"La Secretaría de Estado trabaja más para la agenda de Bertone que para el Papa" ¿Ocaso sin gloria para el cardenal Bertone, número dos del Vaticano?
(Sandro Magister).- En el Vaticano no desfilan las procesiones de los "indignados", sino que allí se combate a golpes de documentos. El sábado 28 de enero, el consejo de ministros de la curia romana, con el Papa presente, dedicó una parte de su reunión a estudiar cómo poner un dique a las fugas de documentos. Habían pasado solamente tres días desde la última y clamorosa fuga: un paquete de cartas confidenciales escritas a Benedicto XVI y al cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, por el entonces secretario de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, hoy nuncio en Washington, el arzobispo Carlo Maria Viganò.
Esas cartas - más otros documentos quemantes que también amenazan salir a la luz en la prensa o en la TV - son un acto de acusación contra una persona sobre todas las demás: contra ese cardenal Bertone que comenzó la citada reunión de los jefes de dicasterio de la curia, explicando cómo elaborar y publicar los documentos de la Santa Sede ya sin los infortunios que han iluminado la historia reciente. Queremos, ha dicho él, más competencia, más colaboración, más confianza recíproca, más reserva.
Benedicto XVI escuchaba en silencio. Le venía a la mente la peor prueba de mal gobierno curial sufrido por él desde cuando es Papa: la avalancha de protestas que lo envolvieron al comienzo del 2009, no por su culpa, luego de la revocación de la excomunión a cuatro obispos lefebvrianos, entre los cuales uno negaba la Shoah. Poco después de ese incidente, en una carta abierta a los obispos de todo del mundo, el papa Ratzinger no dudó en escribir que le había llegado más apoyo de los "amigos judíos" que de muchos hombres de Iglesia y de curia más interesados en hacer tierra arrasada en torno al Papa. Y al final citó esa terrible advertencia del apóstol Pablo: "Si os mordéis y devoráis unos a otros, mirad al menos no destruirse del todo unos a otros".
En las cartas de Viganò hay mordeduras en abundancia. Primero como director del personal de la curia vaticana, luego como secretario de la Gobernación, este septuagenario prelado lombardo atacó muchas cosas que no funcionaban y se ganó un gran número de enemigos. Cuando, para comenzar, impuso a todos en la curia una tarjeta electrónica de identificación y localización, la revuelta en defensa de la vida privada se levantó universalmente, pero él se mantuvo firme. En ese entonces Bertone estaba de su parte. Más aún, aseguró a Viganò, una vez que llegó a la Gobernación, la cercana promoción a gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano y a cardenal.
Son nombramientos que solamente el Papa puede hacer, pero que Bertone suele administrar por sí con desenvoltura, como si fuesen cosa suya. Una vez, por ejemplo, garantizó con tan granítica seguridad a monseñor Rino Fisichella su promoción a número dos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que éste preparó el traslado y despidió a su propio secretario, para descubrir después que el nombrado por el Papa era otro.
La invasión del campo es una nota constante de lo realizado por el cardenal Bertone, gran simpatizante del fútbol.
En otoño del 2006, al poco tiempo de haber sido nombrado secretario de Estado, se puso rápidamente en acción para rehacer a su gusto la cúpula de la Conferencia Episcopal Italiana. Para impedir que el cardenal Angelo Bagnasco fuese el sucesor del presidente saliente, Camillo Ruini, Bertone promovió la candidatura para nuevo presidente a un hombre de segunda línea, dócil a él, el arzobispo de Taranto, el fraile capuchino Benigno Papa. Tanto martilló el tema que la prensa nacional en coro la dio por hecha. Solamente faltaba el "placet" de Benedicto XVI, el único al que le correspondía hacer el nombramiento, y que por el contrario designó al arzobispo de Génova, Angelo Bagnasco.
