A la espera del jaque mate definitivo al Sodalicio (una presunta secta destructiva), el Papa expulsa a 10 de sus cabecillas, incluido Alejandro Bermúdez, que va por ahí presumiendo de 'periodista católico' y hasta a un obispo, José Antonio Eguren. En la decisión personalísima de Francisco, hay una serie de elementos muy novedosos e inéditos en la historia reciente de la Iglesia católica.

Hay que resaltar, en primer lugar, la enorme valentía de la decisión papal, tomada después de haber enviado a Perú a la misión especial Scicluna-Bertomeu.

El 10 de noviembre de 2022, Francisco recibió por fin a Paola Ugaz, una periodista perseguida en Perú por los jueces y por muchos políticos: en estos días ha tenido que pedir amparo a la Santa Sede tras el ulterior intento de los jueces peruanos de amordazarla como periodista al levantarle el secreto de sus comunicaciones. Entre los motivos, no solo la violación de un derecho fundamental suyo, sino el que aquellos jueces no han considerado que con esta decisión, a todas luces injustificada y con aires de república bananera, ponen también en jaque la soberanía del Vaticano, pues entre las comunicaciones de Paola Ugaz están sus contactos con el mismo Santo Padre y otros altos dignatarios de la Curia romana.

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La entrevista de Paola con el Papa, concertada mucho antes, se suspendió por el estallido de la pandemia. Tras escucharla y valorar su testimonio en profundidad, el 5 de julio de 2023 el Papa decide enviar a Perú una ‘misión especial’ pontificia, con el encargo de llevar a cabo una investigación seria, rigurosa e imparcial sobre Sodalicio de Vida Cristiana. Al estilo, de lo que esa misma comisión había hecho antes en Chile o Jordi Bertomeu, solo, en Paraguay y algún lugar más de Hispanoamérica. Al estilo de lo que seguramente deberán hacer en otros tantos países.

La medida papal fue vista desde el primer momento como una clara toma de conciencia de Francisco sobre la Iglesia que quiere: una Iglesia menos abusadora, una Iglesia del cuidado donde sean intolerables algunos comportamientos deplorables por parte de los que presumen de ser católicos a machamartillo y van por la vida otorgando carnés de catolicidad. Una Iglesia sin nuevos torquemadas polarizadores, sino centrada en Cristo.

Otra consecuencia que se deriva de esta intervención especial sobre el Sodalicio, una estructura eclesial transnacional y económicamente muy poderosa, un verdadero holding de empresas, es la necesidad de que estas misiones especiales se institucionalicen, es decir se conviertan en estables. Muchas víctimas pasan años viendo sus expedientes vegetar en curias diocesanas o dicasterios romanos, por mil razones. Principalmente, por la falta de especialistas en la Iglesia en derecho penal canónico. Pero también por la corrupción de aquellos que, dejándose comprar, miran para otro lado cuando reciben una denuncia.

La principal razón para esta institucionalización de la misión Scicluna-Bertomeu radica en que la Iglesia aglutina un enorme conglomerado de institutos religiosos, asociaciones y movimientos que, por ser tan numerosos y tener tanto poder, sobretodo económico (universidades, colegios, empresas de todo tipo), pero también político y mediático (el Sodalicio fue por años el propietario de ACI prensa) se tornan incontrolables para la institución. Es decir, superan el control que pueden ejercer sobre dichos entes eclesiásticos los obispos e, incluso, la propia Santa Sede.

Por otra parte, esta sentencia contra el Sodalicio incorpora una serie de comportamientos considerados punibles aunque no estén tipificados como tales en el código de derecho canónico. Con creatividad y sin desmerecer el rigor canónico, pueden ser castigados.

Se trata de comportamientos que la sociedad denosta y no tolera más. Por ejemplo, es muy novedoso que se hable del hackeo o, lo que es lo mismo, de la violación de la intimidad y las comunicaciones de cualquier miembro de las instituciones católicas. Por eso Francisco asegura que son conductas intolerables también en la Iglesia.

El Papa habla, además, del encubrimiento e incorpora el mobbing o el acoso en el lugar de trabajo como una forma de abuso de poder y de autoridad.

La tercera gran novedad de esta decisión tan particular es que se trata de la primera vez que se castiga a un periodista por el ejercicio de su profesión periodística como católico. Más en concreto, se sentencia que Alejandro Bermúdez es un consagrado que en vez de hacer apostolado auténtico con su profesión, ha utilizado el periodismo para defender “la verdad católica a cualquier precio”, incluso con insultos y amenazas, sobre todo a través de las redes sociales. Desde su expulsión acaecida anteayer no ha dejado de hacer gala de los motivos por los que ya no es sodálite.

