Lee, íntegra, la carta que este martes entregarán al presidente, Josep Rull Las víctimas, al Parlament de Catalunya: "Pónganse del lado correcto de la historia y retiren la medalla de Oro a la Abadía de Montserrat"

El pasado 9 de julio, el mismo día en que los obispos españoles aprobaban su plan PRIVA, el Parlament de Catalunya acordaba reconocer a la Abadía de Montserrat con la Medalla de Honor, en su categoría de Oro, con motivo del milenario del establecimiento del monasterio, y su tarea "en la promoción de la cultura, la paz y la justicia social". Sin embargo, este reconocimiento podría quedar en saco roto si prospera la petición de algunas víctimas de abusos, que tienen previsto entregar este martes un escrito a su presidente, Josep Rull, exigiendo la retirada del galardón.

El escrito, que publicamos íntegro al final de esta nota, está firmado por Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat; el escritor Alejandro Palomas, víctima en un colegio de La Salle; Manuel Barbero, el padre de una víctima del 'caso maristas'; y Jordi de la Mata, superviviente de abusos en los jesuitas, entre otros. 

Por favor, por el bienestar de las víctimas de pederastia catalanas, no echen sal en nuestras heridas, no incrementen nuestro sufrimiento. Escuchen nuestras legitimas reivindicaciones. Y no premien a las instituciones que nos han victimizado, sobre todo si estas continúan dañándonos en pleno 2024

En el mismo, las víctimas recuerdan a la Mesa del Parlament que Montserrat "ha sido la zona cero de la crisis de los abusos", al tiempo que acusan a los responsables del cenobio de "ocultar, silenciar y encubrir" los hechos "para evitar un escándalo en su reputación".

🔴 Víctimas de pederastia en la iglesia piden al Parlament que retire la medalla de Oro a la abadía de Montserrat

📄 En una carta a la Mesa denuncian que los máximos responsables "ocultaron y encubrieron" las agresiones https://t.co/0Zsleax88c

— ElNacional .cat (@elnacionalcat_e) July 22, 2024

Ésta es la carta íntegra

A la atención de la Mesa del Parlament,

Los firmantes de esta carta hemos sufrido graves y prolongados abusos sexuales por religiosos catalanes. Este trauma sexual se ha visto incrementado, de forma cruel e innecesaria por la ley del silencio impuesta por la jerarquía católica. Una respuesta que ha priorizado la reputación, el patrimonio y el poder de la institución por encima del bienestar de las víctimas y la protección de la infancia. Para proteger a las nuevas generaciones, decidimos hacer públicas nuestras historias, con un alto coste personal. Muchos de nosotros también hemos participado en alguna de las iniciativas que se han llevado a cabo en el estado español para investigar esta grave vulneración de derechos humanos (comisión de investigación del Defensor del Pueblo, Auditoría Cremades, Comisión de investigación del Parlament de Cataluña).

Creemos que nuestra trayectoria, compromiso y dedicación a esta lucha por los derechos humanos de la infancia nos confieren la legitimidad para criticar el grave error que supone la concesión de la medalla de oro del Parlament a la Abadía de Montserrat. Esta Medalla de Oro concedida por la Mesa del Parlament es la máxima distinción de la cámara a personas o instituciones que merecen un reconocimiento excepcional. El president de la Mesa, Josep Rull alegó para justificar la medida, que Montserrat se ha convertido en un baluarte de defensa de la lengua y la cultura catalana, así como de las libertades colectivas. Se ha erigido como el centro de devoción religiosa más popular de los catalanes y también un lugar de peregrinaje universal. El Sr. Rull también afirma que va más allá de ser un lugar de recogimiento, de oración o de fe religiosa, ya que trasciende su dimensión espiritual y religiosa para representar el sentimiento de catalanidad y de arraigo en esta tierra. Además, mencionó su trabajo por cuestiones como la paz, la justicia social o la lucha contra el cambio climático.

