Religión y el sofisma en Andalucía
Hace unos días, en un diario cordobés (www.eldiadecordoba.es), se podían leer las mezquindades de estómagos agradecidos respecto, una vez más, a los profesores de religión de educación primaria de Andalucía, y a sus previsibles condiciones laborales.
El citado diario trae, negro sobre blanco, que la responsable de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, Dª Manuela Gómez Camacho, ha realizado las siguientes manifestaciones: “Al no ser personal contratado por nosotros, no podemos hacer nada”.
Se está refiriendo a la situación a la que la Junta está abocando a este colectivo, en virtud de lo contenido en el proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, que desarrolla la LOMCE para este concreto nivel educativo, y que reduce la asignación horaria de la asignatura de religión, lo que, consecuentemente, provocará la reducción de este profesorado en parecida proporción, es decir, podrán ser despedidos o se les mantendrá con un contrato y unas retribuciones ínfimas para la dignidad de cualquier persona.
Y dice aquello, porque estos docentes de religión de educación primaria, al no estar transferidos a la Junta de Andalucía, dependen contractual y retributivamente del Ministerio de Educación, quien deberá asumir estas consecuencias arbitrarias y caprichosas, en una curiosa situación que cubre de mayor ignominia a los dirigentes andaluces, que sin vergüenza alguna dicen que tendrá que ser el “Ministerio de Educación quien dé respuesta a qué va a hacer con ellos y buscar una solución”.
Tamaña desvergüenza sólo es comprensible desde la bajeza moral y la despreocupación de quien está bien alimentado, aunque sus justificaciones se revistan con florituras como que, “se ha optado por reforzar y equilibrar los tiempos de las materias instrumentales como las matemáticas y las áreas de comunicación lingüística, tanto la Castellana como los idiomas extranjeros, áreas que son básicas por sí mismas, así como para que el alumnado pueda desarrollar las restantes áreas del currículo sin dificultad”.
En Andalucía, como en otros lugares, siempre se ha recurrido a que eran las administraciones públicas las que pagaban las decisiones de la jerarquía eclesiástica respecto a ciertos “despidos” de profesores de religión, pero ahora, a esa misma administración autonómica, no le duelen prendas en provocar una situación mucho más grave, en términos cuantitativos, más allá del incumplimiento de una norma de carácter supra legal como es un Acuerdo internacional.
El problema añadido, es que ese Ministerio de Educación que respecto a estos docentes hace de empresario, tiene una actitud parecida en el territorio en el que controla la fijación del horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas (Ceuta y Melilla), por lo que expresar, como hace la administración autonómica “el deseo de que tanto el Ministerio de Educación, que es quien contrata a este personal, como las autoridades eclesiásticas, adopten las medidas necesarias para que no se perjudiquen sus derechos laborales y profesionales como consecuencia de la regulación planteada por la LOMCE”, supera los confines del cinismo y de la falta absoluta de empatía.
En el presente caso, hay un despropósito de gravísimas y dolorosas consecuencias, tal y como se atisba el panorama, esto es, como una relación triangular o cuadrangular, donde primero se da una propuesta para enseñar (Obispos), luego una administración contrata (MEC) y la otra controla los centros públicos e impone los horarios y las jornadas (Junta de Andalucía), por lo que se rompe toda la lógica bilateral consustancial al contrato de trabajo, produciendo confusión y desconcierto en el papel desempeñado por cada uno de los sujetos, a costa de los trabajadores.
Esta situación “kafkiana”, deberán resolverla los Tribunales si así lo deciden los propios profesores, probablemente previa petición como medida cautelar, de la suspensión del apartado del Decreto que reduce el horario de la asignatura de religión, acreditando la difícil o imposible reparación del daño causado de aplicarse el mismo. Los recurrentes, tendrán sobrados motivos, los que a nadie se nos escapan, pero que pueden ampliarse tanto como la creatividad de los recurrentes.
También es cierto y más que probable, que las discrepancias bien conocidas, entre la Junta de Andalucía y los Obispos del Sur, hayan tenido estas consecuencias, a las que siempre ha estado sometido como moneda de cambio, el profesorado de religión, además del guiño simplista de los dirigentes de la Junta, en año electoral, para sus presuntos fieles. En definitiva, se mercantiliza la dignidad de las personas y se ignora el bien común con eufemismos vacíos.
En cualquier caso, pese a quien le pese, la clase de religión elegida por los padres de alumnos y, en su caso, por ellos mismos, es mucho más libre, coherente y democrática que la elección de la Presidenta de la Junta de Andalucía y todos sus asesores y cargos de “confianza”.
Todavía están a tiempo para rectificar: Por favor, háganlo.
