Organizaciones sociales, comunidades y defensores de los derechos humanos en Colombia, emitieron el pasado 8 de julio un comunicado en respaldo del arzobispo de Cali,Darío Monsalve. Éste había dicho que el gobierno de Iván Duque está aplicando una “venganza genocida”contra los Acuerdos de Paz. Lo hizo en una reunión virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, entre el 1 y el 3 de julio. Esta declaración provocó una gran polémica en la sociedad colombiana y  el pronunciamiento de la Nunciatura Apostólica; ésta afirmó que no estaba de acuerdo con las afirmaciones del prelado y que no compartía su visión del proceso de los Acuerdos de Paz. Por la contra, las organizaciones que forman parte de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) y otras se unieron a la posición del arzobispo, y lo respaldaron llamándolo “artesano de la paz”; para ellos sus palabras “reflejan el sentir y el pensar de nuestras comunidades en la región del Pacífico y de otros lugares de Colombia”. La razón está de parte de estos últimos, que son quienes han padecido esas acciones represoras del gobierno en los últimos años.

Monseñor Monsalve declaró: “Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno de Santos que alumbró estos procesos; un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las FARC que se acogieron al proceso”. El arzobispo de Cali continuó refiriéndose a “una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenía o tiene influencia las organizaciones subversivas“. El prelado criticó también la pérdida de interlocución con el grupo guerrillero del ELN y, por ello, la imposibilidad de adelantar los diálogos que conduzcan a la paz: “No tenemos ya interlocución con la delegación de La Habana y tampoco en los territorios; es cada vez más lejana la interlocución con el COCE (Comando Central del ELN) cada vez más difícil identificar a los interlocutores, desde Antonio García hasta Pablo Beltrán, pasando por todos los distintos actores y jefes militares del ELN”.

La Nunciatura Apostólica de Colombia, con el estilo de la vieja diplomacia vaticana  -que tan poco practica el Papa Francisco…- y no queriendo conflictos con el actual gobierno de Iván Duque, manifestó respecto a las declaraciones del arzobispo: “Dicha calificación no corresponde a la visión que la Santa Sede tiene de la compleja situación en que versan, en este momento, tanto la aplicación integral de los Acuerdos de Paz del 2016, como el estado de los contactos y conversaciones que a diversos niveles se mantienen con el ELN”. La Nunciatura destaca que “el término ‘genocidio’ tiene en el Derecho Internacional un significado preciso que no permite sea usado a la ligera en los legítimos debates o discusiones públicas sobre las políticas concretas de un determinado Gobierno”. Esta aclaración fue luego refrendada por la Conferencia Episcopal de Colombia en un comunicado de prensa en el que, además, señala que las afirmaciones de Monsalve “responden a una posición personal, que no refleja el punto de vista oficial del episcopado colombiano”, aunque “lamenta que múltiples causas, con distinto origen y diversos intereses, sigan obstaculizando los procesos de paz y multiplicando los atentados contra la vida humana”.

Pero la realidad es que esa dura palabra genocidio es bien coherente con la situación que padece Colombia; y es acorde con “acciones que buscan destruir un grupo humano con identidad propia, por ejemplo, el grupo humano conformado por líderes sociales en diferentes regiones del país”, como ha comentado Javier Giraldo, jesuita integrante del CINEP-PPP (Centro de Investigación y Educación Popular. Programa por la paz). Y eso es lo que ha hecho el gobierno.

Desde la firma del Acuerdo de Pazen 2016 han sido asesinados ya más de 200 excombatientes de las FARC y más de 400 líderes sociales.  Iván Duque es el sucesor de la línea represiva de Álvaro Uribe, antiguo presidente de Colombia y fundador oficioso de los temibles grupos paramilitares que ejercen mayormente esa represión.

Monseñor Darío Monsalve-“el obispo rebelde que habla duro desde el púlpito”, como ha sido calificado por los medios- se formó en teología en la Universidad Javeriana de Bogotá y es arzobispo de Cali desde hace diez años. Lo conocí personalmente el año 2016 en una celebración con ocasión de los cincuenta años del asesinato de Camilo Torres, en la que participé con él en la capilla de la Universidad Nacional de Colombia, donde había sido capellán Camilo. Fue el único obispo que manifestó una clara defensa de este cura brillante y carismático, que dejó la carrera eclesiástica para defender los derechos de su pueblo desde la Iglesia, la política y, finalmente, la guerrilla. “La lucha de Camilo se arraiga en el humus cristiano –dijoentoncesMonseñor Monsalve- ... Camilo se vuelve ahora una figura ‘puente’ y un jalón hacia el reencuentro más posible entre orillas opuestas; una conexión entre el evangelio social de la Iglesia de ayer y la que emerge hoy, impulsada por la figura y el mensaje revolucionario del papa Francisco”. Entrevista en El tiempo. En esas fechas escribió también: “El sacerdote Camilo Torres Restrepo, sometido hasta en sus despojos mortales al secreto de Estado, al silencio de la Iglesia y al estigma guerrillero sobre su nombre, tiene mucho que dar y enseñar a una Colombia que se proyecta hacia la reconciliación, la verdad, la justicia transicional y la paz” (“Camilo ayer y hoy, signo de reconciliación, Cuadernos ciudadanos-Observatorio de realidades sociales, revista de la Arquidiócesis de Cali, nº 5, noviembre 2015).

