—¿Qué tipo de relación existe entre la profundización del dominio del Clan del Golfo en esta región de Antioquia y los megaproyectos de infraestructura y de minería a gran escala que avanzan tanto en Frontino como en Dabeiba? —le pregunté el viernes pasado a monseñor Hugo Alberto Torres. Concluía en este último municipio una misión humanitaria organizada por diversas instituciones del ámbito interreligioso, particularmente de origen católico, luterano y presbiteriano. El propósito del viaje había sido conocer de primera mano la realidad de varias comunidades indígenas tanto de Dabeiba como de Frontino afectadas por el conflicto armado y el abandono estatal, y así, posteriormente, poder visibilizar la crisis en la que se encuentran y llevar a cabo acciones de incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional.

—Ese es un tema que podríamos profundizar por mucho tiempo y con instancias de gran calado —respondió el obispo de Apartadó, en atención a mi pregunta. A lo lejos se veían avanzar las obras de la Autopista al Mar 2. Con una longitud concesionada de 254 km, entre Cañas Gordas y Necoclí, y una inversión capex de $1,8 billones, la vía 4G está a cargo de la concesionaria Autopistas Urabá, integrada, en orden de participación, por China Harbour Concessions Company S.L., China Harbour Engineering Company (Chec) Limited Colombia, SP Ingenieros, Unidad de Infraestructura y Construcciones Asociadas y Termotécnica Coindustrial—. Yo preguntaba en alguna de las comunidades en las que estuve —siguió Torres— cuál era la motivación para que los grupos al margen de la ley hicieran presencia en estos territorios aparentemente tan olvidados y tan sin interés para muchos, y la respuesta fue contundente: la coca es el motivo para que hayan estas fuerzas que tratan de proteger el cultivo y se aprovechan directa o indirectamente de sus ganancias. Pero, además, las comunidades comenzaron a contar que ya habían sido consultadas algunas personas, usualmente líderes, sobre temas de hidroeléctricas y minería de roca. Yo sí creería que detrás de toda esta posesión y dominio vendrá la gran minería. Esta parte de Antioquia está saturada de títulos mineros y el mapa geográfico ya está de cierta manera visibilizado como un potencial aurífero y de otros elementos. Todo este dominio va en función de esos megaproyectos.

A la mesa, también estaba sentado Luis Fernando Caisamo Iságama, consejero de derechos humanos y paz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Su voz aglutinó las voces de otros líderes embera, tanto hombres como mujeres, que por razones de seguridad debieron abstenerse de ofrecer declaraciones a la prensa esa mañana:

—Nosotros, los pueblos indígenas, nos hemos dado cuenta que se han realizado a nuestras espaldas estudios —dijo el representante de la OIA. A flor de piel llevaba el recuerdo de Kimy Pernía, el líder indígena que se opuso a la construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I y que fue asesinado hace 20 años por el proyecto paramilitar—. Ellos ya tienen toda la tecnología, toda la maquinaria para realizar estudios, inclusive aéreos, sobrevolando nuestros territorios. Hay una infinidad de estudios y muchas veces ellos, como saben que es territorio indígena, la única que ven es amedrentar a nuestros líderes, asustando a nuestros comuneros, porque legalmente no pueden estar allí. La única manera que ellos conocen es el miedo, la intimidación, la desaparición, el asesinato sistemático. Muchas veces estas transnacionales se ven apoyadas en estos grupos —concluyó tajante.

ENTRE MINAS ANTIPERSONALES Y MEGAMINERÍA

Así como Caisamo quiere ver libre de minas a cielo abierto el territorio indígena de Antioquia, otros embera, cuya integridad también debe ser protegida, llaman la atención sobre el hecho de que, tanto en Dabeiba como Frontino, así como en otros municipios cercanos, algunas áreas abarcadas por títulos de exploración corresponden a zonas contaminadas hoy por la instalación de minas antipersonales. Dichas áreas no solo coinciden con sitios en los que el Clan del Golfo le ha ido arrebatando poder al ELN, tras la salida de las FARC. También conforman el paisaje de los lugares en los que los embera están siendo sometidos a presiones por parte de foráneos que reparten billete para que los dejen entran a explorar.

Hay profesores indígenas atormentados por la posibilidad de que una mina antipersonal explote a su paso, entre barrizales. Hay otros que denuncian que, incluso, hombres del Clan del Golfo ocupan escuelas para fabricar dicha clase de artefactos. Montaña arriba se han presentado más accidentes de los que hasta el momento han salido a la luz. Involucran a mujeres y a niños. Hay comunidades confinadas que pasan hambre, mientras en sus territorios se advierte la presencia de informantes bien alimentados. Hombres, por lo general, venidos de afuera, ataviados con ropa negra y una que otra chaqueta de marca, que vigilan a plena luz del día las entradas a las veredas y a los resguardos, incluso a escasos metros de la vía intermunicipal y no a más de una hora, por ejemplo, del casco urbano de Dabeiba, rumbo a Mutatá.

