Hoy en día, en nuestro entorno más cercano, algunos de los derechos de las personasse han convertido en un lujo. Me centraré en uno: el lujo de vivir en una vivienda digna.

Hemos oído hablar mucho del “sinhogarismo”, una palabra nueva para un nuevo drama humano. Nos conmueve ver lechos de cartón donde algunas personas sin hogar pasan la noche, haga frío o calor. El drama está aquí y nos azota. Muchas personas tienen un techo, sí, pero el sobreesfuerzo que hacen para pagar el alquiler las condena a malvivir.

Cada vez hay más familias que no pueden acceder a una vivienda digna ni mantenerla. Son víctimas de una realidad cruda, de un fenómeno que ya se ha bautizado como exclusión residencial. La crisis de la vivienda está afectando de manera más intensa a los hogares en situación de vulnerabilidad y, por eso, en estos casos hablamos de emergencia social. La Iglesia conoce esta realidad muy de cerca, ya que recibe diariamente cientos de peticiones de ayuda. Esta situación es muy dolorosa tanto para los afectados como para toda la sociedad.

Con datos de 2024, la Fundación FOESSA nos alerta de que más de 4,6 millones de hogares en España, el 24% de la población, sufren dificultades relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda. Trasladado a la diócesis de Barcelona, el 27% de la población, es decir, 726.000 personas, tienen dificultades para acceder o mantener una vivienda. Estas cifras nos muestran que no todos tenemos las mismas posibilidades.

Las familias en situación de pobreza dedican hoy más del 70% de sus ingresos al pago del alquilerde una vivienda precaria, lo que implica vivir en una vivienda insegura o inadecuada. Es insegura cuando estas familias se ven obligadas a alquilar sin contrato o cuando viven bajo la amenaza de perder la vivienda o de sufrir violencia por parte de la familia o pareja. Una vivienda es inadecuada cuando muchas personas tienen que vivir en un espacio reducido o en lugares inapropiados: locales comerciales, sótanos sin luz natural y con graves deficiencias de construcción o insalubridad.

Vivir en una vivienda insegura o inadecuada tiene importantes consecuencias en la calidad de vida de las personas, especialmente los niños y adolescentes, y afecta su salud física y emocional.

Hago un llamamiento firme a las administraciones públicas para trabajar junto con el sector privado con el fin de promover activamente la construcción de vivienda social; así como otras medidas que permitan a las personas acceder a una vivienda digna con un alquiler digno y asequible a su renta. Es necesario asegurar una vivienda digna a las personas y a la vez también respetar la propiedad privada.

Queridos hermanos y hermanas, no podemos dormir tranquilos mientras nuestros hermanos no pueden vivir con dignidad en nuestra ciudad, en nuestro barrio o en nuestro edificio. Nuestro deber como católicos es ayudar a nuestros hermanos, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Necesitamos esperanza y creatividad para construir un mundo donde podamos vivir dignamente. Hace falta una mirada a largo plazo, pero ahora debemos dar una respuesta a la emergencia social que nos interpela. ¿Qué podemos hacer entre todos para encontrar soluciones?

"No podemos dormir tranquilos mientras nuestros hermanos no pueden vivir con dignidad en nuestra ciudad"