El arzobispo Charles Scicluna es el hombre fuerte del Vaticano en la persecución de los abusos a lo largo y ancho del mundo católico. El anuncio de una “misión especial” de colaboración a México despierta las suspicacias sobre el estado de los abusos, las víctimas y la prevención en este país de más de un centenar de diócesis y arzobispados.

Para Scicluna, México no es tema desconocido. Es el verdugo de Marcial Maciel, así es conocido en los medios. Sus investigaciones en torno al mayor de los pederastas clericales llevaron a la conclusión que confirmó los delitos cometidos por el fundador de los Legionarios de Cristo, abiertos desde finales de los noventa.

En diciembre de 2004, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, ordenó “una misión especial” para México. El padre Scicluna fue el delegado y encargado de reunir información verosímil de uno de los peores casos que comenzó la caída de una congregación todopoderosa. El 3 de abril de 2005 era el inicio de un parteaguas en la historia de la Iglesia de México que en su momento se resistió a creer sobre las acusaciones contra quien fue llamado pedagogo de la juventud.

La investigación de Scicluna consignó que en ese importante número de expedientes había testimonios suficientes de personas que revelaron las vejaciones de Maciel. Todavía bajo el secretismo y el encubrimiento, la cúpula de la Legión negó la intervención vaticana al punto de desestimar cualquier proceso canónico. Estaban equivocados.

Scicluna vino por algunos casos y al final reunió 30 expedientes de acusaciones contra Marciel Degollado. Casi cuatro veces más sobre las acusaciones originales de sobra conocidas en la tortuosa historia de los Legionarios de Cristo. Esto originó la intervención apostólica de la Santa Sede que indagó la vida secreta y los entramados que comenzaron la turbulencia de la congregación. Cinco delegados, Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid; Charles Joseph Chaput, arzobispo de Denver; Ricardo Ezzati Andrello, arzobispo de Concepción; Giuseppe Versaldi, obispo de Alessandria y Ricardo Watty Urquidi, obispo de Tepic, visitaron más de 300 comunidades legionarias entrevistando a más de mil de sus adeptos. Las conclusiones de los visitadores indicaron “serias consecuencias en la vida y en la estructura de la Legión, hasta el punto de hacer necesario un camino de profunda revisión”.

Maciel murió en 2009 sin que las víctimas conocieran la justicia y la reparación del daño. A diez años de su muerte, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu llegarán a un país donde el debate en torno a los abusos continúa y sigue lastimado a muchas víctimas en una guerra de números y de estructuras sin consolidar.

Los Legionarios continúan sufriendo el azote de imparables abusos cometidos por su fundador y que se extienden a otros miembros que conocieron a ese delincuente. El reciente informe de diciembre de 2019 admitió el abuso perpetrado contra 175 personas. Pero lejos de dar un reconocimiento, el documento provocó reclamos y dudas. Y aunque ese informe ha dado pauta para el mea culpa, para el Episcopado Mexicano las cifras parecen inverosímiles y artificiales.

Días después de la publicación del informe legionario, el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, manifestó su particular decepción sobre el documento. “Tardío e incompleto”, las sospechas del arzobispo de Monterrey apuntaron hacia una sistemática política de conspiración legionaria que afecta a las víctimas. y Con dureza, Cabrera López afirmó que al interior de los Legionarios el encubrimiento no debería ser tolerado. “Es tiempo de rendir cuentas y de poner la casa en orden…” dijo el arzobispo regiomontano.

Sin embargo, si algo caracteriza a la presente cúpula de la CEM es el esfuerzo de consolidar una estructura orgánica de cultura de la prevención y fin de los abusos. Antes de la cumbre antipederastas del Vaticano de febrero de 2019, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló a 152 sacerdotes responsables de conductas cometidas en agravio de menores. Los obispos de México dieron a conocer las acciones emprendidas para la prevención de abusos y la política de cero tolerancias contra clérigos pederastas. Cabrera buscaba mayores dientes para la CEM. Propondría al Papa Francisco que la presidencia del Episcopado concentrara todas las denuncias sin límites debido a la jurisdicción de los obispos.