Por cosas como esta última es que se multiplican los señalamientos sobre complicidad por parte, ya no solamente, de sectores de la fuerza pública, sino también de sectores de la clase política y económica de Urabá y del departamento, a los que —según se dice— les convendría el desplazamiento forzado y el despojo para materializar sus ambiciones en la denominada “mejor esquina de Sur América”.

El llamamiento que hacen las autoridades indígenas de Dabeiba y de Frontino sobre la grave crisis humanitaria en la que se encuentran sus comunidades ya fue escuchado por hombres y mujeres de varias iglesias, comprometidos con la construcción de paz. Ahora falta que el Gobierno actúe. De lo contrario seguirá pecando por omisión.

Conflicto armado y megaproyectos en el occidente antioqueño. @nomatarasishr@mambre61@jesuitajonathan@vicdurcaspic.twitter.com/bScc8OMvX3

— Miguel Estupiñán (@HaciaElUmbral) September 5, 2021

COMUNICADO

MISIÓN HUMANITARIA A FRONTINO Y DABEIBA

Del Domingo 29 de agosto al viernes 3 de septiembre, se llevó a cabo una Misión Humanitaria en área rural de los municipios de Frontino y Dabeiba en el departamento de Antioquia. En la misión participaron las Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y Medellín, las Diócesis de Apartadó, Quibdó, Itsmina-Tadó y Santa Rosa de Osos, las Misioneras de Santa Laura, Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora de Lourdes, Religiosos Claretianos, las Iglesias Luterana y Presbiteriana, la Organización Indígena de Antioquia y algunas organizaciones sociales.

Esta alianza se ha constituido como un equipo de trabajo conjunto que, bajo el nombre de SIZOCC (Solidaridad Interreligiosa en Zonas de Conflicto en Colombia), desde la perspectiva del Evangelio y el Pensamiento Social Cristiano, se propone acompañar a las comunidades afectadas por el conflicto armado y el abandono estatal, visibilizando sus situaciones de crisis humanitaria y realizando acciones de incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional.

De acuerdo a los pronunciamientos de las autoridades institucionales, y lo constatado en la misión humanitaria, en la zona actúan el Clan del Golfo (AGC) y el ELN, grupos armados que, además de sus acciones de ilegalidad, violan el Derecho Internacional Humanitario a través de la instalación de minas antipersonal, el reclutamiento de menores y jóvenes, las amenazas a líderes y comunidades, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, el confinamiento y la limitación de la autonomía de las comunidades.

La grave situación humanitaria de los habitantes de la región, hunde sus raíces en el evidente abandono estatal, caracterizado por la casi inexistente infraestructura vial, las pésimas instalaciones educativas, la precariedad del sistema de salud, la falta de acceso a servicios públicos y la deficiente política pública de apoyo a la productividad. Preocupan, de manera particular, tanto la falta de control territorial de la Fuerza Pública como la posición geoestratégica del territorio para actuales y futuros megaproyectos.

Las comunidades experimentan esta situación como un hecho victimizante en el que confluyen las afectaciones de la institucionalidad y de la ilegalidad. El nivel de violencia es tan exasperante que el temor, el sentimiento de desprotección y la humillación constante en la que viven sus habitantes, les plantea un panorama de angustia y desesperanza.

La presencia permanente en el territorio por parte de la iglesia católica y de otras iglesias, se ha consolidado con esta misión humanitaria en la cual participaron más de cincuenta personas en actitud de escucha y solidaridad. SIZOCC se propone continuar con su cercanía a la población civil a través de iniciativas de fortalecimiento a las organizaciones comunitarias, apoyo psicosocial y capacitación en prácticas sostenibles de economía social. No se pretende reemplazar al Estado sino apoyar, en la perspectiva del humanismo cristiano, el crecimiento humano y espiritual de las comunidades vulneradas en sus Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Encomendamos al Dios de la vida, el presente y el futuro de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan en estos dos municipios del Occidente de Antioquia.

Frontino y Dabeiba, viernes 3 de septiembre del 2021.

MIRE AQUÍ LA RUEDA DE PRENSA AL CIERRE DE LA MISIÓN:

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Lea a través de estos vínculos las demás entregas del especial:

Frontino y Dabeiba: una crisis humanitaria bajo lupa ecuménica.

"Yo sueño mi territorio en paz": la niñez indígena del occidente antioqueño.

Que todo embera sea un guardián de su territorio