Un grupo de progenitores debate sobre la protección de la “menor adulta” en decisiones  sobre embarazo. Me invitan a participar en su reunión por Zoom. El tema controvertido es el consentimiento materno-paternal. Hay división de opiniones (independientemente de su afiliación política o religiosa).

Respetando su pluralidad, prefiero esperar hasta el final para exponer mi parecer, que algunos conocen desde hace tiempo por el Master de Bioética y la colección del Seminario de Dilemas éticos de la medicina actual (Ver, p.e., en el vol 19, “Ser humano, persona y dignidad”, los artículos: ”Manejar blastocistos, cuidar embriones y respetar fetos”, “Embriones y dignidad humana, Malentendidos y exageraciones”). 

Resumiendo lo que algunos/as ya me habían oido decir hace años, resumiría así:

1. Si una menor adulta, en proceso de tomar la decisión de interrumpir un embarazo, prevé que sus progenitores querrán impedirlo o tratarán de obligarla a llevar adelante la gestación, tiene derecho a la protección jurídica de su toma de decisión responsable sobre su embarazo.
2. Si otra menor adulta que está en semejante situación, pero va a tomar la decisión de seguir adelante con la gestación, si prevé que sus progenitores la querrán obligar a abortar, tiene igualmente derecho a la protección jurídica de su decisión responsable.
3. En los dos casos anteriores (y también en otros semejantes) unas y otras menores adultas tienen derecho a una “protección educativa y de aconsejamiento” que comienza desde muy temprano en la educación sexual en la famila y en la escuela. Esta protección se garantiza, más que con determinaciones jurídicas con prácticas educativas, mediante una pedagogía psicológica y ética que sea capaz de acompañar a las personas en sus tomas de decisión en conciencia, pero sin sustituir a sus conciencias (como suele repetir el Papa Francisco).

He conocido a alguna madre que practicaba muy bien esta educación por el modo de ayudar a la educación sexual de su hija. Por eso sabía la hija que su madre no le iba a imponer una u otra decisión.

Pero en el caso de optar por una interrupción responsable del embarazo, en esa buena educación sexual había aprendido, entre otras cosas, que hay casos límite en los que más vale tomar esa decisión en las primeras fases sin esperar a que sea demasiado tarde.

 La hija educada así no tenía necesidad de ocultar el problema, sino se sentía con confíanza para manifestarlo (no por necesitar un consentiemiento, sino para verse apoyada).

Lo cierto es que esa madre había escuchado más de una vez al P. Javier Gafo y a sus sucesores en la tarea bioética que “la buena ética no se hace sin buenos datos”, por ejemplo, sobre el comienzo de la vida individual y personal. Hay que informar bien en la educación sexual acerca de lo que tarda el proceso de la concepción hasta completarse; hay que informar bien sobre la necesidad de los recursos contraceptivos; de los interceptivos o de los del “día o semanas siguientes” (mal llamados abortivos por quienes hacen un flaco favor a la vida presumiendo de campañas “pro-vida”); del proceso de implantación; del proceso de concebir que tarda semanas en completarse; etc., etc...

Tanto a quienes exageran rezando rosarios ante la clínica para que no se supriman vidas, como quienes exageran por el extremo opuesto, como si fuese un derecho el suprimirla, hay que decir a unos y otros, que no siempre es cuestión de suprimir o no suprimir, que no toda interrupción de un embarazo en las primeras fases tiene que ser necesariamente un aborto injusto e irresponsable.

Ocurre con esto como con los debates sobre eutanasia. No es cuestión de estar a favor o en contra, sino de distinguir entre una eutanasia justa y otra injusta. La primera es un ejercicio de responsabilidad, de cuidar el vivir bien hasta el morir y mientras se muere (pero sobre eso ya se repitió mucho el tema en este blog, a ello me remito...).

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