Esta descripción es como mínimo incompleta. Como saben ustedes perfectamente, pero decidieron ignorar al tomar su decisión, al ser una verdad incómoda, la Abadía también es el epicentro, “la zona cero”, de la crisis de abusos sexuales en instituciones religiosas que asola nuestro país. Como ha reconocido la propia Abadía, el responsable del grupo de scouts católicos Andreu Soler fue un depredador sexual y pederasta que abusó al menos de 12 menores durante treinta años. Otro de los monjes benedictinos (el padre V.T.M), confesó haber abusado de dos escolans a finales de los años sesenta. En ambos casos los abades de Montserrat (Cassià Just, Sebastià Bardolet y Josep Maria Soler) decidieron no denunciar los hechos ante la justicia civil. Tampoco abrieron una investigación canónica para imponerles una sanción. No alertaron a los padres, ni realizaron una búsqueda activa de nuevas víctimas. En ambos casos se dedicaron a trasladar al pederasta a un monasterio de la orden benedictina de la Cataluña anterior. Hubo una conducta activa por parte de la institución para ocultar, silenciar, encubrir los hechos, evitar que salieran a la luz pública para evitar el daño a su reputación. A pesar de que uno de los firmantes de esta carta, Miguel Hurtado, denunció por primera vez los hechos a la Abadía en 1999, el monasterio solo abrió una investigación interna en 2019, cuando el escándalo salió a la luz pública gracias a las investigaciones periodísticas de El país y el Periódico. Durante ese largo periodo de tiempo, echando sal en la herida, publicaciones Abadía de Montserrat, publicó el libro de memorias del germà Andreu, con prólogo de Jordi Pujol, en que el pederasta alardeaba de la gran labor que había hecho por la juventud durante las cuatro décadas de funcionamiento del grupo scout que había fundado.   

A pesar de que las víctimas solicitamos una investigación independiente del caso, liderada por el Síndic de Greuges (una petición pionera en esa época) la Abadía hizo caso omiso de nuestra razonable petición, designando a su propia comisión, la comisión de “Transparencia” compuesta por miembros elegidos a dedo por el Monasterio

A pesar de que las víctimas solicitamos una investigación independiente del caso, liderada por el Síndic de Greuges (una petición pionera en esa época) la Abadía hizo caso omiso de nuestra razonable petición, designando a su propia comisión, la comisión de “Transparencia” compuesta por miembros elegidos a dedo por el Monasterio. A pesar de que las víctimas denunciamos la existencia de un claro conflicto de intereses debido a la relación laboral, jerárquica o de afinidad de varios de los miembros de la comisión con el Monasterio (uno de los miembros era exconsejero de CIU, partido político que se fundó en la Abadía de Montserrat; el prior y responsable de comunicación el padre Bernat Juliol era el secretario de la comisión y gestionaba la información que se recibía en el canal de denuncias; la psicóloga encargada de atender a las víctimas era la profesional que se encargaba de hacer las valoraciones psicológicas a los candidatos a novicios) la Generalitat de Cataluña y el Parlament guardaron un sepulcral silencio. Ningún responsable político denunció la gravedad de los hechos, se solidarizó con las víctimas o exigió que se realizará una investigación independiente que contara con la confianza de las víctimas. Nos dejaron ustedes total, completa y absolutamente solas, luchando contra una de las instituciones más poderosas de Cataluña. Cuando lo único que pretendíamos es que se supiera la verdad, se reparara adecuadamente a las víctimas y se establecieron medidas que garanticen que estos lamentables hechos no vuelvan a suceder.    

Debido a la falta de independencia de la comisión, sus conclusiones no fueron sorprendentes. Se limitaron a “echarle la culpa al muerto”. A diferencia de las investigaciones realizadas por el Síndic de Greuges, la auditoria Cremades y el Defensor del Pueblo no analizaron los factores sistémicos, estructurales, organizativos, que habían facilitado la comisión y ocultamiento de los abusos, revictimizando secundariamente a las víctimas. Tampoco incluyeron entre sus recomendaciones la creación de un mecanismo extrajudicial para indemnizar y reparar integralmente (incluyendo la reparación material y simbólica) a las víctimas. El abad de la época, Josep Maria Soler, se limitó a pedir perdón a las víctimas, solidarizarse con su dolor y ofrecerles el apoyo de la comunidad. También reconoció que los mecanismos de control y supervisión fallaron. Afirmó que la Abadía hacia suyas las conclusiones del informe. La conclusión lógica de que una institución reconozca que uno de sus integrantes es un depredador sexual y que ha podido cometer sus crímenes porque los mecanismos de control y supervisión fallaron, es que esta institución tiene una obligación moral de reparar integralmente a las víctimas. La realidad fue diametralmente opuesta.

