Una toma de posición tras un tiempo de escucha, queriendo denunciar una realidad marcada por la violencia. Este fue el objetivo de la relatoría realizada por la 6ª Semana Social Brasileña tras la misión llevada a cabo en el Estado de Maranhão del 20 al 25 de junio de 2022, algo que fue recogido en una declaración escrita dada a conocer este lunes.

Durante la misión, se visitaron las familias de las víctimas, hubo conversaciones con las comunidades, una audiencia pública y un seminario con Pastorales Sociales y Movimientos Populares. Fue una oportunidad para "escuchar las violaciones sufridas en aproximadamente 35 comunidades en diferentes territorios del Estado de Maranhão", constatando así "la dramática situación en la que se encuentran los pueblos y comunidades tradicionales de Maranhão, así como las poblaciones empobrecidas del campo".

El texto relata algunas de estas situaciones: incumplimiento en la implementación de políticas públicas; promoción del proyecto MATOPIBA impulsando el agronegocio, la minería y otros grandes proyectos de desarrollo económico; asesinato de 14 líderes, defensores de la naturaleza y sus territorios, entre 2020 y 2022 en ese Estado; 77 personas con amenazas de muerte; presión contra las comunidades, que están en permanente temor y pánico; aniquilación de las fuentes de alimentación; licenciamiento ambiental al servicio del agronegocio.

Ante esto, se formulan algunas demandas urgentes: la efectividad de la regularización de los títulos de propiedad de la tierra por parte del INCRA; la actuación del Ministerio Público Federal ante los conflictos agrarios y las amenazas de muerte; la aprobación e implementación de la ley que prohíbe la fumigación aérea de plaguicidas en todo el estado; la revocación de las licencias ambientales emitidas arbitrariamente; la atención sanitaria a las víctimas de los plaguicidas; la asistencia psicosocial a las familias de las víctimas asesinadas; la protección de los niños y adolescentes impactados por la violencia sufrida; las políticas públicas para garantizar condiciones de vida dignas en las comunidades rurales.

Pero también hay signos de esperanza, según el texto, que muestran que las comunidades se organizan y resisten con esperanza y fe, como personas valientes, creativas y solidarias, apoyadas por Pastorales Sociales y Movimientos Populares.

Por ello, la Misión de Escucha, Misión-Denuncia, se compromete a finalizar el informe detallado del proceso vivido, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos de estas poblaciones y el cuidado de la Casa Común. Los participantes en la Misión afirman que continuarán "con la fe y el coraje necesarios para hacer frente a cualquier signo de violación de la dignidad de estas personas que son guardianes de la naturaleza". Algo que nace de su deseo, junto con el Papa Francisco, de globalizar "la esperanza, que nace de los pueblos y crece entre los pobres".