Además de Monseñor Monsalve, hay más obispos que se han comprometido con la paz. Ellos, junto con algunos sacerdotes y otros grupos cristianos, han desempeñado un papel relevante en la construcción de la paz, los acuerdos humanitarios y desescalamiento del conflicto. Javier Giraldo manifestó: “Yo conozco al arzobispo de Cali desde antes; pero desde que llegó a Cali asumió ese papel de constructor de paz en el sentido de estar comprometido con los grupos más vulnerables de la ciudad y todo el Pacífico”. 

Leyner Palacios, líder de Bojayá sobreviviente de la masacre del 2 de mayo de 2002, describe a Monseñor como una persona solidaria, sencilla; que comprende las realidades de las personas y que logra acercarse de forma muy fácil a la gente,  destacando su compromiso: “Es impresionante ver cómo, cuando él identifica una vulneración de derechos humanos, se compromete con la solución de esa problemática”.  Palacios asegura que Monseñor acogió el mensaje del Papa Francisco en el sentido de dar el primer paso para buscar una salida negociada al conflicto. “Darío Monsalve no ha dado un paso, sino varios y en distintas direcciones por la paz”, por ejemplo, impulsando acuerdos humanitarios regionales para que se respete a las comunidades más afectadas (CINEP). Por eso, respalda las palabras de Monsalve y los otros obispos y sacerdotes, en el sentido de calificar como genocidio el asesinato de líderes sociales. Además, declara la situación del Pacífico como una hecatombe cuyo reflejo se ve en Bojayá:“Hay más de 7 mil personas en confinamiento, es una zona de guerra y eso es contrario al deseo del 96% de los bojayaseños, que en 2016 dio un ‘sí’ a la paz”.Por esta razón, invitó a que más allá de criticar lo que Monseñor ha planteado, se revisen sus denuncias para que se corrija la situación humanitaria en la región y se evite que el Pacífico vuelva a vivir la crudeza de la guerra (CINEP). 

La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) salió en defensa del arzobispo Monsalve con una carta de respaldo a sus declaraciones, “pues reflejan el sentir y el pensar de nuestras comunidades de la región del Pacífico y de otros lugares de Colombia”. Esta Comisión articula más de 30 organizaciones étnico-territoriales de pueblos indígenas y afrocolombianos “que padecen la agudización del conflicto armado (y) están sometidas a un genocidio”.

La carta –que hasta ahora ha recibido el respaldo de más de 500 organizaciones étnicas, sociales, comunitarias y eclesiales de todo el país, además de 35 organizaciones internacionales y unas 250 adhesiones personales– articula sus afirmaciones en tres puntos:

1º. El Gobierno de Duque y su partido, han sido fieles a su campaña electoral de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”, al atacar a los distintos mecanismos allí pactados (sobre todo la Comisión de la Verdad) y “debilitar de manera drástica su implementación en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, protección de las comunidades, desmonte de estructuras procedentes del paramilitarismo y reincorporación integral de excombatientes de la extinta Farc-Ep”.

2º. Las comunidades en muchos territorios del Pacífico y Suroccidente, que padecen la agudización del conflicto armado, “están sometidas a un genocidio, como evidencian las dolorosas cifras: desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 460 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, así mismo, 216 excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz. Es notorio el exterminio físico a los pueblos indígenas, reflejado en el asesinato de 167 líderes indígenas durante el gobierno del presidente Duque”.

3º. “El planteamiento de ‘Paz con Legalidad’ es un discurso engañoso, puesto que gobierna la ilegalidad en los territorios de la periferia, incluso con más fuerza. Es clara la negación a aceptar la existencia de un conflicto armado que debe ser solucionado mediante la vía de la negociación”.

Mientras tanto, hay una “suerte de venganza contra nuestros territorios”.  La comunidad Internacional es testigo de estos hechos, por ejemplo, en reciente carta al Presidente Trump, 94 Congresistas de Estados Unidosafirmaron: “Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia… su persistente incapacidad (del gobierno colombiano) para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control.”

Finalmente, la carta cita las palabras del Papa Francisco durante su visita al país en 2017 en las que instaba a los obispos a ser “voz profética e independiente”, y diciéndoles: “Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la ‘res pública’ que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad”. La CIVP defiende que “monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía ha sido coherente y fiel a esta exhortación del Papa, en favor de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos y víctimas del conflicto armado”.

Otra vez, la jerarquía eclesiástica –aunque afortunadamente no toda– no ha sabido estar con los más oprimidos. Pero algunos prelados honestos y valientes que los defienden saben que no están solos. A estos obispos ejemplares y evangélicos hay que reconocerlos.