Cerro mandó a Pedro Rodríguez a Moyobamba, donde le acogió Rafael Escudero para trabajar con menores El ‘clan’ de Toledo condena las bendiciones a homosexuales, pero acoge y encubre a pederastas gais

La ley del embudo o la de los dos pesos y dos medidas. Ésas son las leyes que rigen en las vidas, en las conciencias y, sobre todo, en los ‘dominios’ de los curas y obispos ultras del ‘clan’ de Toledo. Por un lado, se rasgan las vestiduras, anatematizan y piden al Papa que suspenda la declaración ‘Fiducia supplicans’, que permite la bendición de parejas gais. Por el otro, acogen en la prelatura de Moyobamba, adscrita a la archidiócesis primada, a pederastas homosexuales.

La prelatura de Moyobamba (Perú) es una circunscripción eclesiástica adscrita, desde el año 2004, a la archidiócesis de Toledo y, con el paso del tiempo, se ha convertido en una especie de sucursal de la Primada, a la que ésta ha enviado más de 32 sacerdotes y que, desde 2006, rige el obispo-prelado Rafael Escudero López-Brea.

Este obispo, que algunos adscriben al Opus Dei, nació en el pueblo toledano de Quintanar de la Orden, estudió en el seminario de la archidiócesis, ejerció durante años como sacerdote en ella, el cardenal Cañizares le envió a Moyobamba, Benedicto XVI le nombró obispo y acaba de publicar una proclama incendiaria contra las bendiciones de homosexuales.

Escudero asegura en su carta a sus sacerdotes, religiosos y fieles que “no pocos hermanos en el episcopado y sacerdotes, contraviniendo la moral objetiva de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, llevan mucho tiempo confundiendo al pueblo de Dios con la bendición indiscriminada de estas uniones objetivamente desordenadas y por lo tanto pecaminosas, incurriendo en horrendo sacrilegio”.

“Bendecir a las parejas en una situación irregular y a las parejas del mismo sexo es un abuso grave del Santísimo Nombre de Dios, que invocan sobre una unión objetivamente pecaminosa de fornicación, adulterio, o aún peor de actividad homosexual”, afirma en su mensaje.

Por eso, asegura el obispo de Moyobamba que, “ante la falta de claridad del documento, debemos seguir la praxis ininterrumpida de la Iglesia hasta la fecha, que es bendecir a toda persona que pide una bendición, y no a las parejas del mismo sexo o en situación irregular”. Y prohíbe a los 51 curas de su prelatura que impartan bendiciones a homosexuales.

Era tan evidente la ruptura de la comunión que los obispos de Toledo (Cerro y García Magán) se vieron obligados a publicar ayer, tras presiones de la CEE y de la Nunciatura, un comunicado al presbiterio de la sede primada en la que les piden “un esfuerzo por acoger esta palabra autorizada de la Iglesia”. 

Un 'esfuerzo' que, como trasluce el comunicado, da la sensación de que tampoco ellos han entendido muy bien de qué va la nota doctrinal emanada del dicasterio que preside el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. Por eso, hacen a sus curas “algunas peticiones”, como la de “evitar la dialéctica pública de confrontación” así como no “enredarnos con un falso celo que suscite la animadversión entre hermanos sacerdotes o respecto de la autoridad de la Iglesia”.

Un comunicado al que, al menos por ahora, no se ha sumado el obispo Escudero, prelado de Moyobamba. Sin embargo, ese mismo prelado no tuvo empacho alguno en acoger en su diócesis a Pedro Francisco Rodríguez Ramos, el Karadima de Toledo, condenado en 2023 a 7 años de cárcel y a una indemnización de 40.000 euros por abusar repetidamente de un menor seminarista.

El entonces arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, que conoció el caso en 2009, dejó al sacerdote acusado en su puesto de formador del seminario y, por lo tanto, en contacto con menores. Y allí permaneció hasta 2015. Más aún, en 2016, una vez iniciado el proceso civil contra el cura, el arzobispo le premió con diversos cargos.

Además, su sucesor, monseñor Francisco Cerro, envió a Pedro Francisco Rodríguez, en 2020, al seminario peruano de Moyobamba, donde permaneció al menos cinco meses en contacto con menores, según consta en la denuncia canónica presentada formalmente en el Dicasterio de Obispos (y de la que también está al tanto la Pontificia Comisión de Protección de Menores, que preside el cardenal O’Malley) por “abuso de poder, encubrimiento, omisión y emisión de falsedad documental” contra tres obispos de Toledo (Braulio Rodríguez, Francisco Cerro y Francisco César García Magán) y un prelado de una diócesis vecina.

Esto dice la denuncia del ex seminarista abusado por Pedro Francisco Rodríguez ante el dicasterio que dirige el cardenal peruano Prevost: “No obstante la gravedad de los hechos denunciados, primero ante la Archidiócesis de Toledo en 2009 –la notitia de delicto, según el canon 1717, es de 2009– y ante la jurisdicción civil española en 2016, los sucesivos ordinarios de Toledo –y otros allegados– nunca hicieron nada. O, más bien, sí que hicieron; es decir, sabiendo que el sacerdote acusado era un potencial peligro para los menores, le dejaron en su puesto en contacto con menores hasta 2015 y, una vez iniciado el proceso civil en 2016, le premiaron con diversos cargos e incluso le enviaron a Perú al Seminario de Moyobamba en 2020 –estando la investigación judicial en curso–, por varios meses, donde estuvo en contacto con menores, según la prueba documental existente”.

La estancia del cura abusador de Toledo en el seminario de Moyobamba ha debido alarmar tanto a los prelados de ambas diócesis que han intentado borrar las pruebas documentales del paso de Pedro Francisco Rodríguez por la prelatura peruana, que aparecían en el blog de los seminarios de Moyobamba. Un burdo intento de ocultación, porque olvidaron borrarlo de su Facebook.

A la campaña de encubrimiento también pretendió sumarse el delegado del Clero de Toledo, Carlos Loriente, que, en una carta enviada a todos curas de la diócesis, acusa a los medios de “presión mediática infame” y de “publicar falsedades con el objeto de confundir a la opinión pública”. Y señala, categórico, una de ellas: “Pedro nunca estuvo en Moyobamba”.

Las fotos y las publicaciones de la propia diócesis peruana (que trataron de borrar) demuestran lo contrario. Luego, es obvio que el padre Loriente miente a sabiendas, con un único objetivo: defender al acusado, embarrar el caso y apostar, con razón o sin ella, por el ‘hermano sacerdote’. Aunque sea un abusador. Y aunque se revictimice a la víctima.

Y si Loriente miente, parece claro que los datos vertidos en la denuncia del abusado ante los organismos vaticanos señalan a los obispos de Toledo por encubrimiento y al prelado de Moyobamba, monseñor Escudero, por acoger en su diócesis a un cura encausado por pederastia en España.

¿Es ésta la cultura de la prevención que utiliza el obispo español, destinado en Perú, partidario de no bendecir a los gais? Al menos en el caso de Pedro Francisco Rodríguez, parece evidente que lo acogió en su diócesis, cuando estaba encausado por abusos a un menor y donde siguió en contacto con menores. Es decir, un obispo raudo a la hora de prohibir las bendiciones de homosexuales, pero que acoge, sin hacer preguntas, a un pederasta condenado en primera instancia. ¿Una conducta episcopal constitutiva de delito? Los tribunales canónicos tienen la palabra.