Al menos cinco quejas elevadas este año ante el Ministerio del Trabajo dan cuenta de un deterioro del clima laboral en el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).

La institución eclesiástica con sede en Bogotá (Colombia) se define como “un organismo de comunión, reflexión, colaboración y servicio”, creado por la Santa Sede, a petición de los obispos católicos de América Latina.

Presidida por Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre (Brasil), y con una secretaría general a cargo de Lizardo Estrada, obispo auxiliar de Cuzco (Perú), actualmente la entidad tiene como secretario general adjunto y representante legal al sacerdote argentino Pedro Manuel Brassesco.

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar en el Ministerio del Trabajo una audiencia de conciliación laboral y de seguridad social que reunió a Ana Zenaida Quemba y a Manuel Alejandro Sánchez, este último apoderado del CELAM. Quemba, ciudadana colombiana despedida de la institución el 30 de septiembre después de más de catorce años de trabajo como auxiliar de servicios generales, elevó una queja sobre acoso laboral el 1º de octubre.

Además de solicitar un reajuste de su liquidación, manifestó su rechazo al despido sin justa causa del que fue objeto, al tiempo que aseguró haber sufrido maltrato, persecución y hostigamiento durante su paso por la entidad. No solo denunció violencia de género, también se quejó de la ausencia de permisos, de “descuentos prohibidos” y de trabajo de domingo a domingo sin pago adecuado.

La audiencia de conciliación terminó sin acuerdo en materia de liquidación. Quemba manifestó su voluntad de elevar una demanda laboral, con el fin de escalar sus reclamos.

Ya en abril, una queja registrada ante el Ministerio del Trabajo por parte de otra exempleada del CELAM denunciaba una supuesta persecución contra las trabajadoras de servicios generales, haciendo referencia al cambio de condiciones laborales como una expresión de vulneración de derechos. La comunicación agregaba información sobre supuestos maltratos contra trabajadores de otras instancias, entre estas el Centro de Gestión del Conocimiento.

En los siguientes términos, una queja adicional, elevada ante el Ministerio en el mes de mayo, señala particularmente a un funcionario de nombre Julio César Monroy como uno de los supuestos responsables de dichos atropellos:

“La institución incurrió en un encubrimiento general al maltrato laboral por parte del coordinador (de archivo y biblioteca) Julio César Monroy cometido contra mi persona y en general contra todos mis compañeros de trabajo; encubrimiento que además se acompaña de una negligencia total por parte de la oficina de talento humano y la pasividad de las demás autoridades competentes dentro de esta institución”.

La oficina de talento humano del CELAM está a cargo de una funcionaria de nombre Claudia Pinzón, también cuestionada en dichas comunicaciones. Los obispos Spengler y Estrada prefirieron no pronunciarse, después de haber sido contactados por este medio.

Durante una entrevista, Pedro Manuel Brassesco, secretario general adjunto y representante legal de la institución, reconoció haber recibido información sobre inconformidades formuladas en su momento frente a la gestión de Pinzón y de Monroy. Atribuyó a pérdida de confianza algunos de los despidos efectuados este año.

Al tiempo que reconoció un deterioro del clima laboral dentro de la entidad, manifestó que el CELAM es consciente de la situación de vulnerabilidad en la que, particularmente, se encuentra el personal de servicios generales. Sin embargo, explicó dicha situación en relación con “el cambio en la dinámica de trabajo” que supuso la inauguración de la nueva sede de la institución, cuya construcción estuvo a cargo del sacerdote Adolfo Vera, de la Arquidiócesis de Bogotá. Sobre “el ejercicio de la autoridad” por parte de este último, Brassesco aceptó también haber recibido quejas en su momento. Razón por la cual, en 2022, “se decidió buscar otra persona responsable de servicios generales”.

El vocero del CELAM aseguró que las directivas de la institución se hallan empeñadas en materializar la sinodalidad. Entre otras cosas, el término es usado en tiempos del papa Francisco para referirse a una cualidad de la Iglesia como lugar seguro de acogida y escucha para todos. Brassesco defendió los procedimientos disponibles en la entidad para la resolución de conflictos y manifestó que no habrá retaliaciones contra quienes, todavía dentro de la institución, elevan por estos días su voz de reclamo. Una promesa en la que no creen quienes prefieren mantener su identidad en el anonimato, mientras sostienen que en el CELAM “ya nadie puede expresar lo que siente por temor a perder su empleo”.