*Este texto continúa una discusión sobre los modelos de Educación Religiosa en la enseñanza pública en Costa Rica.

En una conversación informal, una docente de un colegio privado católico me comentó que había leído un artículo sobre la Educación Religiosa Escolar (ERE) en debate con mi persona. Lo leyó en el “Eco Católico”, periódico oficial de la jerarquía católica costarricense. Me recordé que la institución donde trabaja, como muchos otros centros de orientación católica, les da el “Eco” a los/as estudiantes pues ya ha sido pagado en las colegiaturas desde inicio de año pero, luego de que es entregado, un gran número de éstos se convierten automáticamente en material de reciclaje porque los/as estudiantes no se los llevan, menos aún se interesan en leerlos y, así, los desechan en cuanto llegan a sus manos. Lo acontecido con el citado periódico puede aportarnos pistas hermenéuticas.

En el Semanario “Eco Católico” del domingo 13 de noviembre de 2016, la profesora Ruth Vega brindó sus apreciaciones sobre el debate que hemos mantenido el filósofo Luis Diego Cascante (UCR), el arzobispo de San José y este servidor sobre la ERE en Costa Rica. Explica acertadamente cómo la sentencia 2023-2010 de la Sala Constitucional no ha sido acatada en todas sus implicaciones por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y esto constituye una irregularidad siendo una resolución vinculante y obligatoria. La resolución implica una “primera fase confesional” para todos los que profesen un credo distinto del católico (sin exclusión de éste, evidentemente) y una “segunda fase ecuménica o ecléctica”.

Ahora bien, precisemos detalles. Primero, la oposición que establece la señora Vega entre lo “real” y lo “ideal” en mi texto deviene falaz en cuanto opone principios que no se contradicen necesariamente, sino que buscan problematizar la discusión teórica. Lo que la Sala Constitucional ha exigido debe ser acatado por el MEP pero, problematizando, ¿esa primera fase “confesional” implica que todo estudiante, sea del credo que sea, debe tener un docente de su religión particular pagado por el estado? ¿Y si en la escuela están representados más de diez, veinte o treinta grupos cristianos diferentes entre sí (hay muchos más en Costa Rica, sin contar las religiones no cristianas, cf. L. Fuentes Belgrave, La tibieza de quien peca y reza, p. 80s.)? De este modo, ¿debe haber diez, veinte o treinta docentes de religión que atiendan simultáneamente, por sección, a dos o cinco niños/as cada uno? ¿Es esto posible? ¿Y las infraestructuras, el presupuesto de la República (impuestos de todo ciudadano, incluso de personas no religiosas, sigo señalando), la organización para los/as directores/as? Este tipo de cuestionamientos, que afectan al MEP, deberían ocupar nuestra atención para que la Sala Constitucional brinde claridad y luz respecto de su sentencia y, así, poder operativizarla.

Cada uno parte de su realidad y constato, según la mía, que lo que recibí en la lección de Educación Religiosa en mis tiempos como estudiante poco o nada ha cambiado. Es muy de “recibir” y muy de generar preocupación que en casi dos décadas todo siga igual. Es evidente que, para que las cosas cambien, una nueva conciencia debe gestarse, pero esto no implica, como expone la señora Vega, en su hermenéutica sesgada de lo propuesto por este autor, que “desaparezcan todos los docentes de Educación Religiosa formados en el Instituto Pedagógico de Religión o la Universidad Católica de Costa Rica”. Esto sí que sería un absurdo sobre otro absurdo. El cambio de conciencia viene necesariamente de la actualización del cuerpo docente. Un profesor/a que no se actualice, que no lea por su cuenta, se queda anclado en el tiempo y repite glosa. ¿Cómo alguien así puede formar críticamente a un/a ciudadano/a? Empero, a todo esto, ¿quiénes son los responsables de los docentes, su actualización y crecimiento? Además del deseo autodidacta de cada profesional, primerísimo y fundamental, el MEP cuenta con una instancia, el Departamento de Educación Religiosa (DER), del cual dependen los/as asesores pedagógicos de cada región escolar. Es a ellos, a nivel institucional, a quienes les compete y les urge. Muchos lo hacen, soy consciente, pero otros prefieren quedarse anclados y descansar.

¿Un cambio de mentalidad hacia caminos interreligiosos e interculturales implica la prohibición de las prácticas religiosas en los centros educativos? Naturalmente no. Si la comunidad educativa demanda una celebración litúrgica o de piedad popular y, tanto el docente de Educación Religiosa como el representante del credo particular, están de acuerdo, el principio de laicidad resguarda esto. Sin embargo, la realización de las mismas en horario escolar involucra a estudiantes y profesores de muchos credos o ninguno e implica que puedan estar excluidos de la celebración. ¿Qué hacemos para que todos/as se sientan “dentro”? La libertad religiosa vincula el derecho a manifestarse de todos/as, no sólo los que siempre lo han hecho y mantienen su espacio hegemónico. Así pues, deberíamos proponer encuentros y conversatorios ecuménicos, interreligiosos, interculturales, para que dichos espacios sean ámbitos de horizontalidad y pluralidad.

El juego retórico que emplea la señora Vega entre los términos “laico” y “laicidad” alude a una diferenciación que debería ser, mejor dicho, entre “laico” y “anti-religioso” pues es, en el fondo, el temor válido de quienes hacen estas distinciones de lenguaje. Sin embargo, el sustantivo abstracto “laicidad” no significa persecución religiosa o clerical, el adjetivo “laico” no significa prohibición a las manifestaciones de fe. Sino la separación entre lo institucional estatal y lo jerárquico religioso (cf. DRAE, “Laico”). Se trata de la implicación “postsecular” que valora los aportes de las comunidades de fe, por igual, en la construcción de la sociedad deseada (cf. J. Habermas, ¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho?, p. 29).

A todo esto debe enfrentarse el MEP, el DER, los docentes y los mismos estudiantes (que deberían estar presentes), en la construcción conjunta de los nuevos programas de estudio. Ciertamente, como apunta doña Ruth, construcción posterior al establecimiento de las “fases” primera y segunda, según las aclaraciones necesarias que debería dar la Sala Constitucional. Creo que en este punto debemos seguir aportando para un diálogo conjunto y continuado de las distintas visiones de Educación Religiosa que poseemos y para asumir el voto de la Sala tal como corresponde. Desde hace meses solicité, vía Asesoría Nacional de Educación Religiosa, un espacio de diálogo libre sobre mis ideas en este debate. Sigo esperando respuesta.

De nuevo: ¿cuáles clases de religión? Las que demanda la sociedad actual: abiertas, interreligiosas, interculturales, fundadas en la antropología de la dignidad. Un espacio de diálogo para las religiones pero también para quienes no son adeptos a ninguna o no son creyentes del todo. Quisiera decirle a mis colegas docentes de ERE, católicos practicantes muchos, que dirigirse al paradigma no confesional en las aulas no envuelve negar la fe personal: “La fidelidad optimal a la propia fe religiosa no excluye una apertura maximal hacia otras creencias” (H. Küng, Proyecto de una ética mundial , p. 161, subrayado mío). Hago mi propia distinción: una cosa es lo “real” que tenemos y otra cosa es lo “utópico” que propongo. Recuerde el amable lector que el género “utopía”, en Latinoamérica desde donde escribo, no tiene la carga semántica de “sin lugar”, sino más bien de “hagamos realidad ese lugar”.