Alberto Fujimori, exmandatario peruano condenado por crímenes de lesa humanidad, falleció en Lima, justo en un día emblemático para los Derechos Humanos: el 11 de septiembre, una fecha que lo une a otro dictador, Augusto Pinochet, quien en 1973 dio el golpe cívico-militar. A esto se añade que, este mismo día, pero de 2001, en Estados Unidos, el terrorismo internacional dejó miles de víctimas. Fujimori murió a los 86 años y padecía cáncer de lengua desde hace casi 3 décadas.

Con la muerte de Fujimori se cierra un capítulo sombrío en la historia del Perú. También abre nuevamente el debate sobre su legado de autoritarismo, violaciones sistemáticas de derechos humanos y actos de corrupción que marcaron su década en el poder. Si bien su figura polariza opiniones, es innegable que su gobierno dejó profundas cicatrices, tanto en Perú como a nivel internacional.

Fujimori, quien llegó al poder en 1990, siendo elegido democráticamente, será recordado no solo por haber combatido a grupos terroristas como Sendero Luminoso, sino también por haber destruido las instituciones democráticas de su país con el llamado "autogolpe" del 5 de abril de 1992 y haber violado los derechos humanos.

Con su golpe de Estado, Fujimori disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y controló el Poder Judicial, generando una crisis política que provocó condenas enérgicas, incluyendo la de la Iglesia Católica. En aquel momento, la jerarquía eclesial señaló la deriva autoritaria del país y la violación de los principios democráticos, acusando al régimen de Fujimori de imponer una dictadura bajo el pretexto de la seguridad.

No obstante, el aspecto más sombrío de su mandato tiene que ver con las violaciones de derechos humanos, especialmente con las matanzas de Barrios Altos (un barrio de Lima) y de la Universidad de la Cantuta, por las cuales fue condenado en 2007. En estas dos masacre asesinaron a 25 personas. También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Otro crimen de lesa humanidad que ha sido motivo de denuncias constantes fue la campaña de esterilizaciones forzadas llevada a cabo entre 1996 y 2000, dirigida principalmente a pobres y mujeres indígenas y campesinas. Este programa, impulsado por el gobierno fujimorista bajo el pretexto de un control poblacional, afectó a 270 mil mujeres y 22 mil hombres vulnerables, dejando marcas físicas y psicológicas imborrables. La Iglesia Católica, desde diversos púlpitos, condenó este acto como un ataque directo a la vida y la dignidad humana, acusando al gobierno de Fujimori de racismo y de violar los principios más básicos de justicia social.

Una de las voces de la Iglesia peruana más críticas del legado fujimorista, ha sido el cardenal jesuita Pedro Barreto, quien fue arzobispo de Huancayo y ocupó diversos cargos en el Episcopado nacional y a nivel latinoamericano. En 2023, criticó la liberación Fujimori que finalmente fue ordenada por el Tribunal Constitucional del Perú. “En estos momentos que vivimos en el país, un indulto como el que se ha dado es como una cachetada al país, y una cachetada que nos duele en el alma”, señaló el cardenal.

No obstante, no todo el espectro religioso fue crítico del exmandatario. Fujimori recibió apoyo significativo de sectores evangélicos, quienes vieron en su lucha contra el comunismo y su apelación al orden y la seguridad, un gobierno alineado con sus valores conservadores. Esta relación generó tensiones con la Iglesia Católica, que desde un principio cuestionó el uso de la religión para justificar un régimen autoritario. A lo largo de su mandato, Fujimori logró consolidar una alianza con los grupos evangélicos, quienes lo defendieron incluso después de su caída, lo que intensificó el debate religioso en el país.

A nivel internacional, Fujimori ha sido considerado un ejemplo de los excesos autoritarios en América Latina durante los años 90. Su condena por crímenes de lesa humanidad en 2007 fue celebrada por defensores de los derechos humanos en todo el mundo, ya que representó un precedente en la lucha contra la impunidad de líderes que violaron los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

A lo largo de su vida, Fujimori intentó justificar su accionar bajo la premisa de haber salvado al país del caos, pero su legado está inevitablemente ligado a las violaciones de derechos humanos y a la corrupción. La Iglesia Católica, a lo largo de los años, ha sido clara en señalar que la estabilidad no puede lograrse a costa de la vida y de la dignidad humana.

La muerte de Alberto Fujimori marca el fin de una era oscura en el Perú, pero su legado y los debates sobre la justicia, la verdad y la reconciliación seguirán siendo temas vigentes tanto dentro del país como en el escenario internacional.