Pese a ser "manifiestamente injusto", el presidente de la CEE está "dispuestos a reparar sin que haya ley que lo diga" Argüello tilda de "sangrante" el plan del Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos, porque "rompe las reglas del Estado de Derecho"

La Conferencia Episcopal está esperando mantener un encuentro con el Gobierno para conocer con más detalle su plan para indemnizar a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, pese a considerar dicho plan "sangrante" porque "rompe las reglas del Estado de derecho".

Así lo ha apuntado este martes el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en un encuentro con responsables de medios de comunicación en el que ha insistido en que el plan del Ejecutivo no aborda la reparación al conjunto de víctimas de abusos en la sociedad y se centra solo en los de la Iglesia.

Argüello ha explicado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le ha invitado por carta a una reunión para explicarle cómo piensa el Gobierno materializar el plan aprobado el pasado 23 de abril por el Consejo de Ministros, y el máximo responsable de la Iglesia en España acudirá para escuchar y poder "valorar" las medidas que vayan a tomarse.

Pese a insistir en su "perplejidad" por el plan del Ejecutivo y considerarlo "manifiestamente injusto", Argüello ha asegurado que la Iglesia está dispuesta a "tragarse este sapo" para cumplir con su compromiso de "reparación" con las víctimas.

Y ha añadido que en la Conferencia Episcopal están "dispuestos a reparar sin que haya ley que lo diga" y seguirán en ese "camino" ya iniciado para compensar a las víctimas.

En cualquier caso esperan que la reunión con Bolaños se produzca pronto para poder valorar las acciones o propuestas legislativas con las que el Gobierno piensa materializar el plan y dar también su versión a las asociaciones de víctimas en un encuentro posterior con ellas.

Plan de reparación

El pasado 23 de abril, el Consejo de Ministros aprobó este plan de reparación que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos cuyos casos hayan prescrito, así como la celebración de un acto de Estado de reconocimiento a los afectados, en cumplimiento de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

El Gobierno confía en que la Iglesia sufrague el coste de las indemnizaciones, una responsabilidad que Argüello ha asegurado piensan asumir incluso cuando el agresor, el "victimario", haya fallecido.

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal española -fue elegido en marzo- tuvo una reunión con Bolaños el pasado 18 de abril como primer contacto, que transcurrió con cordialidad y en la que según Argüello el ministro esperó a los minutos finales para informarle de la inminente aprobación del plan.

Argüello ha asegurado que el ministro le dijo que el plan contemplaría a todas las víctimas pero "no ha sido así" y se ciñe a las de la Iglesia, y considera que por eso "rompe las reglas del Estado de derecho".

Argüello ha asegurado que el ministro le dijo que el plan contemplaría a todas las víctimas pero "no ha sido así" y se ciñe a las de la Iglesia, y considera que por eso "rompe las reglas del Estado de derecho".

El riesgo de reducir la Iglesia a la condición de ONG        

En su encuentro con los medios de este martes, Argüello ha admitido que la Iglesia sigue perdiendo fieles a pesar de que mejoran  las aportaciones económicas, un último dato que valora como un "reconocimiento" de los contribuyentes a su labor social a pesar del "riesgo" que también conlleva, y es que se "reduzca a su condición de ONG".

En cualquier caso ha asegurado que pese a la reducción de fieles quienes lo son muestran un mayor interés y ve por ejemplo a muchos jóvenes "ahondando en la fe".

A la espera de ver al papa

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal está esperando a cerrar una fecha con el Vaticano para ser recibido por el papa Francisco como suele ser habitual cuando un nuevo equipo toma el mando de la Iglesia en un país.

Sobre la posibilidad de que el pontífice venga a España, el arzobispo de Valladolid se aventura a señalar que "por intuición", el lugar elegido podría ser Canarias, la comunidad que acoge desde hace años la llegada masiva de inmigrantes procedentes del continente africano.