Falta de transparencia, plazos cortos, revictimización... Portugal: Duras críticas de la asociación de apoyo a las víctimas a la Iglesia por las indemnizaciones

(7 Margens).- La Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas (APAV) ha hecho público un documento con un amplio abanico de críticas al reglamento de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) sobre indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales.

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En un documento titulado «Posición pública sobre las indemnizaciones a las víctimas de violencia sexual en el ámbito de la Iglesia católica en Portugal», la institución acusa a la jerarquía católica de establecer plazos cortos, comunicar mal, no evitar la revictimización de las personas que han sufrido abusos y «escalonar» los pagos.

«El plazo para reclamar las indemnizaciones de las víctimas de violencia sexual en la Iglesia católica es corto -seis meses, es decir, de junio a diciembre de 2024- y este plazo es muy diferente a la realidad de otros países que han iniciado acciones similares», comienza señalando la APAV en un comunicado que alcanza las 20 páginas.

Falta de difusión

Además, «esta posibilidad no ha sido ampliamente difundida, por lo que es posible que no esté llegando a más víctimas por no ser usuarias habituales de los servicios online», lamenta la asociación. Y «no se menciona cuánto tiempo se espera recibir una respuesta, y la idea parece ser que todos los casos se recibirán en ese periodo y sólo entonces se analizarán».

En cuanto al reglamento que define la concesión de las indemnizaciones, que ha sido objeto de numerosas críticas, incluso por parte de las propias víctimas, la APAV lamenta que haya sido publicado por el CEP «casi dos meses después del inicio del (breve) plazo de presentación de solicitudes, lo que supone una falta de transparencia e información, que también son derechos de las víctimas de delitos».

De su análisis del reglamento, la APAV concluye que es necesario «probar» el maltrato sufrido, lo que implica una «revictimización». En su lugar, argumenta la APAV, «las decisiones sobre indemnizaciones deberían basarse en un principio de presunción de victimización, es decir, el testimonio de las víctimas y el impacto que expresan deberían ser prueba suficiente de la victimización sufrida».

"Apolítica y aconfesional"

La organización, que se autodefine como «apolítica y aconfesional» y recuerda que «lleva casi 35 años apoyando a las víctimas de delitos», critica también la «fuerte presencia de elementos vinculados a la Iglesia católica en todo el proceso de toma de decisiones -tanto en la instrucción de la solicitud como en la determinación de la cantidad a pagar, teniendo en cuenta que es la Iglesia católica la que toma la decisión final». Concluye que «para las víctimas, esto puede no ser visto como una acción imparcial, que es central en este proceso y a la que tienen derecho».

La posición pública también señala que parece haber un «escalonamiento» de las víctimas según el tipo de actos sufridos, lugares, frecuencia, reacción de las personas de su entorno, entre otros criterios recogidos en el Reglamento CEP. Ante esto, la APAV defiende que «las indemnizaciones se concedan caso por caso, pero que los criterios para decidir las cuantías no se “tabulen” de esta forma, sino que se determinen en la misma línea que los adoptados por la jurisprudencia portuguesa».

El documento finaliza reiterando la voluntad de la APAV de «prestar apoyo especializado a las víctimas de violencia», recordando que, entre sus 84 servicios de proximidad, cuenta con APAV CARE, la red nacional de apoyo especializado para niños y jóvenes víctimas de violencia sexual (aunque ya sean mayores de edad), con la que se puede contactar por los siguientes medios:
- Correo de apoyo a las víctimas: care@apav.pt