Pero de ninguna manera Bertone se disciplinó. El día de asunción del nuevo presidente de la CEI, el 25 de marzo de 2007, dirigió a Bagnasco un mensaje de salutación - escrito totalmente por su cuenta, también a escondidas del Papa - en el que reivindicaba para su propia persona, en cuanto secretario de Estado, la «conducción» de la Iglesia italiana en lo que se refiere a las relaciones con las instituciones políticas. Entre los obispos hubo un escándalo. Desde entonces no los ha abandonado jamás la sospecha que Bertone volvió a intentar siempre invadir su propio campo. El contraste entre la Secretaría de Estado y la CEI es ahora el estribillo obligado de todo análisis de la acción política de la Iglesia en Italia.
Pero también con Benedicto XVI Bertone sobrepasa frecuentemente la línea. Ratzinger percibió sus talentos cuando ambos se desempeñaron en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Al dinámico salesiano le encargó desenredar las madejas más intrincadas: desde el secreto de Fátima hasta las rarezas del obispo africano Emmanuel Milingo. Y en ambos casos pareció que Bertone las afrontó con éxito, aun cuando a la larga ambos le explotaron en la mano: en el caso de Fátima, con la acusación siempre latente de haber mantenido oculta una parte del secreto, y en el caso de Milingo, con la fuga rocambolesca del personaje del confinamiento al que Bertone lo había relegado.
Es un hecho que al nombrar a Bertone como secretario de Estado, Benedicto XVI pensó aprovechar su sincera devoción y su incansable actividad para hacerle llevar a cabo esas tareas prácticas de gestión de las que él, el Papa teólogo y doctor, quería mantenerse alejado. Bertone aceptó entusiasmado, pero interpretó la tarea a su modo. ¿El Papa viajaba poco? Él se puso a recorrer el mundo en su lugar. ¿El Papa estaba ensimismado en sus libros? Él se puso frenéticamente a cortar cintas, a encontrarse con ministros, a bendecir multitudes, a pronunciar discursos en todas partes y sobre todos los temas.
Resultó con ello que la Secretaría de Estado trabaja más para la agenda de Bertone que para el Papa. Y en su agenda el cardenal perfila, siempre desde su cabeza, operaciones también muy ambiciosas y peligrosas.
La última tuvo por objetivo la conquista del San Raffaele, el polo hospitalario de excelencia, creado en Milán por el discutido sacerdote Luigi Verzé y aplastado por una deuda de un millón y medio de euros.
Para salvarlo y anexarlo a las propiedades de la Santa Sede, Bertone ejecutó desde comienzos del verano pasado un movimiento fulminante. Lanzó una oferta de 250 millones de euros, puestos a disposición por el Instituto para las Obras de Religión, el banco vaticano, y por un industrial amigo suyo de Génova, Vittorio Malacalza. Durante muchos meses quedó como única oferta en el campo, sin competidores, obligando al Vaticano a mantener la fe.
Pero en el Vaticano, en la cima, el Papa no estaba para nada de acuerdo. El San Raffaele es un hospital en el que se practican y se proyectan biotecnologías contrarias al magisterio de la Iglesia. Para no hablar de la anexa Universidad Vita-Salute, en la que mantienen cátedras de docentes que disienten dramáticamente con la visión católica, desde Roberta De Monticelli a Vito Mancuso, desde Emanuele Severino a Massimo Cacciari, desde Edoardo Boncinelli a Luica Cavalli-Sforza, todos ya en pie de guerra para defender su libertad de enseñanza.
La orden de Benedicto XVI fue, en consecuencia, inmediata: no comprar. Pero fue como si hablara a sordos. Bertone dejaba hacer a su administrador, el director del hospital Giuseppe Profiti, verdadero estratega de la operación, que todo lo que quería era renunciar al San Raffaele. Providencialmente, a fin de año se presentó otra oferta, más alta, de 405 millones de euros, por parte de un grupo hospitalario competidor, el de Giuseppe Rotelli, y el Vaticano pudo retirarse del juego.
Pero con muchos escombros alrededor de Bertone. También algunos que han estado muy cerca de él ya no lo siguen. Malacalza está enfurecido por lo que considera un giro en su contra. Ettore Gotti Tedeschi, el banquero que el propio Bertone había querido como jefe del IOR, luego de su inicial disponibilidad levantó un muro contra la adquisición del San Raffaele, asumiendo en su totalidad las reservas del Papa.