Con esta expulsión el Papa quiere parar de raíz la dinámica en la que caen a menudo los periodistas ‘de cruzada’, pertenecientes al sector rigorista de la Iglesia y está abriendo la puerta a proceder incluso penalmente contra aquellos que se presentan como católicos o ultracatólicos doctrinarios. Quieren defender la Iglesia pero a cualquier precio, donde todo vale: el insulto, la descalificación gratuita, el acoso mediático, la amenaza. Olvidan que en la práctica están lesionando los derechos de muchos fieles, asi como la imagen de la Iglesia.

¿Seguirá, ahora, Alejandro Bermúdez ejerciendo el periodismo? ¿Se lo permitirán sus empresas, todas ellas operando bajo el paraguas de la credibilidad que da la Iglesia católica? ¿No significa nada para ellas que Bermúdez haya sido castigado por "abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo” o ejercicio inmoral de una profesión que tiene una deontología, más exigente aún en el caso de uno que se profesa católico en público? Ciertamente, no todo vale tampoco en el periodismo y en general en la comunicación católica.

Otro elemento importantísimo, quizás también inédito, es que, por vez primera en una sentencia de este tipo se habla de comportamientos sectarios en la misma Iglesia, es decir, de comportamientos por los cuales los abusos físicos cometidos por el superior contra el súbdito son el primer paso para poder quebrarle la voluntad y, seguidamente, abusar de él también psicológica y espiritualmente.

Según los expertos consultados, resulta muy interesante “esta incorporación al acervo judicial de la Iglesia de toda esta doctrina que se está generando en los últimos años sobre los comportamientos sectarios, sobre las sectas destructivas”. Resulta altamente preocupante que se reconozca que hay grupos eclesiales que han incorporado entre sus métodos formativos el control de la conducta (incluso con castigos sádicos, órdenes arbitrarias, obediencia ciega, etc), control del pensamiento (lenguaje sólo para iniciados, rechazo del análisis crítico) y el control emocional (limitar los afectos, provocar sentido de culpa o de miedo, confesión pública de faltas, creación de fobias).

De esta decisión se desprende que Figari fue más allá de su inicial tentación de crear una ‘Falange Española’ a la peruana. Con el método formativo pseudo militar convirtió el Sodalicio en un grupo muy parecido, sino igual, a las sectas destructivas de la persona.

Finalmente, otra cosa muy importante en la sentencia contra el Sodalicio es que el Papa va más allá de la estricta formalidad o del legalismo. Preguntando a algún canonista, este afirma que, si estos comportamientos fuesen considerados como penales, no hubieran podido ser nunca castigados, porque estarían más que prescritos la mayor parte de ellos.

A este tipo de argumentaciones se acogen también aquellos juristas y canonistas que creen que, ateniéndose a la letra estricta de la ley, protegen mejor a la Iglesia. Primero la institución y luego las víctimas. Con este corporativismo equivocado, nuestros obispos continúan tolerando comportamientos que son intolerables a todas luces.

Se ha demostrado, pues, que la Iglesia puede sancionar disciplinariamente, no necesariamente penalmente, conductas perjudiciales para la comunión eclesial (sobre todo si están prescritas), y proteger así a los fieles más vulnerables.

Por eso, aquí, el Papa, aconsejado por los mejores expertos, ha ido más allá. En el caso del Sodalicio, ha expulsado algunos de sus miembros denunciados ante la ‘Misión Especial’, tras el pertinente ejercicio del derecho a la defensa, como él mismo Bermúdez explicó recientemente.

Solo aplicando el can. 696, que prevé la expulsión de un consagrado por grave escándalo provocado por comportamiento culpable, ya había motivo suficiente para la dimisión. Todos conocemos los libros ‘Mitad monjes mitad soldados’, ‘Sin noticias de Dios’ y ‘La jaula invisible’. La pregunta surge sola: ¿porque las autoridades del Sodalicio tuvieron que esperar a que Francisco tuviera que intervenir con toda su autoridad?

Viendo el acoso mediático y judicial con el que las actuales autoridades sodálites, a través de Mons. Eguren, ex arzobispo de Piura, sometieron a los periodistas Ugaz, Salinas y Yovera, parece cada vez más evidente la necesidad de intervenir con todo el rigor en esta organización pretendidamente católica.

El Papa, con gran valentía, está haciendo en esta sentencia una aplicación creativa pero rigurosa del derecho. Sobre todo, pensando siempre en el bien de las víctimas. Como repite Francisco, las víctimas en el centro. Un toque de atención para el resto del episcopado mundial y los superiores de la vida consagrada.