Proposición de ERC y Bildu apoyada por Unidas Podemos El PSOE rechaza en el Congreso anular las inmatriculaciones de la Iglesia

Inmatriculaciones
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PP, PSOE, VOX, Ciudadanos y PNV se unen para tumbar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia

Se planteaba la posibilidad de cancelar "por inconstitucionalidad sobrevenida" las inmatriculaciones, y habilitar mecanismos para posibilitar las reclamaciones

PNV sí votó a favor de conocer todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 y de habilitar mecanismos para posibilitar las reclamaciones

Podemos recuerda al PSOE que la reversión de las inmatriculaciones forma parte del programa de Gobierno de coalición

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con los votos de PSOE, PP, VOX, Cs y, parcialmente, PNV, una incitativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano por la que se instaba al Gobierno a reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. La propuesta había contado con el apoyo de los socios de Gobierno de Unidas Podemos.

El grupo socialista ha descartado este martes la posibilidad de anular las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde la aprobación de la Constitución española, una propuesta defendida en el Congreso por ERC y Bildu y que ha apoyado su socio de Unidas Podemos.

Inmatriculaciones
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La Comisión de Justicia ha rechazado una proposición no de ley de ERC y Bildu para pedir al Gobierno el listado de bienes inmatriculados desde 1946, cancelar por "nulidad insubsanable" los asientos practicados por la Iglesia católica de acuerdo con la Ley Hipotecaria al menos desde 1978, "por inconstitucionalidad sobrevenida", y habilitar mecanismos para posibilitar las reclamaciones de los legítimos titulares de los bienes.

Desde ERC, Carolina Telechea ha defendido la necesidad de revertir una situación "injusta" en un estado aconfesional y desde Bildu, Isabel Pozueta ha considerado que "no hay más solución que deshacer lo mal hecho", ya que la Iglesia ha "usurpado patrimonio cultural que debería ser público".

Pero los socialistas han votado no. El diputado Juan Luis Soto ha recordado que el Gobierno ha cumplido el compromiso de publicar los bienes inmatriculados desde 1998, cuando gobernaba el PP y se reformó la Ley Hipotecaria permitiendo a la Iglesia registrar también templos de culto, en muchos cosas con una mera certificación obispal.

PSOE: comparte el fondo, pero no hay seguridad jurídica

Y ha asegurado que el PSOE comparte el "fondo" de la proposición no de ley, pero ha señalado que no podían apoyarla por seguridad jurídica y se ha mostrado partidario de revisar cualquier bien indebidamente inmatriculados por la Iglesia en los juzgados.

La portavoz de Unida Podemos, Martina Velarde, sin embargo, ha defendido el voto a favor de la formación morada: ha recordado que en el pacto de gobierno se incluyó la aprobación de las reformas legislativas necesarias para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia y ha subrayado que su partido ya reclamó la nulidad de esos registros entre 1998 y 2015.

PCongreso de los Diputados
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Velarde ha considerado que el listado hecho público por el Ejecutivo debería ser más detallado y ha instado al Ministerio de Cultura y al resto de administraciones públicas a reclamar por todas las vías a su alcance todos los bienes que figuren en su inventario de patrimonio histórico.

PP: en manos de la justicia

La portavoz del PP, Ana Belén Vázquez, ha apostado por dejar en manos de la justicia las posibles reclamaciones, mientras que el diputado de Vox, José María Sánchez García, ha denunciado el "anacronismo" de Bildu y ERC por sus iniciativas contra la Iglesia o la Monarquía.

Ciudadanos ha considerado que la nulidad sobrevenida en este caso es un "disparate inadmisible en un estado de derecho" y el PNV también ha rechazado ese punto, aunque ha votado a favor de conocer todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 y de habilitar mecanismos para posibilitar las reclamaciones.

Sí ha salido adelante en la misma Comisión por amplia mayoría otro de los compromisos del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos para impulsar la justicia universal y derogar la reforma que impulsó en 2014 el Gobierno del PP, que limitó al máximo la posibilidad de que los tribunales españoles persigan delitos cometidos en el extranjero.

Sólo el PP y Vox han votado en contra.

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