Por desgracia, la moral social cristiana no estaba equivocada sobre "esta" globalización y sus "gestores"
4. Y, ¿cuál su propuesta para corregir esta globalización?. Me sorprende haber respondido así en Mayo de 2007, en la XVª Semana Social "RICARDO ALBERDI" Cfr., San Sebastián, Idatz, 2008, Globalización; valoración ética y criterios de actuación, pp. 119-145 Recuerdo que la gente lo acogió con ganas. Me ayudaron mucho con su recepción. ¡Ojalá nunca hubiese tenido ni un poco de razón! Es un post algo más largo de lo común, pero "on line" hay gente para todo. more-->
Dicho todo lo anterior, es lógico que los liberales-neoliberales nos pregunten ya directamente por cuáles serían las pautas morales y sobre todo las medidas políticas, sociales y económicas que proponemos y exigimos en alternativa a las suyas. ¿Qué exige la ética de una mediación económica y política en la actualidad, frente al neoliberalismo a secas? En cuanto a las pautas morales, ya las he mencionado antes y he dicho que renunciábamos a repetir ese camino. Para ello remito al lugar oportuno . Y en cuanto a las claves “políticas” vamos a pensar en la importancia efectiva y moral de algunas para concretar una mediación socio-económica más justa.
1) Sin duda, y en primer lugar, la respuesta viene por el reconocimiento de que es necesaria “alguna” regulación social y política del mercado para ordenar sus fines y dominar sus excesos . Comencemos por la dimensión social, y pensemos en la urgencia de algunas medidas que reflejen la primacía de la voluntad y necesidades sociales sobre la economía, para impedir despilfarros, oligopolios y hasta monopolios que el mercado neoliberal provoca y consiente. ¡Hay que asegurar la misma competencia de la que se presume! Y en cuanto al modo, se trata de imponer a los mercados, y a la acumulación de propiedad que está tras ellos, ciertos mecanismos fiscales, comerciales, laborales y ecológicos, expresión del control social de los mercados, por ende, éticos, que los hagan verdaderamente mercados libres, con eficacia y equilibrio, y no el reino del despilfarro y la acumulación de propiedad sin cuento, del productivismo y el crecimiento indiscriminado. Cabe decir, en frase lapidaria, "economía de mercado, según y cómo, sí; sociedad de mercado, ciertamente no". Pero, ¿por qué esta primacía de la sociedad?
La razón doctrinal es clara; el mercado no calcula los efectos inhumanos, despilfarradores y contaminantes del proceso; sólo calcula la rentabilidad monetaria. Las personas, así, son trabajadores, usuarios y consumidores, y a la postre, medios o instrumentos. Sus necesidades sólo cuentan cuando hay solvencia económica.
La razón estratégica se suma a la anterior: la participación social favorece y es condición de posibilidad del "progreso" económico de una comunidad, porque no desaprovecha ninguna capacidad y recoge todas las aportaciones.
2) Esa regulación social de los mercados reclama el respaldo de una autoridad política democrática; a la globalización económica le corresponde ser gobernada por alguna forma de organización política democrática. La razón política, por tanto, está en el fondo de todo. Donde el Estado Democrático, y su “equivalentes” Internacionales, pierden presencia reguladora, no es la Sociedad quien gana espacios de autodeterminación (Democracia y Bien Común), sino que los mercados expanden su lógica totalitaria. Como se ha dicho, “los mercados financieros gobiernan, y los gobiernos nacionales gestionan...y acompañan con puño de hierro a las transnacionales”. Esta “devolución” a la política democrática de su papel protagonista nos debe hacer considerar la mundialización en la perspectiva de sus efectos sobre las mediaciones políticas tradicionales y, en primer lugar, sobre nuestros viejos Estados-nación y las Organizaciones Multinacionales. Pero no porque esa forma política, el Estado-Nación, sea “sagrada o eterna”, sino porque necesitamos el control político de la globalización económica (Angela Merkel). Y es que si sus efectos económicos son los que conocemos, sus efectos políticos quizá sean tanto o más determinantes en nuestra falta de futuro. Los Estados Nacionales, sus sistemas democráticos, están siendo sofocados por la concentración del poder económico y financiero, y no han constituido todavía una alternativa política unitaria que pueda gobernar democráticamente el mundo, en nombre de los ciudadanos, convertidos hoy en consumidores y usuarios. El Presidente Lulla lo ha dicho. Si no hay una coordinación política internacional que asuma la causa de África como causa de la humanidad, y que se implique en la prestación de tecnologías más limpias a las economías emergentes, nunca se sumarán a un Protocolo más exigente que el de Kyoto, a partir del 2012, en que expira, y menos aún los pueblos más pobres. ¿Quién gobernará todo esto, el G8, más los cinco grandes emergentes? Todo apunta a la necesidad histórica, y hay posibilidades tecnológicas, de impulsar el protagonismo de los pueblos mediante instituciones políticas democráticas de alcance mundial, pues ninguna otra cosa de menor calado ético puede ser el gobierno político de la globalización económica.
