El secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores responde a la información de Miguel Estupiñán Luis Manuel Alí: "Los afectados, que son siempre nuestra prioridad como Iglesia y sociedad, merecen toda nuestra atención y cuidado"
"Más allá de cumplir con las formalidades del derecho canónico, mi compromiso siempre ha sido proteger a los más vulnerables y acompañar a las víctimas, trabajando incansablemente por entornos seguros en nuestras comunidades eclesiásticas"
"Me duele pensar que las acciones tomadas puedan interpretarse de otra manera, especialmente cuando los afectados, que son siempre nuestra prioridad como Iglesia y sociedad, merecen toda nuestra atención y cuidado"
| +Luis Manuel Ali, Obispo auxiliar de Bogotá, Secretario general de la CEC
Estimados Señores:
He leído con profundo dolor y preocupación el artículo publicado el pasado domingo 17 de marzo por Miguel Ángel Estupiñán, corresponsal en Colombia de Religión Digital. El artículo hace severos juicios sobre mi persona, basados, creo, en informaciones erróneas. Sólo puedo imaginar cómo estas afirmaciones han afectado a las víctimas y sobrevivientes de abusos en la Iglesia, y a nuestra comunidad, que siguen siendo de suma importancia para mí.
Por lo tanto, me corresponde aclarar los acontecimientos de marzo de 2020 a los que se refiere el artículo, con la esperanza de que lo que comparto pueda contribuir a disipar las inquietudes suscitadas.
En la tarde del martes 3 de marzo, como obispo auxiliar de la curia de la Arquidiócesis de Bogotá, recibí en mi despacho a Monseñor Humberto Lugo.
Los hechos que me relató acontecieron en la diócesis de Ocaña y los dos sacerdotes implicados residían y tenían licencias sacerdotales de la diócesis de Facatativá. Me dijo que las víctimas se habían presentado ante él. Le recordé que, al ser él la persona que había recibido la denuncia, tenía la obligación de notificarlo a las autoridades civiles. También le informé de que tendríamos la obligación de remitir toda la documentación que se nos transmitiera a las jurisdicciones encargadas de iniciar los procesos canónicos y civiles, es decir, las diócesis antes mencionadas. Conocedor de las normas canónicas, aceptó.
Aunque el mismo día de la cita llevó copia de los documentos, prefirió esperar y entregarlos el viernes 13 de marzo. Mons. Lugo me consignó ese viernes dos grupos de fotocopias para que yo se las remitiera a los obispos de Ocaña y Facatativá. El lunes 16 de marzo, por medio de una carta escrita por mi persona, envíe a los señores obispos de las dos jurisdicciones el material, y a Mons. Lugo una carta informándole sobre él envió de los documentos.
Más allá de cumplir con las formalidades del derecho canónico, mi compromiso siempre ha sido proteger a los más vulnerables y acompañar a las víctimas, trabajando incansablemente por entornos seguros en nuestras comunidades eclesiásticas. Me duele pensar que las acciones tomadas puedan interpretarse de otra manera, especialmente cuando los afectados, que son siempre nuestra prioridad como Iglesia y sociedad, merecen toda nuestra atención y cuidado.
Valoro profundamente la precisión y la integridad en la información, principios fundamentales en el periodismo. Por ello, les solicito que revisen los hechos presentados en su artículo y consideren emitir una rectificación para reflejar la realidad de los acontecimientos.
Cordialmente,
+ Luis Manuel Alí Herrera
Obispo Auxiliar de Bogotá