Ante esta negativa a establecer un plan de reparación integral, uno de los firmantes de esta carta, Miguel Hurtado no tuvo más remedio que presentar una denuncia ante la jurisdicción civil. La respuesta de la Abadía fue que no tenían responsabilidad alguna, porque los “posibles abusos” están prescritos tanto penal como civilmente. Además, defendieron la importancia de defender la presunción de inocencia del Germa Andreu, ya que este “nunca admitió ni reconoció los hechos”. También alegaron que: “El Sr. Hurtado, cuando era mayor de edad, tuvo el asesoramiento jurídico adecuado para denunciar los hechos atribuidos al G. Andreu, el hecho que no presentara denuncia ni querella por los mismos, es únicamente a él imputable, no siendo licito eludir su propia responsabilidad para atribuirla a terceros”. Este argumento, basado en culpabilizar a la víctima por su reacción traumática ante la agresión sexual, va en contra del espíritu de la propuesta de ley de imprescriptibilidad para los delitos de pederastia aprobada por amplia mayoría por el Parlament, que se basa en el principio que las víctimas no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden. 

En resumen, la respuesta de la Abadía de Montserrat ante los múltiples casos de abusos sexuales cometidos por monjes de la comunidad constituye un claro ejemplo de malas prácticas. Al daño directo cometido por los delincuentes sexuales se suma la profunda, cruel e innecesaria retraumatización secundaria causada por los responsables de la institución. A día de hoy el Monasterio se niega a implementar un plan de reparación integral basado en las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la Auditoria Cremadas. Estos hechos, serian motivo más que suficiente para no conceder la medalla. Pero los graves acontecimientos sucedidos este julio, cuestionan aún más, si cabe la oportunidad e idoneidad de su decisión. Como saben ustedes la Conferencia Episcopal, el martes 9 de julio, aprobó unilateralmente su polémico plan de reparación PRIVA, que no cuenta con la participación de las víctimas o del Estado y contradice las recomendaciones de reparación de la auditoria Cremadas. Esta decisión no cuenta con el beneplácito del gobierno. El Ministro de Justicia Bolaños ha solicitado por escrito a la CEE que la Iglesia acepte participar en un plan de reparación estatal, siguiendo las recomendaciones del DP. La CEE se niega afirmando que como los casos están prescritos, no tienen ninguna obligación legal de reparar, de forma que el estado no tiene la potestad de obligarles a participar en dicho plan si ellos no quieren. El lunes 8 de julio Bolaños se reunió con colectivos de víctimas de pederastia clerical afirmando que: “Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se os garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado”. El martes 9 de julio ustedes decidieron otorgar la medalla de oro a Montserrat, desautorizando públicamente la postura del Gobierno y alineándose con los postulados de la CEE.

Como afirman los periodistas de El País Jesús García Bueno y Oriol Güell en un inteligente artículo analizando su decisión: “Defender las libertades, albergar reuniones políticas durante la dictadura franquista y ser un referente cultural no está precisamente reñido con mantener un comportamiento ético y moral mínimamente digno”. Negarse a reparar a las víctimas durante cinco años, así como culpabilizarlas de que su agresor quedara impune, por “haber tardado demasiado en denunciar los hechos, dejando que estos prescribieron” es un comportamiento indigno, impropio de una institución que aspira a ser referente moral y espiritual de la nación catalana. Además, sienta un peligroso precedente, mandando el mensaje al resto de instituciones católicas catalanas que negarse a indemnizar de forma integral a sus víctimas, siguiendo los parámetros establecidos por la Auditoria Cremadas y el informe del DP, no tiene consecuencia alguna. Que el Parlament de Cataluña no va a estar nunca del lado de las víctimas.

Aún están a tiempo de reconsiderar su decisión. Por favor, por el bienestar de las víctimas de pederastia catalanas, no echen sal en nuestras heridas, no incrementen nuestro sufrimiento. Escuchen nuestras legitimas reivindicaciones. Y no premien a las instituciones que nos han victimizado, sobre todo si estas continúan dañándonos en pleno 2024. Pónganse del lado correcto de la historia y retiren la medalla de Oro a la Abadía de Montserrat.