Por si todavía alguien lo necesita, o piensa esta exigencia de regulación política de la globalización económica neoliberal, sólo en términos de “miedo” o de “conveniencia”, demos una razón más. Cada vez es más claro para todos la existencia de áreas fundamentales e indivisibles de la vida en común, que requieren, por tanto, su asunción en un Bien Común Universal y Local, y su gestión democrática efectiva al mismo nivel. Por una parte, las relativas a los derechos humanos más fundamentales, la vida y la atención sanitaria, la alimentación y la enseñanza, el trabajo, la vivienda, la cultura, la libertad y la paz, exigen esta consideración comunitaria e interdependiente de su cuidado y cumplimiento. Pero no sólo ocurre esto en cuanto a los derechos humanos de “siempre” y los bienes “morales” que representan; pensemos también en los bienes “materiales” más fundamentales, es decir, el agua dulce, los océanos, el aire y el espacio, la biodiversidad y el planeta, los conocimientos y demás bienes culturales. Ambas realidades de nuestra convivencia constituyen la primera generación de derechos y bienes humanos, se nos imponen como un patrimonio común e indivisible, y están exigiendo una gobernación democrática planetaria. Repitámoslo. Las necesidades generales del mundo sólo pueden ser satisfechas mediante la promoción de un bien común universal; lo cual significa, en primer término, la salvaguarda de condiciones humanas de existencia para millones de seres humanos; o lo que es lo mismo, que los bienes comunes e imprescindibles, “derechos humanos fundamentales y bienes primordiales”, tengan la consideración de patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo cuyos bienes constituyan la primera generación de bienes humanos. Éstos son los nuevos espacios de la lucha política, y su fin primordial, preservar la apropiación común de los derechos y los bienes colectivos de la humanidad. Ya no puede haber otra instancia de justificación más radical de la política democrática y sus mediaciones institucionales.
3) La primacía de los pobres. Hay algo que concreta más, si cabe, lo dicho sobre el mercado y su regulación "social y política", con todos los argumentos dados. Al interesarnos por la realidad, mundial o local, la historia nos reclama algo con urgencia moral absoluta y, por tanto, una primacía concreta en la política: atender a las consecuencias de la globalización neoliberal sobre los pobres. Los pobres, más allá de nuestro debate sobre qué teoría y sistema social son más eficientes y, sobre todo, más allá de si compartimos ya una alternativa social completa, los pobres nos ponen ante situaciones de extrema necesidad, situaciones que no pueden esperar a la resolución de debates ideológicos, y ante las que no cabe transigir por realismo político. A veces, atender a estas situaciones, será lo único posible y, sin duda, siempre, irrenunciable. Nuestra intransigencia moral tiene que plasmarse, en este caso sin aceptar dilación alguna, en exigir medidas reguladoras del mercado de los globalizadores que palien sus efectos más perversos contra los pobres. Éste es un elemento que no debería entrar en la balanza de las concesiones políticas del pacto social. En la “sociedad mundial y única”, sin olvidar cada una de las sociedades particulares, se impone atender al hecho de los 50 PMA (países menos adelantados o más pobres del mundo), 34 de los cuales son africanos, que suponen más de 600 millones de personas viviendo en situación de absoluta falta de condiciones para la dignidad humana, es decir, pobreza extrema y creciente, en palabras de la Organización de Naciones Unidas. El propio FMI reconoce que casi la mitad de la población mundial vive en la pobreza y 1.200 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día. La distancia en términos relativos entre los países desarrollados y en desarrollo nunca fue tan amplia e injusta. Lo que sabemos, y luego repetiré con más detalle, sobre condonación de la deuda externa de los países más pobres, sobre la cantidad y calidad de la AOD, sobre los Planes de Ajuste Estructural y la satisfacción de las necesidades básicas de unas poblaciones hambrientas y empobrecidas, sobre unos acuerdos comerciales injustos, sobre el papel de las instituciones económicas multilaterales, sobre el descontrol de los movimientos de capitales, y más aún de los puramente especulativos, es ya irrenunciable políticamente.
