El presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana y arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, manifestó que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sería un “jaque mate” a la libertad de expresión y a otros derechos humanos.
“Coincido con algunas instituciones, que parte de esta Ley, especialmente el artículo 11, que habla sobre la entrega de información, constituiría un jaque mate a la libertad de expresión, a la intimidad y la confidencialidad”, expresó el arzobispo durante la eucaristía con motivo del Día de la Virgen de La Altagracia, patrona del pueblo dominicano.
Al presidir esta misa en el Santuario de la Iglesia La Altagracia del centro histórico de Santiago, Rodríguez pidió orar para que esta ley no genere un retroceso en el avance de la democracia dominicana
“Quiero presentar a la virgen esta ley, para que esta no genere un estrés colectivo en nuestra sociedad y tampoco un retroceso en el avance de nuestra democracia”, señaló.
Dijo también que está ley mutilaría derechos fundamentales, como la libre expresión del pensamiento, el derecho de la privacidad y el secreto profesional, como han sostenido la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y otros actores importantes de la sociedad dominicana.
Asimismo, expresó su preocupación por la entrada en vigencia de la Ley. “Ojalá que sea para un mejor provecho de la sociedad y que se corrija, aunque leí en algún diario que fue aprobada, esperemos que la medicina no sea peor que la enfermedad”, añadió.
DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO
En un comunicado emitido el pasado viernes, el gobierno manifestó disposición de abrir un diálogo con diversos sectores, a través del consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto.
El llamado fue hecho a la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), y otros sectores interesados.
La Iglesia católica se ha mostrado muy preocupada por un proceso legar que busca cercenar la libertad de expresión y dar al gobierno un poder ilimitado para enmudecer las opiniones que no le favorezcan.
