Una realidad cada vez más peligrosa, amenazante y conflictiva El Consejo Indigenista Misionero de Brasil denuncia los ataques del gobierno a los pueblos indígenas
La nota establece "el mal servicio brindado por el gobierno federal a los pueblos indígenas, Brasil y el futuro", enumerando diversas situaciones que "se materializan con las violaciones de los derechos indígenas y las agresiones contra la Amazonía"
El discurso de odio y prejuicio contra los pueblos originarios es cada vez más evidente, ignorando los derechos reconocidos en la Constitución de 1988
Los indígenas "indagan si volvieron los tiempos oscuros vividos por sus padres y abuelos durante la dictadura militar"
Los indígenas "indagan si volvieron los tiempos oscuros vividos por sus padres y abuelos durante la dictadura militar"
Luis Miguel Modino, corresponsal de RD en América Latina y Caribe
La nota establece "el mal servicio brindado por el gobierno federal a los pueblos indígenas, Brasil y el futuro", enumerando diversas situaciones que "se materializan con las violaciones de los derechos indígenas y las agresiones contra la Amazonía". Las amenazas del Presidente de la República desde la campaña que precedió su elección se han materializado. La demarcación de las Tierras Indígenas se ha convertido en una cosa del pasado, el discurso de odio y prejuicio contra los pueblos originarios es cada vez más evidente, ignorando los derechos reconocidos en la Constitución de 1988.
Los pueblos indígenas sufren invasiones constantes que terminan con recursos preservados durante siglos, a menudo defendidos con su propia sangre. Sus organizaciones y derechos se han convertido en papel mojado para el gobierno federal, y las políticas públicas, logradas después de años de lucha, son ignoradas. Incluso el organismo estatal creado para su defensa, la Fundación Nacional del Indio – FUNAI, perdió su función y se convirtió en un instrumento de ataque contra los pueblos indígenas. Junto con esto, el proselitismo religioso de iglesias pentecostales, muchas de ellas apoyadas y financiadas por el gobierno, está destruyendo las culturas de los pueblos. Entre todos los pueblos, los más amenazados son los pueblos en aislamiento voluntario.
El pronunciamiento denuncia los proyectos de ley que liberan la explotación minera y de los recursos hídricos en los territorios indígenas, y las artimañas para recuperar las tierras indígenas. Las estrategias de ataque actuales son llevadas a cabo por quién debe defender a los pueblos, el poder ejecutivo. Los "tiempos de brutalidad, hipocresía y rudeza que, estamos seguros, serán fugaces", no asustan a los pueblos indígenas y al CIMI, que dice continuar "firmes en nuestra misión al servicio de la vida y el futuro de los pueblos indígenas", aún más con el fuerza recibida del papa Francisco en Querida Amazonia.
Tierra, agua y territorios: los pueblos indígenas tienen derecho a vivir
Posicionamiento de la 40ª Asamblea Regional del Consejo Indigenista Misionero - CIMI Regional Norte I
Cada vez más peligrosa, amenazante y conflictiva. Esta es la realidad en los pueblos relatadas por los líderes indígenas de los estados de Amazonas y Roraima durante la 40ª Asamblea Regional del CIMI Norte I, en Manaos, del 14 al 16 de febrero. Indagan si volvieron los tiempos oscuros vividos por sus padres y abuelos durante la dictadura militar.
Presentes los equipos locales, asesores y coordinación del CIMI Norte I; el secretariado nacional del CIMI; entidades de la sociedad civil; pastorales sociales; superiores y superioras de congregaciones religiosas; la Red Eclecial de PanAmazônica - REPAM; Obispos del Regional Norte 1 de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil - CNBB y representantes de los pueblos indígenas, constatamos el mal servicio brindado por el gobierno federal a los pueblos indígenas, a Brasil y al futuro, que se materializa en violaciones de los derechos indígenas y agresiones a la Amazonía, que se manifiesta en:
La paralización de las demarcaciones y retrocesos en los procedimientos administrativos para el reconocimiento de las Tierras Indígenas;
El resurgimiento del discurso anti-indígena, de odio y prejuicio;
Negación de la identidad y el derecho a la libre determinación de los pueblos;
El aumento de las invasiones de territorios indígenas, para la minería ilegal, la tala, la pesca, la caza y el saqueo de otros recursos naturales;
Deforestación, acaparamiento de tierras y asignación de tierras indígenas;
Los asesinatos, ataques y amenazas a la vida de pueblos indígenas, agentes indígenas y defensores y defensoras de derechos humanos;
Falta de respeto por la organización social de los pueblos indígenas y su representatividad;
El avance de proyectos, empresas y actos administrativos y legislativos sin respetar el derecho a una consulta previa, libre, informada y de buena fe;
La precariedad de las políticas públicas dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas;
La prohibición del atendimiento público a los pueblos indígenas en tierras sin demarcar;
El desmantelamiento técnico y presupuestario de la FUNAI y su equipamiento al servicio de sectores de intereses contrarios a los pueblos indígenas;
El nombramiento de personas descalificadas y sin el debido proceso de consulta para puestos de liderazgo de organismos indígenas oficiales;
El debilitamiento de los consejos y espacios para el control social;
El avance del proselitismo religioso fundamentalista agresor de las culturas indígenas;
La amenaza del exterminio de los pueblos indígenas en aislamiento al debilitar los frentes de protección de FUNAI y señalar la perspectiva de contacto forzado, con el nombramiento de un pastor fundamentalista para coordinar el CGIIRC (Coordinación general de indios aislados de contacto reciente);
A esto se agrega el conjunto actual de ofensivas a la vida y los derechos de los pueblos indígenas preparadas por el gobierno federal, como PL 191/2020, que es un papel en blanco para la exploración minera y de los recursos hídricos en los territorios indígenas; y el uso de la tesis Marco Temporal para el retorno de 17 procesos de demarcación de tierras indígenas por parte del Ministro de Justicia a la FUNAI, con la clara intención de dañar a los pueblos y la realización de sus derechos territoriales.
El CIMI y los pueblos indígenas conocen desde hace mucho tiempo las estrategias de ataque, criminalización y deslegitimación utilizadas por los sectores más codiciosos y sin escrúpulos de la sociedad brasileña, que ahora están plenamente representados en el poder ejecutivo. No nos dejaremos intimidar en estos tiempos de brutalidad, hipocresía y rudeza que, estamos seguros, serán fugaces.
Nos mantendremos firmes en nuestra misión al servicio de la vida y el futuro de los pueblos indígenas, confirmada en las palabras del Papa Francisco, en la Exhortación apostólica post-sinodal "Querida Amazonia", recordada por los obispos del Norte regional I del CNBB en la nota "Solidaridad y compromiso":
“A los emprendimientos, nacionales o internacionales, que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación, a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen. Cuando algunas empresas sedientas de rédito fácil se apropian de los territorios y llegan a privatizar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata (...) ”(QA, 14).
Ante la exclusión de todos y todas los que no están representados en el grupo selecto de privilegiados insensibles que están en el poder, empeñados en destruir la vida, la naturaleza y los derechos fundamentales de los ciudadanos, invitamos a compartir nuestra visión de que luchar por el bien de los indígenas es lucha por el bien de todos, de ellos, de nosotros y del mundo.
¡La causa indígena es de todos nosotros!
Centro de Formación Xare, 40ª Asamblea Regional del CIMI Norte I
Manaos, 16 de febrero de 2020