4) Luego, ¿qué será lo más urgente en orden a la gobernación democrática y planetaria que reclamamos, si las situaciones de pobrezas nos interpelan por doquier, y los bienes y derechos comunes e indivisibles están más amenazados que nunca por la globalización neoliberal y sus efectos, y, en consecuencia, hacen más imperiosa si cabe su administración en común? La institucionalización de esa gobernación política planetaria debe crecer a la par que tomamos ya las medidas políticas más urgentes, "una nueva arquitectura financiera y comercial planetaria, según criterios de eficiencia económica humana, equitativa y sostenible", pues la reforma del presente estado de cosas, financiero y comercial, es "la gran prioridad mundial", como se ha dicho desde altas instancias de las Naciones Unidas (ONU) y lo dice la crítica social mejor fundada. En su defecto, la democracia de cada Estado, y sus decisiones de política económica, son papel mojado. La simple apertura comercial de los países industrializados, “sólo contribuirá a mejoras sociales”, si plasma “más como mercado justo y sostenible, sobre todo para el Sur, que no como simplemente libre”. Si avanzamos en esta estrategia, la que combina institucionalización democrática del gobierno del mundo, y medidas urgentes que realicen ya algún control social de los mercados, podríamos entrar en una globalización digna de la democracia internacional y de la condición humana.
Dicho todo lo anterior, es lógico que los liberales-neoliberales nos pregunten ya directamente por cuáles serían las pautas morales y sobre todo las medidas políticas, sociales y económicas que proponemos y exigimos en alternativa a las suyas. ¿Qué exige la ética de una mediación económica y política en la actualidad, frente al neoliberalismo a secas? En cuanto a las pautas morales, ya las he mencionado antes y he dicho que renunciábamos a repetir ese camino. Para ello remito al lugar oportuno . Y en cuanto a las claves “políticas” vamos a pensar en la importancia efectiva y moral de algunas para concretar una mediación socio-económica más justa.
1) Sin duda, y en primer lugar, la respuesta viene por el reconocimiento de que es necesaria “alguna” regulación social y política del mercado para ordenar sus fines y dominar sus excesos . Comencemos por la dimensión social, y pensemos en la urgencia de algunas medidas que reflejen la primacía de la voluntad y necesidades sociales sobre la economía, para impedir despilfarros, oligopolios y hasta monopolios que el mercado neoliberal provoca y consiente. ¡Hay que asegurar la misma competencia de la que se presume! Y en cuanto al modo, se trata de imponer a los mercados, y a la acumulación de propiedad que está tras ellos, ciertos mecanismos fiscales, comerciales, laborales y ecológicos, expresión del control social de los mercados, por ende, éticos, que los hagan verdaderamente mercados libres, con eficacia y equilibrio, y no el reino del despilfarro y la acumulación de propiedad sin cuento, del productivismo y el crecimiento indiscriminado. Cabe decir, en frase lapidaria, "economía de mercado, según y cómo, sí; sociedad de mercado, ciertamente no". Pero, ¿por qué esta primacía de la sociedad?
