Ha donado en los últimos 8 años 82,4 millones de euros a la cadena Los obispos españoles podrían vulnerar la legislación europea al financiar TRECE con dinero de la Renta
El informe preliminar del Tribunal de Cuentas advierte de que la UE prohíbe “las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales (…), que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”
La Conferencia Episcopal donó, en los dos últimos ejercicios, 20 millones a "aportación de fondos propios a 13TV" (hoy TRECE), la televisión propiedad de la Conferencia Episcopal
Este jueves la Conferencia Episcopal presenta los datos de la Asignación Tributaria recibida a través del IRPF de la última declaración de la Renta. El año pasado, los obispos recibieron de las arcas del Estado 268 millones de euros, cuyo destino y control queda muy lejos de los estándares recomendados por la Unión Europea, según ha señalado en un informe el Tribunal de Cuentas, que pone especial énfasis en los fondos destinados a una empresa privada como TRECE, que en los dos últimos ejercicios recibió 20 millones de euros sin ningún tipo de control.
Según este informe preliminar, al que ha tenido acceso RD, los obispos españoles podrían estar vulnerando las leyes europeas, que prohíben taxativamente utilizar fondos o ayudas estatales para empresas privadas.
En concreto, el organismo subraya cómo "a la luz de la información publicada por la propia Iglesia, 20 millones de euros procedentes de fondos estatales son aportados como fondos propios a una sociedad que desarrolla una actividad económica", en este caso TRECE, la televisión propiedad de la Conferencia Episcopal.
"La aplicación de estos fondos a este destino debería ser objeto de un análisis más detallado por la Administración por si incurriera en los supuestos contemplados en el artículo 107 del TFUE (Tratado Fundacional de la Unión Europea), añade el informe. ¿Y qué dice dicho artículo?
Que "salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".
Y ni los Acuerdos Iglesia-Estado ni sus desarrollos posteriores plantean, en momento alguno, que la Iglesia pueda utilizar el dinero del IRPF (que es para su sostenimiento) para financiar -o, en este caso, pagar las deudas- de una empresa privada.
Aportación de fondos propios
"A este respecto -añade el Tribunal de Cuentas-, a la vista de la Memoria de 2016 se destinan a la "aportación de fondos propios a 13TV" 9 millones de euros y 11 millones de euros en la Memoria de 2017. 13TV se define a sí misma como un 'canal privado, comercial, generalista, con una programación plural, con contenidos aptos para toda la familia (…), cuyo socio mayoritario es la CEE'". Esto es, concluye el informe, "una sociedad que desarrolla una actividad económica", por lo que no podría recibir fondos provenientes del IRPF.
Una irregularidad a la que el Tribunal de Cuentas añade el mismo hecho de la existencia de un superávit en los ejercicios 2016 y 2017 de la Iglesia, de 19,3 y 15,9 millones de euros respectivamente, "que se destina a la dotación de un fondo (denominado Fondo de Reserva) y a la aportación de fondos propios a una sociedad mercantil". Sin embargo, continúa el informe, "la existencia de superávit no está prevista en el Acuerdo", y "el destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede".
No a los superávits
"El destino de eventuales superávits en la liquidación de asignación tributaria debería ser objeto de acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno", recomienda el informe presentado, que denuncia cómo "la existencia de superávit no está prevista" en los Acuerdos Iglesia-Estado, que específicamente hablan del "adecuado sostenimiento económico" de la Iglesia, no de "eventuales superávits" ni "fondos de reserva" que se dediquen a una "sociedad mercantil" como es TRECE, "que desarrolla una actividad económica".
Es decir: el dinero de la Renta está pensado para sostener la actividad de la Iglesia, no para alimentar sus negocios. Si hay un sobrante en esa asignación, se debería revisar el importe o acordar en qué utilizarlo, de acuerdo con el análisis del Tribunal de Cuentas: "El destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede", destaca el documento, que en sus conclusiones lamenta cómo la Administración del Estado no tiene mecanismos para controlarlos.
Como ya informó RD, en las memorias no se aporta información que permita conocer el destino concreto que han dado las diócesis a los recursos procedentes del IRPF", señala el Tribunal de Cuentas
"Se ha comprobado que (…) no existe acuerdo documentado alguno entre el Estado y la Iglesia relativo a la memoria y su contenido. Tampoco existe norma alguna de la Administración General del Estado que establezca plazos de presentación, el formato, o el contenido mínimo que ha de tener la memoria, por lo que los criterios de elaboración de la misma son los que establece la propia Iglesia"
, denuncia el organismo, que añade cómo "la ausencia de criterios acordados es la causa por la que la memoria y su documentación complementaria se elaboran de acuerdo con normas proporcionadas por la Conferencia Episcopal Española", por más que ésta se acoja a la auditoría de una empresa externa que "no asumen responsabilidad alguna del contenido del mismo frente a terceros". En otras palabras: que se limitan a decir que los datos aportados son correctos, pero no a analizarlos ni a comprobar los que faltan.
"Sería conveniente -añade en sus conclusiones- que el Gobierno dispusiese de la información suficiente para asegurar que el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria es compatible con el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia, en concreto, las relativas a las ayudas de Estado".
A la espera de conocer los datos de la última declaración de la Renta, los obispos llevan 8 años financiando TRECE con unos diez millones anuales, hasta alcanzar los 82,4 millones de euros, un importe que corresponde a la deuda total de la cadena a fecha de julio de 2019. Como ya se ha encargado de denunciar el Tribunal de Cuentas, estos y otros datos salen de los informes que encarga la Iglesia a empresas auditoras, ya que sus ingresos y gastos no están auditados ni fiscalizados por ningún organismo público.
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— Of. Información CEE (prensaCEE) June 27, 2018
