Caso Gazteluta: "Ha habido un pronunciamiento canónico. Las sentencias se acatan y no comentamos" Los obispos dan carpetazo definitivo a su polémico 'Para dar luz', aunque siguen apostando por la "transparencia"

Del "algunos o ningún caso" apuntado por el entonces secretario general (hoy presidente) Luis Argüello hace cinco años, a unos 1.200. Estas son las cifras de las víctimas 'contabilizadas' por la Conferencia Episcopal, si es que podemos sumar los 146 nuevos casos registrados a los 1.046 que apuntaba el último informe 'Para dar luz' que, ya es oficial, "está cerrado". No habrá, pues, registros oficiales, al menos por parte de la Iglesia española, de la pederastia clerical en su seno.

La Conferencia Episcopal admitió que el polémico informe ‘Para dar luz’, algunos de cuyos resultados están siendo investigados por la Agencia de Protección de Datos por un posible delito de filtración de datos de víctimas de abusos “se cerró en septiembre” con lo que, oficialmente, la Iglesia española ya no tendrá un informe de transparencia sobre las cifras de víctimas con las que trabaja.

La clausura del informe se suma a la ocultación de la auditoría encargada a Cremades&Calvo Sotelo, que costó a las arcas episcopales más de un millón de euros y que jamás fue presentada. De hecho, en su lugar, se ‘inventó’ dicho informe, que tras tres ediciones ahora pasa a formar parte del ‘ámbito privado de trabajo’ de la CEE. Una decisión que no casa con los llamamientos a la transparencia y al trabajo conjunto formulados por el presidente Argüello durante la inauguración de esta Plenaria que ahora se cierra.

Lo que sí intentó García Magán fue subrayar la “línea abierta de diálogo” con el Gobierno y la “posibilidad” de que “el Defensor del Pueblo pudiera servir de cauce” a dicho diálogo, coordinando posibles respuestas conjuntas que no se han definido y que no parece que vayan a definirse en el corto plazo.

“Llevamos a cabo una colaboración para reparar a las víctimas: no solo se está colaborando, sino que se está reparando”, insistió el portavoz episcopal, poniendo como ejemplo los “casos judiciales” en los que, como admitió, “hay una obligación legal” (bajo sentencia). La reparación de los otros casos prescritos “es una obligación moral, que para nosotros es tan fuerte como la legal”. En todo caso, el portavoz deslindó las colaboraciones con el Ejecutivo en esta materia con la creación de una subcomisión parlamentaria, cuyos resultados no se conocerán, como mínimo, hasta finales de 2026.

Por otro lado, la Iglesia católica española, a través de sus oficinas de protección de menores, formó en 2024 a un total de 225.000 personas, de los cuales 130.000 eran niños, niñas y adolescentes (el 57,8% del total).

En concreto, según los datos del servicio de coordinación y asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores, presentados esta semana a los obispos, también recibieron formación 43.000 profesores, 20.000 padres, 18.600 agentes de pastoral (catequistas, monitores de tiempo libre), 5.000 sacerdotes, 1.800 consagrados no sacerdotes y 800 seminaristas y consagrados en formación. 

Curiosamente, el portavoz episcopal sí entró a valorar el ‘caso Gaztelueta’, a raíz de un artículo publicado por el ex presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, en ABC, criticando el fallo canónico que ordenaba la expulsión del Opus Dei del pederasta condenado por el Supremo. “Hubo una sentencia judicial, los jueces hablan por la sentencia. Ha habido un pronunciamiento canónico. Las sentencias se acatan y no comentamos”, incidió, recordando, no obstante, que al condenado “le asiste el derecho a hacer las apelaciones competentes según marca la ley canónica”. Y a las instituciones implicadas, cumplir con lo impuesto.