimas, que aunque estaban invitadas a la clausurar de la Asamblea Plenaria Extraordinaria, decidieron no acudir. Como adelantó en exclusiva RD, el plan de reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, (PRIVA) se aprobó, sin incluir las grandes peticiones de supervivientes y Gobierno: una norma de obligado cumplimiento, y que las víctimas estuvieran presentes en la comisión asesora.
Aunque se votó por unanimidad, “no firmamos un decreto que obligue a todas las diócesis, a las 400 congregaciones religiosas, sino que nos dotamos de criterios de comunión”. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, advertía antes de la rueda de prensa de los temas que más preocupaban a las víctimas. Y es que el plan de reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, (PRIVA), adelantado en exclusiva por RD, se aprobó con apenas modificaciones, y sin incluir las grandes peticiones de supervivientes y Gobierno: una norma de obligado cumplimiento, y que tuviera a las víctimas como protagonistas. Y, aunque el documento adelantado por RD supone un avance, continúa sin incluir a las víctimas de abusos en la comisión asesora que determinará las indemnizaciones que recibirán. Argüello lo tiene claro: “Es una decisión unilateral de la Iglesia”.
En realidad, se aprobaron tres documentos, incluidos en el texto adelantado por RD. “El trabajo que la Iglesia está realizando no concluye hoy, pero es un día importante”, recalcó Argüello, quien añadió que “asumimos el compromiso de colaborar juntos” y mirando “los rostros de las víctimas”. “Hemos aprendido la importancia de cada rostro. Estos rostros piden discreción y lealtad”, clamó el arzobispo, quien dejó claro que “muchas de las víctimas no pertenecen a ninguna asociación”.
Para ello, se ha creado una comisión asesora, cuyos nombres no se han concretado, pero dejando claro que no habrá víctimas entre sus miembros. “Esa Comisión estará formada por diez personas: cuatro expertos del ámbito médico forense, cuatro del ámbito jurídico y un representante de la CEE y otro de la CONFER. La Comisión podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con víctimas”, se lee en la nota de prensa de la CEE. Pero no serán miembros.
“Nuestra determinación es reparar a las víctimas que algunos de nuestros miembros han producido, acompañar y ayudar”, recalcó el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego, op., quien añadió que “muchas de las víctimas quieren estar en el anonimato”.
“Experimentamos una obligación moral. Lo que hemos aprobado no es un decreto jurídico, que obligue a diócesis y congregaciones, no tenemos esa capacidad. Pero sí de encontrarnos en una misma mesa. Asumimos un compromiso moral”, apuntó Argüello, hablando de “una puerta común abierta, por si se encuentra alguien con una puerta particular abierta”.
La "mirada sesgada" del Gobierno
Sin querer entrar en polémicas con el Gobierno, el presidente de la CEE sí admitió, como aseguraba ayer el ministro Bolaños, “la Iglesia ha actuado de manera unilateral. ¡Claro que sí! Asumimos una obligación unilateralmente, motu proprio, por propia iniciativa. Claro que es unilateral”.
Y es que, “lo que hemos aprobado no es para responder a ningún reproche, sino para responder a las víctimas”, señaló, insistiendo en que “como sabe bien el ministro de la Presidencia estamos dispuestos a una leal colaboración desde el respeto de lo que significa la Iglesia y a las responsabilidades de cada cual”. “Un Gobierno democrático deber respetar las reglas del juego”, advirtió. “Al Gobierno de la Nación hay que recordarle que tiene la responsabilidad sobre todas las víctimas que se dan en el país”, concluyó. “Con una mirada sesgada, es difícil llegar a acuerdos”.
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