Días atrás, el papa Francisco se negó a aceptar la renuncia del cardenal alemán Reinhard Marx a su cargo como arzobispo de Munich y Frisinga. A través de una carta, el prelado (uno de los principales colaboradores del pontífice) había aceptado que ha habido “fallos personales”, “errores administrativos” y “un fracaso institucional y sistémico” en la respuesta de la Iglesia alemana ante la crisis de los abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes.

Según Marx, algunos católicos se niegan a creer en la existencia de una responsabilidad compartida en medio del problema y, “por tanto, que la Iglesia como institución también debe ser culpada de lo sucedido”; inclusive, desaprueban la discusión sobre las reformas que exige hacerle frente a la “catástrofe”.

El hecho puso en primer plano las resistencias que existen en la Iglesia alemana y en otros sectores del catolicismo frente a las acciones en curso para responder por las estructuras de abuso y encubrimiento dentro de la Iglesia católica. ¿Qué está haciendo el Vaticano en atención al problema? ¿Qué piensa alguien que acompaña los esfuerzos del Papa al respecto? ¿Qué exigen quienes creen que todavía hay mucho por delante? A continuación algunas respuestas.

Medidas importantes pero insuficientes

Desde su elección en 2013, Francisco dio continuidad a acciones emprendidas por la Santa Sede en atención a la crisis desatada por la pederastia clerical y el encubrimiento eclesiástico de miles de delitos en distintos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Australia y Alemania. En coherencia con su estilo de gobierno, creó diversas instancias de consulta; entre ellas, el Pontificio Consejo para la protección de menores, entidad de la que hace parte el obispo auxiliar de Bogotá Luis Manuel Alí.

Según el prelado, el nuevo Libro Sexto del Código de Derecho Canónico, que entrará a regir en diciembre y tipifica los abusos sexuales como delitos contra la dignidad, integra la jurisprudencia desarrollada en los últimos años frente a la materia, incluida la que se produjo al final del ministerio de Juan Pablo II y durante los años de Benedicto XVI. Entre otras de las novedades del documento dado a conocer recientemente, Alí señala que se especifican las sanciones y el carácter obligatorio de reparar a las víctimas; que se incluye como formas de abuso el “grooming” y la difusión de imágenes pornográficas; que se concibe que el delito no solamente lo puede llevar a cabo un sacerdote, sino también un religioso y un laico con responsabilidades pastorales; y que las víctimas pueden ser menores de 18 años y personas adultas.

El compromiso de las autoridades eclesiásticas con “quienes afirman haber sido afectados” ya había sido planteado por Francisco en Vos estis lux mundi, un motu proprio de 2019 que exige a los obispos ofrecer asistencia médica, terapéutica y psicológica a las víctimas, “según sea el caso”; y “acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos”. El documento también había expuesto el procedimiento a seguir dentro de la Iglesia católica frente a cada denuncia, incluyendo el carácter obligatorio de informar a la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre todo proceso en curso contra algún sacerdote.

Tanto este último texto, como la nueva versión del Código de Derecho Canónico y otros documentos emitidos durante el ministerio de Francisco, asocian los abusos sexuales por parte de miembros del clero a formas de abuso de la autoridad, señalando algunos aspectos del ejercicio del poder dentro de la Iglesia católica como parte de la crisis desatada. El tema ha sido subrayado por investigaciones llevadas a cabo en Australia y Alemania, así como por sectores de la academia que buscan establecer la raíz del problema y sostienen que las medidas emprendidas por el Vaticano son importantes, pero siguen sin ser suficientes para hacerle frente.

El clericalismo como raíz

El informe de 2018 producido a instancias de la Conferencia Episcopal de Alemania afirma que la organización social de la Iglesia católica no es saludable, dado que facilita el abuso y su perpetuación, a falta de mejores mecanismos de control.

El teólogo Carlos Schickendantz, investigador de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, se ha ocupado de fuentes por el estilo para señalar que en la raíz de la crisis están el clericalismo y aspectos de la retórica institucional que lo sustenta. En 2017, frente al problema de los abusos, una comisión australiana ya había llegado a la conclusión de que el carácter sistémico de la crisis en el cuerpo eclesial tenía que ver con el clericalismo y otros factores: una imaginería patriarcal, determinadas teologías sobre la Iglesia y el sacerdocio, algunas limitaciones del derecho canónico y una cultura del secreto.

