No me termina de convencer el manifiesto de Redes Cristianas por la laicidad en algunos detalles importantes.

Yo creo que no diferencia bien el espacio público político (Estado en sentido estricto), y el espacio público civil (la sociedad civil).

El primero es laico, sin duda. El segundo es ideológicamente plural, como lo son los ciudadanos y sus asociaciones más diversas. En consecuencia, la Iglesia no es Estado, de ningún modo, pero sí es sociedad civil; un católico pertenece a la sociedad civil de muchas maneras, individuales y asociadas, y una de ellas es a través de la Iglesia. Ésta, la Iglesia, y sus miembros, los cristianos (ciudadanos) tienen en esa sociedad civil, ante el Estado, los mismos derechos y deberes de cualquier asociación que la ley general democrática admita. Derechos, y deberes, que como diré se sustancian ante todo en la afirmación de los DH, en el respeto de las reglas democráticas al concretarlos como ley, y en las razones seculares o de razón común para debatir esto.

Por tanto, la laicidad no es una ideología peculiar de los Estados y de las sociedades civiles democráticas, sino una característica del Estado Democrático que se traduce, fundamentalmente, en su neutralidad ideológica, ¡que no indiferencia hacia las cosmovisiones o desprecio! y para la sociedad civil, los ciudadanos y sus asociaciones, religiosas o no, en respeto democrático del pluralismo general que las caracteriza en todos los órdenes. En este sentido, sólo en este sentido, todos somos laicos antes de ser religiosos o no.

Ambos, Estado y sociedad civil, se conducen en el marco de las declaraciones de derechos humanos, cuya historia aporta ya una tradición ética y jurídica clara, si bien siempre requerida de nuevos desarrollos e impulsada por las necesidades y consensos peculiares de un país. El Estado, por ley, vigila e impulsa este desarrollo de los DH en su sociedad, y la sociedad civil inspira y reclama de su Estado que traduzca a ley sus preferencias, siempre dentro de los Derechos Humanos fundamentales, y especialmente, de los derechos de los grupos menos reconocidos por cualquier razón. La laicidad, dijo Marina en su intervención en el Congreso de Teología de la Juan XXIII,'no es una realidad, es un proyecto para construir un espacio social democrático, justo, respetuoso con los derechos de todos, que no se cierra a la religión, que no expulsa a las religiones, sino que las protege situándolas, sin embargo, dentro del marco ético en el que todos queremos vivir'.

Y la Asociación de Teólogos dice con acierto en su mensaje final, "La laicidad, finalmente, es el marco jurídico y político en el que caben todas las creencias e ideologías. Los cristianos y cristianas están llamados a colaborar en la construcción de un Estado laico que haga posible una sociedad justa y solidaria, sin discriminaciones por razones religiosas, culturales o sociales". Así es.

La laicidad del Estado, una característica más procedimental que doctrinal, reclama su plena autonomía de cualquier magisterio religioso o cosmovisión religiosa con pretensiones de única verdad, esto es así; a veces se olvida; pero el Estado está sometido a las ética civil que él no crea, fundamentalmente, sino que la recibe de la creatividad de la sociedad civil en sus múltiples sujetos e iniciativas, democráticas y razonadas. Por tanto, su autonomía moral es relativa a la ética civil, o moral compartida por una sociedad civil democrática, en cuyo seno están las iglesias, y a la que deben colaborar con sus argumentos y propuestas traducidas a razón común y democrática.

El Estado tampoco puede convertirse en una vanguardia moral omnisciente. Y quizá menos todavía la Iglesia. Ella ha abusado de su posición "política", y un papel más modesto y evangélico es imprescindible para evangelizar, pero en democracia sigue con los derechos y deberes de todo miembro de la sociedad civil. Por tanto, el argumento religioso es legítimo, como predicación de la fe, pero no es suficiente ni propio, como argumento ético universal y obligatorio. Hay que acostumbrarse a distinguir lo religioso y lo ético al hablar, y exigir moralmente "las cosas" en lenguaje secular o ético. Y por ende, lenguaje entre iguales que tienen que acordar y hacer democráticamente leyes entre todos y para todos.

Por tanto, otra vez, la autonomía de lo político, el espacio público político, respecto de lo religioso, tiene que ser plena; la autonomía de lo civil, el espacio público civil, respecto a lo religioso, tiene que ser de libertad, respeto, libre expresión de creencias y, al cabo, buenas razones democráticas. Son dos ámbitos distintos, el político y el civil, y su autonomía respecto de lo religioso, también distinta. Por ejemplo, los símbolos religiosos tienen que desaparecer del espacio público político, pero no necesariamente del espacio público civil. La religión confesional no parece muy propia en la escuela pública, pero el hecho religioso, sí. La cuestión estará en ocasiones en si algo pertenece o no a uno de esos espacios, o si para respetar los derechos humanos de todos, hay que poner límite a cómo otros entienden los suyos. Esto es ya la inteligencia de la política para ordenar y pactar desde los más débiles y la razón democrática.

