Hace poco más de seis meses, 14 personas fueron asesinadas en Minatitlán. El 20 de abril, la noticia se esparció provocando el horror y la indignación al saberse que un ataque de un grupo armado en contra de una fiesta que se realizaba en un salón ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz, había privado de la vida a más de una decena entre quienes se contaba a un niño pequeño. El consabido discurso fue el de siempre, de machote, con las palabras de rigor: “Daremos con los culpables”, “No se permitirá más impunidad”, “Seguiremos con más detenciones”.

Esa masacre hico que el presidente López Obrador prometiera lo imposible: Seis meses para terminar con la violencia. “Se desató la violencia, pero la estamos estabilizando, que no continúe la tendencia de incremento en violencia. Nos va a llevar algún tiempo pero va a empezar a bajar”… Para el presidente, la clave para bajar los índices de homicidios violentos y devolver la paz sería la amplia aplicación de programas sociales y el despliegue de la Guardia Nacional para asegurar que los mexicanos gocen de condiciones mínimas de bienestar y de la protección de la mejor apuesta de seguridad en este cuerpo armado. 

La herencia de la violencia, según dichos presidenciales, fue producto del cochinero neoliberal que dejó al país en condiciones lamentables por la corrupción y la impunidad; sin embargo, las razones del presidente podrían pasar por demasiado simplistas desde que en abril dijo que las cosas se verían mejoren medio año. Ese anuncio era un mal presagio, demasiado temerario y muy arriesgado.

Octubre fue el tiempo límite para ver esa promesa realizada. No fue así. Los seis meses fueron el cumplimiento más bien fatídico cuando Culiacán fue el símbolo del debilitamiento del Estado de derecho y ver cómo esas regiones del país están arrodilladas poniéndolos al nivel de ser zonas del estado fallido. La palabra empeñada para traer de nuevo la paz, simplemente se quebró.

Las cifras alegres en cuanto a la supuesta baja de los índices delictivos contrastaron con las de la realidad. 2018-2019 es el período de mayor incertidumbre y violencia de toda la historia. Cerca de 300 policías fueron asesinados y la percepción sobre inseguridad repunta. En septiembre, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 del INEGI aseguró que en el 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación.

En julio, el mismo INEGI afirmó que las estadísticas revelaronque en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México, 29 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, superior al registrado en 2017 que fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La violencia e inseguridad se convierten en el callejón sin salida de la presente administración que también tuvo como compromiso acelerar el proceso de pacificación del país. Como su antecesor en el cargo, López Obrador hizo de este propósito uno de los ejes fundamentales que ahora comienza a fracturarse. 

No hay día ni hora que la violencia conceda tregua y a seis meses, la promesa de devolver la paz a las calles prácticamente es nula. La única respuesta del presidente puede hacer reír o llorar. Mientras México se desangra, López Obrador tiene otros datos que se resumen en la ya célebre sentencia: “al carajo con la delincuencia, fuchi, guácala…” Eso demuestra que las soluciones institucionales prácticamente están en las vías del fracaso.