La razón doctrinal es clara; el mercado no calcula los efectos inhumanos, despilfarradores y contaminantes del proceso; sólo calcula la rentabilidad monetaria. Las personas, así, son trabajadores, usuarios y consumidores, y a la postre, medios o instrumentos. Sus necesidades sólo cuentan cuando hay solvencia económica.
La razón estratégica se suma a la anterior: la participación social favorece y es condición de posibilidad del "progreso" económico de una comunidad, porque no desaprovecha ninguna capacidad y recoge todas las aportaciones.
2) Esa regulación social de los mercados reclama el respaldo de una autoridad política democrática; a la globalización económica le corresponde ser gobernada por alguna forma de organización política democrática. La razón política, por tanto, está en el fondo de todo. Donde el Estado Democrático, y su “equivalentes” Internacionales, pierden presencia reguladora, no es la Sociedad quien gana espacios de autodeterminación (Democracia y Bien Común), sino que los mercados expanden su lógica totalitaria. Como se ha dicho, “los mercados financieros gobiernan, y los gobiernos nacionales gestionan...y acompañan con puño de hierro a las transnacionales”. Esta “devolución” a la política democrática de su papel protagonista nos debe hacer considerar la mundialización en la perspectiva de sus efectos sobre las mediaciones políticas tradicionales y, en primer lugar, sobre nuestros viejos Estados-nación y las Organizaciones Multinacionales. Pero no porque esa forma política, el Estado-Nación, sea “sagrada o eterna”, sino porque necesitamos el control político de la globalización económica (Angela Merkel). Y es que si sus efectos económicos son los que conocemos, sus efectos políticos quizá sean tanto o más determinantes en nuestra falta de futuro. Los Estados Nacionales, sus sistemas democráticos, están siendo sofocados por la concentración del poder económico y financiero, y no han constituido todavía una alternativa política unitaria que pueda gobernar democráticamente el mundo, en nombre de los ciudadanos, convertidos hoy en consumidores y usuarios. El Presidente Lulla lo ha dicho. Si no hay una coordinación política internacional que asuma la causa de África como causa de la humanidad, y que se implique en la prestación de tecnologías más limpias a las economías emergentes, nunca se sumarán a un Protocolo más exigente que el de Kyoto, a partir del 2012, en que expira, y menos aún los pueblos más pobres. ¿Quién gobernará todo esto, el G8, más los cinco grandes emergentes? Todo apunta a la necesidad histórica, y hay posibilidades tecnológicas, de impulsar el protagonismo de los pueblos mediante instituciones políticas democráticas de alcance mundial, pues ninguna otra cosa de menor calado ético puede ser el gobierno político de la globalización económica.
Por si todavía alguien lo necesita, o piensa esta exigencia de regulación política de la globalización económica neoliberal, sólo en términos de “miedo” o de “conveniencia”, demos una razón más. Cada vez es más claro para todos la existencia de áreas fundamentales e indivisibles de la vida en común, que requieren, por tanto, su asunción en un Bien Común Universal y Local, y su gestión democrática efectiva al mismo nivel. Por una parte, las relativas a los derechos humanos más fundamentales, la vida y la atención sanitaria, la alimentación y la enseñanza, el trabajo, la vivienda, la cultura, la libertad y la paz, exigen esta consideración comunitaria e interdependiente de su cuidado y cumplimiento. Pero no sólo ocurre esto en cuanto a los derechos humanos de “siempre” y los bienes “morales” que representan; pensemos también en los bienes “materiales” más fundamentales, es decir, el agua dulce, los océanos, el aire y el espacio, la biodiversidad y el planeta, los conocimientos y demás bienes culturales. Ambas realidades de nuestra convivencia constituyen la primera generación de derechos y bienes humanos, se nos imponen como un patrimonio común e indivisible, y están exigiendo una gobernación democrática planetaria. Repitámoslo. Las necesidades generales del mundo sólo pueden ser satisfechas mediante la promoción de un bien común universal; lo cual significa, en primer término, la salvaguarda de condiciones humanas de existencia para millones de seres humanos; o lo que es lo mismo, que los bienes comunes e imprescindibles, “derechos humanos fundamentales y bienes primordiales”, tengan la consideración de patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo cuyos bienes constituyan la primera generación de bienes humanos. Éstos son los nuevos espacios de la lucha política, y su fin primordial, preservar la apropiación común de los derechos y los bienes colectivos de la humanidad. Ya no puede haber otra instancia de justificación más radical de la política democrática y sus mediaciones institucionales.