Pero la idea sigue en pie, laico es el Estado; la sociedad civil es ideológicamente plural, religiosa o no, y siempre democrática y argumentadora. Y por eso, apuesto por un Estado laico, pero no por una sociedad laica, sino abierta, diversa en creencias, democrática, razonadora y en diálogo secular hecho leyes. Ni siquiera por una sociedad secularizada, sino tan religiosa como ella quiera, pero secular en sus razonamientos democráticos de la ley y la moral civil que la inspira. Por eso, por ejemplo, los Obispos Católicos tienen que dar buenas razones, religiosas, al predicar, y comunes, al argumentar en nombre de un movimiento religioso en la sociedad civil. Su valor es distinto; su autoridad, diferente; y su pretensión de verdad, también. ¡No es lo mismo predicar, que hablar éticamente! No es lo mismo sociedad secular, que sociedad secularizada!

Las personas religiosas tienen derecho a dar sus razones de fe, ¡predicación! y el deber de dar sus razonamientos seculares, inteligibles para todos, y en democracia, los únicos que valen universalmente, ¡ética! Fruto de este debate democrático es la ley, y la ley se cumple. Se pueden dar casos de objeción de conciencia, pero muy bien tasados y, al cabo, reconocidos. Tiene requisitos exigentes y públicos, que no quedan al gusto de cada individuo. Pero haberlos, haylos. (Es otra cuestión en sí misma).

La jerarquía católica no puede imponer, ni pretenderlo, su moral sobre la ética pública, ¡es un atropello!, pero sí aportar con buenas razones éticas, ¡seculares!, su visión moral de las cosas para el desarrollo de la moral civil compartida. Si dan malas razones, no valdrán nada; si dan sólo "razones de fe", predican, pero no hablan éticamente para todos. Todos pueden colaborar a este fin, y el Estado se ordena, y legisla, conforme a esa moral civil común, promulgando leyes democráticas para todos. De nuevo, pueden surgir casos de objeción de conciencia, bien tasados en sus requisitos públicos, y no al gusto de cada "creencia u opinión" individual. Si es por razones religiosas, es una cuestión particular; si es por razones éticas, hay que hablar de ellas y ver cuáles son, cómo se fundamentan, quiénes las comparten, y cómo llegan a ser ley de objeción. Es otro tema, como digo.

En suma, laico es el Estado; democrática y plural ideológicamente la sociedad civil; y laica es la moral civil común. Sin privilegios para nadie; con iguales derechos y deberes para todos, y especialmente para las personas y los grupos más olvidados y débiles. En el ejercicio de esa igualdad en la sociedad civil, hay que verificar si se dan ya situaciones de privilegio (yo creo que sí, como tengo escrito en cuanto a los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979), y concretar si por razones evangélicas, ¡no siempre por falta de derecho!, una Iglesia va a elegir formas de presencia en la vida civil más claramente diaconales y gratuitas. Así lo veo yo. Pero ésta es otra cuestión que solemos confundir con la de las exigencias jurídicas de la laicidad política. En este sentido, el Comunicado final del Congreso de Teología es acertado y lo puedo compartir. O en juicio de un autor laico, también, "Sólo cuando la Iglesia acepta el pluralismo implícito en el reconocimiento de las libertades y derechos humanos fundamentales -Pío VI condenó como "apostasía nacional" la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789)- puede decirse que ha asumido la democracia, dispuesta a convivir en un mundo en el que muchos no comparten sus valores y "verdades". En todo caso, al igual que los demás ciudadanos e instituciones religiosas y civiles en una democracia, la Iglesia tiene garantizados libertades y derechos, sin que pueda sufrir persecución alguna, a no ser que, como a menudo ha ocurrido en el pasado, y sigue sucediendo hoy en España, llame "persecución" a ver cercenados privilegios heredados que no encajan en una democracia, necesariamente, recalco, pluralista y laica". Cierto. (Ignacio Sotelo)

Diré otra cosa. Ésta como provocación. Si la religión "per se", invaraiblemente, provocara guerras de religión, ayer y siempre, si llevara en sí el germen del fanatismo ideológico, entonces el problema no es qué laicidad, sino qué religión en la vida civil y hasta en la personal. No habría manera de salvar su "dignidad ética".






Hasta aquí. Me urge el tiempo y debo marchar.