La dura respuesta del Episcopado en defensa de Reig Pla sorprendió, y mucho, tanto dentro como fuera de la Casa de la Iglesia. Más aún cuando, el pasado miércoles, varios obispos aseguraban en privado que el obispo de Alcalá era un prelado “polémico” y que debía “defenderse a sí mismo” sin “comprometer a toda la institución”.

¿Qué pasó entonces para que, este viernes, la Conferencia Episcopal mostrara “su apoyo y afecto a monseñor Juan Antonio Reig Plá y a los colaboradores del COF [Centro de Orientación Familiar]" frente a “un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el 'odio' que se dice querer evitar o denunciar"?

Sesión reservada

La clave hay que encontrarla en la sesión reservada del jueves por la tarde, cuando los obispos pidieron explicaciones al obispo de Alcalá y éste, antes de defenderse, les relató, con todo lujo de detalles, la concentración de personas ante la catedral de la diócesis, a la que llegaron a entrar mientras se celebraba la Eucaristía.

Las palabras de Reig cambiaron por completo la, inicialmente, estrategia de silencio, planteada por una mayoría episcopal, que ya conoce bien al prelado y sus palabras gruesas contra los gays o la ideología de género. Profanar una catedral ya eran palabras mayores. De ahí el apunte en el comunicado en el que, además de defender a Reig, los obispos manifestaban su “más firme rechazo a la irrupción de un grupo de personas vociferantes en un templo donde se estaba celebrando la liturgia de la Iglesia".

¿'Liturgofobia'?

Esa fue la tesis del portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, al denunciar la “liturgofobia” que, en su opinión, se escondía detrás de la concentración contra las terapias restaurativas en la catedral de Alcalá, pese a que admitió que “la homosexualidad no se puede 'curar'”, y apuntando que sólo se hablaba desde “un punto de vista espiritual”.

La nota de la CEE no entró a valorar que, según la ley de Madrid, las terapias de este tipo son ilegales, ni en el hecho de que la propia terapeuta reconociera que sus actos podrían suponer un delito. Para los obispos, era más importante que la información se hubiera obtenido con grabaciones ocultas y, especialmente, que se hubiera profanado un templo católico como protesta.