"Estamos de vuelta en el pasado: hace décadas que no ocurría un golpe militar en América Latina" Frei Betto: "Los militares de Bolivia prefirieron cambiar los votos por las armas"

Sucedió lo inaceptable: Evo Morales derribado por un golpe militar. Hace décadas que no ocurría un golpe militar en la América Latina. Horas antes de ser depuesto, Evo había aceptado convocar a nuevas elecciones presidenciales. No obstante, los militares prefirieron violar la Constitución y cambiar los votos por las armas.

Estamos de vuelta en el pasado, cuando golpes militares derribaron a presidentes democráticamente electos: Guatemala y Paraguay (1954), Brasil (1964), Perú (1968), Uruguay y Chile (1973), Argentina (1976), República Dominicana (1965), El Salvador (1979) y Bolivia (1980). En nuestro continente han tenido lugar en fecha reciente golpes parlamentarios, como los que derribaron a los presidentes Zelaya en Honduras (2009), Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil (ambos en 2016).

Esta coyuntura demuestra la fragilidad de las instituciones democráticas en la América Latina. Ni los gobiernos progresistas lograron fortalecer la estructura democrática y, en especial, el empoderamiento popular, base de la democracia, mediante la valorización de los movimientos sociales.

Las recientes manifestaciones en Ecuador y Chile demuestran que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos está más atenta a los dictados neoliberales del FMI y el Banco Mundial que a los preceptos constitucionales. Se gobierna para que el PIB crezca, no para mejorar la calidad de vida de la población ni, sobre todo, para reducir la desigualdad social. Los privilegios de la élite empresarial y financiera se consideran más importantes que los derechos humanos.

Lamentablemente, Brasil no es inmune al virus golpista. Basta recordar que el diputado federal Eduardo Bolsonaro declaró en un video en julio pasado que bastarían un cabo y un soldado para cerrar el Tribunal Supremo Federal. Y, en fecha reciente, mencionó la puesta en vigor nuevamente del AI-5[1] como salida para la crisis brasileña. Su padre, el presidente Bolsonaro, admitió en público en septiembre de 2018: “No acepto ningún resultado de las elecciones que no sea mi elección”.

Nuestro sistema judicial no procedió contra un candidato que, sin medias tintas, se manifestó a favor de la tortura, el fusilamiento de los opositores a la dictadura, la homofobia y el prejuicio contra negros, indígenas y nordestinos.

La inercia de la sociedad civil puede servir de caldo de cultivo para las semillas autoritarias diseminadas por el país y fecundadas por el desmontaje de la cultura, los impasses de la economía y el agravamiento de la miseria (según el Instituto Brasileño de Estadísticas, 13,5 millones de brasileños sobreviven con ingresos diarios inferiores a 8 reales, y 52,5 con una entrada mensual inferior a los 420 reales).

Brasil no se merece que vaya a dar al basurero de la historia la sufrida y heroica lucha de quienes, a lo largo de 21 años (1964-1985), resistieron a la dictadura hasta que fue barrida de nuestra historia por el advenimiento de la redemocratización en 1985 y la aprobación de la Constitución Ciudadana en 1988.