El presidente de Guadalupex pide la colaboración del nuevo arzobispo de Toledo Francisco Gómez: "Guadalupe debe pertenecer a la jurisdicción que razonablemente le es propia"

Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, declarada por el Papa San Pio X, en 1907, Patrona Principal de toda la región de Extremadura, y que actualmente sigue perteneciendo al arzobispado de Toledo, en el territorio civil de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, constituye una sinrazón y vulnera el deseo justo de los extremeños, tanto desde el punto de vista religioso, como en un plano social, sentimental y espiritual.

El arzobispado de Toledo debe colaborar eficazmente para que Guadalupe y su Monasterio pase a formar parte de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, que comprende el arzobispado de este nombre y los obispados de Coria-Cáceres y Plasencia.

Es cierto que el arzobispado de Toledo ha sido el responsable de que este asunto no se haya resuelto hace años, ya que ha defendido a ultranza su jurisdicción, y se ha negado incluso a poder hablar de este asunto, lo que no debe sorprender ya que es difícil, por no decir imposible, encontrar argumentos que avalen la situación actual.

Hay que recordar que la amplitud jurisdiccional del todo poderoso arzobispado de Toledo en la época medieval, una de las menos edificantes de la historia de la iglesia, se debía a compras o derechos de conquista, que posteriormente se perpetuó, en la mayor parte de los casos, a lo largo de la edad moderna.

Esto explica que en estos últimos siglos se hayan desmembrado, del citado arzobispado de Toledo las diócesis de Ciudad Real, Madrid-Alcalá, Albacete, Guadix-Baza (Granada), y Jaén, adaptándose a nuevas realidades y necesidades pastorales, sociales, demográficas, y tantas otras devenidas por la evolución y el cambio de los tiempos, que han afectado tanto a la iglesia como a la sociedad civil.

El ejemplo más significativo es el de Madrid, que ha pasado de ser un obispado compartido con Alcalá a un arzobispado, sede metropolitana de la provincia eclesiástica de Madrid, con las diócesis sufragáneas de Alcalá de Henares y Getafe, y en la actualidad regida por el arzobispo, cardenal Carlos Osoro, con la colaboración de cuatro obispos auxiliares.

En el caso que nos ocupa sobre Guadalupe, conocemos por la historia que el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, en 1222, adquiere mediante compra los derechos sobre los territorios orientales extremeños al conde Alfonso Téllez, que los poseía por razón de conquista a los musulmanes.

Dejando aparte otras consideraciones históricas y también las distintas etapas y vicisitudes por las que pasó el Monasterio, conviene, sin embargo, recordar que el período más floreciente del mismo, tanto en el ejercicio de la caridad y obras de misericordia, como en los distintos saberes, de los que fue referente en el campo de la ciencia y las letras, se produjo a partir de la llegada de los Jerónimos en octubre de 1389, donde permanecieron hasta la exclaustración en 1835.

Muchas fueron las prerrogativas y privilegios otorgados por la Santa Sede al Monasterio y al Prior. En lo referente a la administración de Sacramentos llegó prácticamente a la exención de cualquier autoridad diocesana, incluida la iglesia de Toledo, dichas exenciones eran solo de hecho y para evitar litigios en lo sucesivo, en 1424, el Papa Martín V expide una bula, mediante la cual concedía al Monasterio de Guadalupe y a la Puebla exentos de la jurisdicción ordinaria en lo espiritual y temporal, y desde ese momento “vere nullius”, y por tanto dependiente únicamente de la Santa Sede.

Estos breves apuntes nos confirman que no siempre, como se afirma y reitera en ciertos sectores, el Monasterio de Guadalupe estuviera bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo, ya que ésta correspondió, durante más de cuatro siglos, al Prior de los Jerónimos.

Mantener la situación actual carece de sentido y no es edificante para los fieles extremeños, y a su vez crea incomodidad en la jerarquía de la Iglesia. Conocemos que hace años se dieron pasos importantes para la resolución de este problema, siendo arzobispo de Toledo el cardenal monseñor Francisco Álvarez Martínez (1995-2002), pero fue tal la presión recibida que tuvo que desistir.

Con D. Francisco Cerro, como arzobispo de Toledo, todo puede cambiar, ya que él, siendo obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, reivindicó reiteradamente para la provincia eclesiástica de Extremadura la jurisdicción sobre Guadalupe y su Monasterio. El nuevo Primado de Toledo se reafirma en su compromiso y manifiesta su disposición a dar satisfacción a los justos deseos de los extremeños.

Es cierto que las expectativas actuales son favorables para la resolución de esta justa causa, que tenía que haberse resuelto hace tiempo. Mons.D. Antonio Montero, primer arzobispo de Mérida-Badajoz, ha manifestado en muchas ocasiones su decepción, por haberse jubilado sin conseguir la integración del Monasterio de Guadalupe, centro de espiritualidad de los extremeños, en el ámbito de la jurisdicción que razonablemente le es propia

En este mismo sentido se pronunció, en junio de 2017, el entonces Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal monseñor D. Ricardo Blázquez, en una reunión mantenida con la Asociación Cívica Extremeña Virgen de Guadalupe “Guadalupex”, que le expuso el tema relacionado con la jurisdicción del Monasterio de Guadalupe, a lo que el cardenal respondió con toda claridad, “que era un asunto que debería haberse resuelto hace años y que comprendía la indignación y enojo de los extremeños”.

Este nuevo escenario no debe dilatarse más tiempo y urge ya afrontar este problema con determinación y carácter preferente, por lo que el arzobispado de Mérida-Badajoz y los obispados de Coria-Cáceres y Plasencia, junto con el arzobispado de Toledo deben presentar la solución que estimen más conveniente, y que satisfaga el deseo justo, que durante tantas décadas, se viene reclamando.

Es cierto que en ocasiones se hablaba de la posibilidad de que Guadalupe fuera un Monasterio Pontificio o una Prelatura Territorial, pero todo ello obedecía a dar una solución, que fuera más fácil de aceptar por el arzobispado de Toledo, aunque éste nunca admitió diálogo alguno sobre este asunto. No obstante hay que tener en cuenta que una prelatura territorial o abadía territorial es según el Derecho Canónico “una determinada porción del pueblo de Dios, delimitada territorialmente, cuya atención se encomienda por especiales circunstancias, a un Prelado o Abad, que la rige como su pastor propio, del mismo modo que un obispo diocesano”.

Si lo que se pretende es que Guadalupe dependa de una jurisdicción dentro de la provincia eclesiástica de Extremadura, tanto la Prelatura Territorial como el Monasterio Pontificio no sería la mejor solución, ya que como diría Guillermo de Occam, no hay que multiplicar los entes sin necesidad.

Entre las posibilidades que no deben descartarse está aquella, que al igual el arzobispado de Mérida-Badajoz y la diócesis de Coria-Cáceres, se estudiara la opción de la diócesis de Plasencia-Guadalupe. Esta solución sería del agrado de todos, porque nuestra Patrona la Santísima Virgen de Guadalupe, no sólo pertenecería al ámbito jurisdiccional de la provincia eclesiástica de Extremadura, sino que se convertiría en diócesis con Plasencia, con lo que ello comportaría.

Solo pedimos una solución razonable, que satisfaga los justos deseos de los extremeños, y que no se considere este asunto como algo intrascendente.