Francisco recibió a la cúpula de los obispos mexicanos. Hace un año precisamente, a inicios de marzo, los arzobispos Rogelio Cabrera López, Carlos Garfias Merlos y los obispos Alfonso Miranda Guardiola y Ramón Castro Castro, integrantes del consejo de la presidencia, sostuvieron una reunión privada con el Papa. Cara a cara, los prelados ponían en la mesa los compromisos para garantizar la selección adecuada de sacerdotes, la prioridad a las víctimas y que las diócesis entraran al mismo saco de la prevención de abusos. Alfonso Miranda Guardiola, secretario de la CEM, es de los principales protagonistas en el impulso de la instalación del Equipo Nacional de Protección de Menores y de los organismos paralelos en cada diócesis; sin embargo, la marcha no ha sido como se quiere. De casi un centenar de jurisdicciones eclesiásticas, la CEM sólo reporta doce comisiones y dos en comunidades y congregaciones debidamente integradas. Las principales causas de esta lentitud están, principalmente, en la integración con personal debidamente capacitado que requiere de la formación adecuada para coadyuvar en estas delicadas responsabilidades; no obstante, los obispos mostraron su optimismo para que un mayor número de diócesis cumplan con estas obligaciones derivadas también de la cumbre antipederastia de febrero de 2019 en el Vaticano.

Sin embargo, los problemas parecen indicar que la CEM requiere de una estructura más organizada ante las cifras que no parecen tener plena concordancia entre el organismo y la del nuncio apostólico Coppola. A finales de diciembre, el representante papal diría que una investigación dirigida a la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmaría que, en 10 años, 426 sacerdotes fueron investigados; 173 procesos estarían en curso, 253 fueron completados y 217 sacerdotes dimitieron del estado clerical. Incluso el nuncio Coppola se autoconstituyó como un fiscal por arriba del Episcopado Mexicano al poner a disposición del público su correo personal para recibir toda clase de denuncias de abusos.

A principios de enero de 2020, Rogelio Cabrera esbozó las cifras de sacerdotes procesados conforme a las denuncias recibidas en la nunciatura apostólica. Sin ofrecer una estadística sobre las diócesis con el mayor número de casos ni cómo se encuentra la situación de cada procesado, el comunicado afirma que “hasta ahora” hay 271 casos del clero diocesano y 155 procesos más “por otras faltas”. Cabrera apeló a las autoridades penales para revisar el tipo penal de abuso para que no prescriba la acción penal.

Otro aspecto es el papel del Centro de Protección al Menor (CEPROME) de la Universidad Pontificia de México. No pasa desapercibido que, hace pocos días, el 22 de febrero, el director Daniel Portillo Trevizo recibió prácticamente el espaldarazo del Papa Francisco cuando en un video confirmó a este organismo con presencia en Latinoamérica. Portillo aseguró que el Pontífice “se encuentra al pendiente y siguiendo muy de cerca los casos y situaciones que ocurren en México”. Dos semanas después, la nunciatura apostólica y la CEM hicieron pública la legación de Scicluna y Bertomeu y su inminente visita a México.

No obstante, la situación de México es distinta a la de otros países latinoamericanos que prácticamente desestabilizaron episcopados enteros. Un punto a favor del Episcopado Mexicano es este esfuerzo que pretende mecanismos más integrados y el endurecimiento de cero tolerancias impulsada por el Consejo de la Presidencia encabezada por Rogelio Cabrera y Alfonso Miranda; pero la situación de abusos podría prevalecer ante la incapacidad de las diócesis que no deciden dar pasos para afrontar el problema de forma contundente. Y de igual forma están los cientos de congregaciones y comunidades religiosas que prácticamente operan en la opacidad y ostracismo al respecto como si fueran ínsulas aisladas de la Iglesia. Esa será la misión de Scicluna, un apretón de tuercas que permita devolver la confianza a una Iglesia que continúa resistiendo al embate de los deleznables abusos.