3) La primacía de los pobres. Hay algo que concreta más, si cabe, lo dicho sobre el mercado y su regulación "social y política", con todos los argumentos dados. Al interesarnos por la realidad, mundial o local, la historia nos reclama algo con urgencia moral absoluta y, por tanto, una primacía concreta en la política: atender a las consecuencias de la globalización neoliberal sobre los pobres. Los pobres, más allá de nuestro debate sobre qué teoría y sistema social son más eficientes y, sobre todo, más allá de si compartimos ya una alternativa social completa, los pobres nos ponen ante situaciones de extrema necesidad, situaciones que no pueden esperar a la resolución de debates ideológicos, y ante las que no cabe transigir por realismo político. A veces, atender a estas situaciones, será lo único posible y, sin duda, siempre, irrenunciable. Nuestra intransigencia moral tiene que plasmarse, en este caso sin aceptar dilación alguna, en exigir medidas reguladoras del mercado de los globalizadores que palien sus efectos más perversos contra los pobres. Éste es un elemento que no debería entrar en la balanza de las concesiones políticas del pacto social. En la “sociedad mundial y única”, sin olvidar cada una de las sociedades particulares, se impone atender al hecho de los 50 PMA (países menos adelantados o más pobres del mundo), 34 de los cuales son africanos, que suponen más de 600 millones de personas viviendo en situación de absoluta falta de condiciones para la dignidad humana, es decir, pobreza extrema y creciente, en palabras de la Organización de Naciones Unidas. El propio FMI reconoce que casi la mitad de la población mundial vive en la pobreza y 1.200 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día. La distancia en términos relativos entre los países desarrollados y en desarrollo nunca fue tan amplia e injusta. Lo que sabemos, y luego repetiré con más detalle, sobre condonación de la deuda externa de los países más pobres, sobre la cantidad y calidad de la AOD, sobre los Planes de Ajuste Estructural y la satisfacción de las necesidades básicas de unas poblaciones hambrientas y empobrecidas, sobre unos acuerdos comerciales injustos, sobre el papel de las instituciones económicas multilaterales, sobre el descontrol de los movimientos de capitales, y más aún de los puramente especulativos, es ya irrenunciable políticamente.
4) Luego, ¿qué será lo más urgente en orden a la gobernación democrática y planetaria que reclamamos, si las situaciones de pobrezas nos interpelan por doquier, y los bienes y derechos comunes e indivisibles están más amenazados que nunca por la globalización neoliberal y sus efectos, y, en consecuencia, hacen más imperiosa si cabe su administración en común? La institucionalización de esa gobernación política planetaria debe crecer a la par que tomamos ya las medidas políticas más urgentes, "una nueva arquitectura financiera y comercial planetaria, según criterios de eficiencia económica humana, equitativa y sostenible", pues la reforma del presente estado de cosas, financiero y comercial, es "la gran prioridad mundial", como se ha dicho desde altas instancias de las Naciones Unidas (ONU) y lo dice la crítica social mejor fundada. En su defecto, la democracia de cada Estado, y sus decisiones de política económica, son papel mojado. La simple apertura comercial de los países industrializados, “sólo contribuirá a mejoras sociales”, si plasma “más como mercado justo y sostenible, sobre todo para el Sur, que no como simplemente libre”. Si avanzamos en esta estrategia, la que combina institucionalización democrática del gobierno del mundo, y medidas urgentes que realicen ya algún control social de los mercados, podríamos entrar en una globalización digna de la democracia internacional y de la condición humana.