En el conjunto de esos y otros elementos, Schickendantz no solamente ubica al clericalismo como raíz de la crisis, sino también como obstáculo para las reformas impulsadas desde el Vaticano. Por su parte, el abogado chileno Juan Carlos Claret, que ha documentado en su país al menos 362 denuncias de abusos clericales entre 1905 y la actualidad, sostiene que detrás de la negativa dentro de la Iglesia católica a aceptar de manera más amplia que los abusos sexuales revelan el peligro que conlleva el modo como está organizado el ejercicio de la autoridad dentro de la institución lo que se esconde es el miedo a la implicación lógica: transformar la estructura del poder clerical, para que la seguridad de los menores no sea una cuestión de azar, sino que el derecho y la institución garantice su protección. Algo que no se da en el presente, según él, por la perpetuación de la impunidad que trae consigo, además, la posición privilegiada que la Iglesia católica ostenta en muchos países frente a la jurisdicción civil.

Claret, por ejemplo, ha investigado cómo el dinero para comprar el silencio de algunas víctimas en Chile fue movido antes a través de “fundaciones fantasma” de la Iglesia cuya contabilidad no está sometida a fiscalización debido a la Ley de cultos. A su juicio, el proceso constituyente que se lleva a cabo en su país es una oportunidad para reparar los vacíos legales que han convertido al Estado chileno en “cómplice pasivo” de formas de encubrimiento eclesiástico y en responsable por omisión de que no existan suficientes garantías para la protección en el ámbito católico.

El abogado también sostiene que buena parte del material probatorio sobre abusos sexuales por parte del clero y sobre encubrimiento a manos de varios obispos chilenos reposa hoy en el Vaticano, sin que las víctimas ni la opinión pública hayan podido tener acceso a la información que contiene. De ahí que Claret conciba como un antecedente para otros países la sentencia T-091-20 de la Corte Constitucional de Colombia que le ha permitido al periodista Juan Pablo Barrientos acceder a datos provenientes de archivos eclesiásticos donde reposan denuncias contra miembros del clero local.

“Hay alguna información que se puede dar, por supuesto, pero siempre respetando el debido proceso y la confidencialidad de todas las partes”, opina sobre dicha sentencia el obispo auxiliar de Bogotá Luis Manuel Alí. El prelado, que lleva ya muchos años trabajando en el campo preventivo y en el del acompañamiento y atención a víctimas, sostiene que si bien, frente al problema de los abusos, ha habido un crecimiento en la conciencia y en la responsabilidad de los obispos colombianos y de diversos sectores del catolicismo en el país, todavía falta muchísimo más por hacer. “Desearía que no fuera tan lento”, dice Alí, refiriéndose a dicho proceso y reconociendo que la crisis también ha comprometido la credibilidad e imagen de la Iglesia colombiana, así como la confianza de los fieles hacia sus pastores.

“¿Qué tan extendido está el encubrimiento entre los obispos colombianos?”, le pregunté al consejero papal durante una conversación vía telefónica, y he aquí su respuesta: “El encubrimiento ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido en la Iglesia en todas las jurisdicciones eclesiásticas”.

#6AM Todo comenzó con la denuncia de Pedro*. Después de varios intentos fallidos, pudo contar que desde sus 13 años comenzó a ser víctima de abuso sexual por parte de sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio https://t.co/lrNglwDJef

— Caracol Radio (@CaracolRadio) April 15, 2020

Incorporar estándares de buena gobernanza

Si bien Claret, quien acompaña a víctimas de abusos clericales en Chile, considera un avance que abusos por el estilo pasen a ser tipificados como delitos en la nueva versión del Código de Derecho Canónico, critica el lento ritmo de las acciones en respuesta a la crisis generada a nivel mundial y la pervivencia de expresiones que no dejan traslucir la dimensión real del problema.

Tanto él como el teólogo Carlos Schickendantz son de los que sostienen que la Iglesia católica debe incorporar estándares de buena gobernanza como la rendición de cuentas y la toma colectiva de decisiones. A su juicio, el exceso de monarquización y de rezagos de formas feudales de gobierno que dejan a la discreción de los obispos o a su “solicitud pastoral” la reacción frente al problema impiden que se haga más frente a un asunto de salud pública (tal y como cataloga el informe australiano a la crisis de abusos sexuales dentro de la Iglesia).

“La Iglesia es presa de su propia sombra”, sostiene Claret. Schickendantz, igualmente, opina que la reforma estructural del catolicismo es impostergable. Coinciden ambos con quienes creen que no solamente se debe intervenir la conciencia colectiva, sino también el tipo de relaciones dentro de la Iglesia: sus procesos, actividades y funciones, con el fin de que pueda superarse el fracaso institucional, sistémico y global, frente a un asunto puesto sobre la mesa, una vez más, por el cardenal Marx y el papa Francisco, en su reciente intercambio de cartas.