Uruguay debate desde hace años sobre la legislación en torno a la muerte, estando en tramitación actualmente un proyecto de ley “que busca dar respuesta a la enfermedad o el sufrimiento, promoviendo la muerte de la persona”. Ante esta tesitura, los obispos uruguayos han elaborado una declaración sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido que lleva por título “Afrontar el Final de la Vida”, queriendo ser un aporte al debate público.

El texto parte de la definición de lo que se entiende por eutanasia desde la Conferencia Episcopal del Uruguay: “una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor”, definiendo también el suicidio médicamente asistido.

La declaración consta de tres partes, en las que se expone lo que está siendo tratado y se hace un breve resumen conclusivo. La primera, titulada “En favor de una cultura de la vida”, parte de la idea de que “la vida de cada persona es bella, única, irrepetible e insustituible”, insistiendo en el sentido de la vida en toda persona y en todo momento, también del débil, sufriente o al final de la vida humana. Esto lleva a los obispos a defender la necesidad de “acoger, proteger y acompañar a la persona en la etapa final de su vida”, y junto con ello de que las leyes defiendan siempre la dignidad de la persona y garantizar su cuidado, resaltando la importancia de los cuidados paliativos, que en Uruguay “han adquirido un gran desarrollo, aunque aún hay mucho por hacer.

La segunda parte presenta los criterios para el debate social ante las nuevas propuestas, partiendo de la idea de que la eutanasia y el suicidio asistido son éticamente inaceptables, considerándolo “un delito gravísimo porque atenta contra el más fundamental y básico de todos los derechos humanos”.  Los obispos sostienen ante la eutanasia y el suicidio médicamente asistido que “jurídicamente, implica cambiar el valor absoluto de la vida humana y su carácter de derecho humano fundamental indisponible e irrenunciable, contra la Constitución y los Derechos Humanos”.

Ellos distinguen el orden legal del moral, y analizando diferentes artículos de la Constitución del país, señalan que “el proyecto presentado quiere modificar la valoración social del principal derecho: el derecho a la vida”. Desde el episcopado uruguayo se considera que se quiere legalizar el suicidio y homicidio compasivo, con términos ambiguos y fundamentos frágiles. Desde ahí señalan las previsibles consecuencias, que definen como “una pendiente resbaladiza”.

El tercer bloque propone como alternativa una cultura del encuentro y del amor, reflexionando sobre la verdadera compasión y el respeto a la dignidad de la persona, que sitúan en el “acoger al enfermo como persona que está atravesando una situación dura, transmitirle lo valiosa que es su vida”, así como el trato y una medicina respetuosos. En ese sentido, se defiende que “la recta compasión no es obstinación terapéutica”, colocándose a favor de leyes que favorezcan el acceso universal a la medicina paliativa y a un sistema nacional de cuidado. Por eso, se defiende la Buena Noticia de Dios como plenitud de vida y amor, dado que “la vida humana es creada y sostenida por Dios”.

Finalmente, la declaración presenta un resumen conclusivo, que en 9 puntos recoge los aspectos fundamentales abordados a lo largo del documento, resaltando que “como obispos del Uruguay hemos querido hacer nuestro aporte en esta importante problemática moral”. Desde ahí invocan “la protección del Altísimo para que ilumine a los representantes del Pueblo a fin de que legislen a la luz de la dignidad de la persona y los Derechos Humanos”.