El Gobierno no cumple con la sentencia de Estrasburgo FEREDE impugna el Real Decreto sobre la Seguridad Social de los pastores evangélicos
La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) interpuso el pasado 20 de noviembre un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, por el que se modificaba otro Real Decreto de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la FEREDE.
Tras la publicación el pasado mes de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), del citado Real Decreto, la Federación escribió de inmediato una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le expresaba su "decepción" por el texto al entender que la norma "no resuelve la situación de discriminación de los pastores evangélicos a los que no se les permitió cotizar como tales a la Seguridad Social antes de 1999".
Según recuerda el Gobierno en el Real Decreto, se vio la necesidad de modificar la norma anterior a este respecto que "no incluía cláusula alguna destinada a posibilitar que aquellos ministros de culto que se encontraran en edades cercanas a la edad de jubilación y acreditaran haber ejercido esa actividad en un momento anterior al 1 de mayo de 1999, pudieran ingresar las cuotas correspondientes y reunir así el periodo de carencia necesario para acceder a la pensión de jubilación".
Un pastor evangélico, Francisco Manzanas, interpuso una demanda contra España en reclamación de pensión de jubilación y culminó con una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado 3 de abril de 2012, en la que se reconocía que había existido una vulneración del artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que prohíbe la discriminación por motivos religiosos.
Por ello, según apunta el Gobierno, y "con el fin de evitar tratamientos desiguales", se consideró conveniente llevar a cabo esta modificación del Real Decreto incluyendo una nueva disposición adicional "equiparable, en lo que al reconocimiento inicial de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia se refiere, a la que se dictó en su día para el Clero Diocesano de la Iglesia Católica en la Orden de 19 de diciembre de 1977".
Sin embargo, la FEREDE considera que este texto tampoco cumple la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 3 de abril de 2012 que condenó a España. Concretamente, apunta que el Real Decreto "deja fuera a los pastores que por distintos motivos no pudieron ser dados de alta en la Seguridad Social justo el día 1 de mayo de 1999; no permite computar los períodos de ejercicio pastoral en el extranjero ni completar la cotización hasta el máximo de 38,5 años, pudiendo acceder solo, en el mejor de los casos, a la mínima pensión".
FEREDE revela que Rajoy no ha respondido a la misiva que le han enviado y en la que los evangélicos de España también lamentaban "la falta de consideración a las sugerencias y propuestas del Servicio Jurídico" e informaban al presidente del gobierno que estudiaban solicitar la impugnación del Real Decreto.
"En sus manos está modificar la norma. Mientras tanto, por nuestra parte, procederemos a la impugnación del Real Decreto con el fin de volver a llevar este vergonzoso asunto ante el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos", avisaban. Ahora, con el recurso presentado FEREDE da el primer paso en esta dirección.
Mientras tanto, la Federación continuará ofreciendo su apoyo jurídico a los pastores jubilados y a sus viudas. Actualmente, su consejero de Asuntos Jurídicos, Pablo Simarro, en colaboración con el Servicio Jurídico y la Oficina Técnica de FEREDE, gestionan varios procedimientos judiciales emprendidos por pastores evangélicos contra la Administración en defensa de sus derechos.
Asimismo, FEREDE hace un llamamiento a todos los pastores evangélicos que cumplan las condiciones del Real Decreto, para que contacten inmediatamente con sus oficinas para estudiar la forma de ayudarles en la defensa de sus derechos.
(RD/Ep)