En el Vaticano se rediseñan los poderes, basándose en los aspectos administrativo y financiero. La nueva estrella es el experto y taciturno cardenal Attilio Nicora, en su calidad de presidente de la Autoridad de Información del Vaticano, creada en la curia hace un año para permitir el ingreso del Vaticano en la "white list" [lista blanca] de los Estados con los más altos estándares de corrección y transparencia en las operaciones.
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en el Vaticano la visita de siete inspectores de Moneyval, el organismo internacional de control de las medidas contra el lavado de dinero. El examen impuso modificaciones todavía más restrictivas a las leyes vaticanas, las que el cardenal Nicora introdujo inmediatamente, pero que todavía no se han hecho públicas. Entre éstas, está la facultad para la AIF no sólo de inspeccionar toda operación de cualquier entidad vinculada con la Santa Sede, incluidos el IOR y la Gobernación, sino también de castigar toda violación particular con multas de hasta dos millones de euros.
Bertone hizo de todo para que a la cabeza de la AIF fuese nombrado por el Papa no Nicora, sino un administrador suyo, uno de los poquísimos que se han quedado cerca de él, el profesor Giovanni Maria Flick. Ni siquiera esto pudo conseguir. Su parábola está en el ocaso.
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El comunicado vaticano emitido el 26 de noviembre de 2011, inmediatamente después de la inspección de Moneyval:
"Se han llevado a cabo, desde el 21 al 26 de noviembre de 2011, los encuentros de los expertos de Moneyval (el grupo del Consejo de Europa que se ocupa de evaluar los sistemas antilavado de dinero de los países miembros) con los representantes de las Autoridades vaticanas competentes en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
"La visita in situ de los examinadores constituye un paso en el procedimiento de evaluación Moneyval, promovido por pedido de la Santa Sede luego de la sanción de la Ley n. CXXVII, del 30 de diciembre de 2010, y comenzado el 14 de setiembre de 2011 con el envío de un documento preliminar ilustrativo del marco jurídico de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y de las iniciativas asumidas para la adecuación a los estándares internacionales en la materia ( 40+9 Recomendaciónes del GAFI/FATF y metodología de evaluación acordadas con el FMI y el Banco Mundial).
"El grupo de expertos legales, financieros y de 'law enforcement' [aplicación de la ley] - provenientes de diferentes países (Federación Rusa, el Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein) y coordinados por el Secretariado de Moneyval - se ha reunido con representantes de la Secretaría de Estado, de la Gobernación, de las Oficinas Judiciales, del Cuerpo de Gendarmería, de la Prefectura de los Asuntos Económicos, del IOR, del APSA y de la recién constituida Autoridad de Información Financiera.
"El resultado de este procedimiento se verá plasmado en el informe final de evaluación que será sometido a discusión en la asamblea plenaria de Moneyval, presumiblemente a mitad del próximo año 2012".
El 25 de enero de 2012 la Santa Sede ha adherido a otras tres convenciones internacionales contra la criminalidad comercial y financiera.
Al presentar este acto en "L'Osservatore Romano" del 27 de enero, el arzobispo Dominique Mamberti, ministro de la Sección para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, anunció la efectuada "ulterior adecuación de la normativa del Estado de la Ciudad del Vaticano", a fines de "adecuar el ordenamiento interno a los parámetros normativos más rigurosos y concordantes a nivel internacional".
"Estos cambios - continuó diciendo Mamberti - hacen a la ley n. CXXVII, ya rigurosa de por sí, todavía más detallada, previendo, entre otras cosas, instrumentos de cooperación internacional más transparentes y sanciones más rigurosas para la violación de la ley. Estas innovaciones, junto con los nuevos instrumentos jurídicos ofrecidos por las tres convenciones, que tienen como objetivo favorecer un elevado nivel de colaboración entre los tribunales del Estado de la Ciudad del Vaticano y los de otros Estados, hacen que sea más resuelta la lucha contra el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional".
