En nuestros primeros tiempos presbiterales se comentaba que uno de los ínclitos arzobispos españoles -diócesis con legitimadas aspiraciones cardenalicias-, se empeó de por vida en que su capital perdurara como ejemplo preclaro de convivencia cívica, pero calificada esta siempre de “católica, apostólica y romana”. Iglesias, presidida por la grandiosidad de su templo catedralicio –“Patrimonio de la Humanidad” por más señas-, monasterios, cartuja y conventos, ermitas y capillas, torres y campanas y hábitos religiosos –masculinos y femeninos- le confirieron a la población perfiles incuestionablemente monásticos.

Posiblemente que, a consecuencia de “desamortizaciones impías y blasfemas” que convirtieron en cuarteles algunos de sus edificios más representativos, los hábitos talares compitieron bien pronto, y en igualdad de proporciones, con los entorchados, distintivos y emblemas de procedencia y ejercicio militares. Reuniones familiares y sociales, fiestas, criterios y noticias y temas de conversación de carácter estrictamente militar o religioso constituyeron la definición y preocupación ciudadana, en exclusiva, y de modo muy singular y eminente

En tan selecto –“de clase”- y “vocacionado” contexto cívico, se interpretaba como innoble, impiadosa y pecaminosa aspiración, la más remota posibilidad de que cualquier actividad, como el comercio y la industria, decidiera llamar a las puertas de la Administración municipal para intentar instalarse en la demarcación territorial. Aún más, informaciones de primera mano aseguraban demostrar que a las mismísimas fórmulas oficiales de “polos y polígonos de desarrollo” se les enclaustraron las posibilidades de elegir la capital, castellana por más señas, por su situación geográfica y estratégica, como eje de desarrollo industrial.

El título de “arzobispo antipolígono fue aceptado y ejercido con complacencia eclesiástica con “honores” militares y ético- morales.

Y, ”como el mundo es un pañuelo” y “en todas partes cuecen habas”, en cierta ocasión las “fuerzas vivas de otra localidad”, - capital andaluza en este caso-, reclamaron mi colaboración profesional como informador, reforzada además por mi condición como sacerdote, para que diera a conocer y comentara la noticia de que,” concedida en el Consejo de Ministros una Universidad, a la vez que la ampliación de las instalaciones del polígono de desarrollo, el Gobernador Civil de la provincia le había comunicado al alcalde y a los máximos responsables de los organismos competentes, que mientras él ostentara tal cargo político, no favorecería la determinación ministerial…”

La razón que alegó a su favor fue la de que, estudiantes y obreros, -obreros o estudiantes-, cuyo número habría de acrecentarse con la creación de las facultades universitarias y la implantación de nuevas industrias, habría de explicar la existencia y enconamiento de problemas de orden público, cuya evitación era precisamente lo que explicaba y justificaba estar él al frente de la institución del Gobierno Civil, cuya tarea, hasta el presente, había sido ejercida en paz y en sagrada conformidad con las órdenes dimanantes de las supremas autoridades políticas nacionales.

Una vez más, y en demarcaciones provinciales distintas, tanto eclesiásticas como civiles, aparece que lo más importante era, y es, la entrega, la consagración y el cuidado del orden público, aún a costa de que los estudiantes se vieran obligados a dejar de serlo, o a serlo en otras ciudades, siguiendo caminos parejos, además de los de la emigración, los obreros.

Desarrollo, calidad de vida, promoción, progreso, aspiraciones legítimas… tuvieron, tienen y tendrán, impracticable acomodo en cualquier tipo de sociedad, en la que, aunque se proclame la condición democrática de sus respectivos regímenes, a la hora de la verdad perdurará el temor a la responsabilidad generalizada y a la igualdad entre todos sus miembros.

“Niños a perpetuidad y por la gracia de Dios”, y porque así lo establece el papá Estado, es norma de comportamiento cívico- religioso, que difícilmente llegará a ser revisado y corregido algún día, teniendo siempre presente el bien de la colectividad y al margen, o en contra, de otros intereses que pretendieran justificar y sacralizar de incontables y abusivas maneras.