Miguel Hurtado o Alejandro Palomas, entre los impulsores de esta iniciativa 'Tolerancia 0': un grupo de víctimas quiere forzar a la Iglesia a abrir sus archivos
Se muestran críticos tanto con la auditoría externa de Cremades como con la fórmula del Defensor del Pueblo, y exigen que se dé forma a la 'Comisión de la Verdad' propuesta por Unidas Podemos
Reclaman que la comisión "tenga poderes coercitivos" y "obligue a cooperar a la Iglesia católica", lo cual implicaría cambios legislativos que podrían llegar a la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado
Alejandro Palomas, Miguel Hurtado Manuel Brabero o la Fundación Vicki Bernadet son, o quieren ser, 'Plataforma Tolerancia 0', un grupo de víctimas de abusos que exigen "una comisión de la verdad", como la propuesta por Unidas Podemos, que fuerce a la Iglesia, incluso con un cambio legislativo, a abrir sus archivos eclesiásticos. La propuesta, tal y como ha adelantado Infolibre, será presentada en Barcelona este jueves.
Los integrantes de esta plataforma se muestran especialmente críticos tanto con el trabajo de la auditoría externa encargada por los obispos a Cremades&Calvo Sotelo como por la comisión dirigida por el Defensor del Pueblo, y exigirán una "Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición", que según los planes de la plataforma empezaría en Cataluña con voluntad de extenderse a toda España y que requiere de reformas legales en el Congreso para poder tener acceso a los archivos de la Iglesia.
El motivo principal del rechazo es que el Defensor del Pueblo no tiene poder coercitivo para obligar a la Iglesia a abrir los archivos, constatan desde la iniciativa, que lamenta que el interlocutor de la Iglesia sea un bufete de abogados.
"Comisión estatal independiente"
Este grupo de víctimas, a diferencia de Infancia Robada, no se fía del trabajo del Defensor del Pueblo, y espera que sea cierta la 'Comisión de la Verdad' supuestamente consensuada entre PSOE y Unidas Podemos para aprobar, in extremis, la comisión dirigida por Ángel Gabilondo en el Congreso, y de la que no se ha vuelto a saber nada.
Por su parte, Miguel Hurtado defiende una "comisión estatal independiente", con un "mandato parlamentario que incluya no sólo establecer la magnitud de los abusos, sino que analice las respuestas ante este tipo de delitos por parte de las instituciones católicas", tal y como explica a Infolibre la Fundación Vicki Bernadet.
Hurtado, además, reclama que la comisión "tenga poderes coercitivos" y "obligue a cooperar a la Iglesia católica", lo cual implicaría cambios legislativos que podrían llegar a la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.
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