La COP16 que se desarrollará durante las próximas semanas en la ciudad colombiana de Cali 150 líderes y lideresas sociales y ambientales, amenazados por las mafias, por asistir a la COP16

Durante este sábado 12 de octubre de 2024, más de 1.400 miembros de la Fuerza Pública llegaron hasta El Plateado, en el cañón del Micay, municipio de Argelia (Cauca), para adelantar un operativo militar contra las disidencias de las FARC, comandadas por Iván Mordisco, que hacen presencia en el territorio donde opera el frente Carlos Patiño de la disidencia Estado Mayor Central EMC.

El EMC está involucrado en el narcotráfico para financiar la guerra, después de haber rechazado los acuerdos de paz de 2016. El EMC ha respondido a la operación militar de alto nivel (después de seis años de ausencia estatal) atacando con drones y explosivos que han provocado 14 civiles y tres militares heridos por esta agresión de las disidencias.

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El presidente Petro ha respondido afirmando que “le solicitó a las juntas de acción comunal y a las organizaciones populares del Micay dejar de atender órdenes impuestas del EMC. La región debe ser gobernada por la población civil misma y no por quienes traquetean con mafias mexicanas y extranjeras”. El mandatario ha agregado que “Mordisco no es el jefe de las fuerzas del EMC del Cauca. Le interesan los negocios de Coltán, oro ilícito y la detruccion de la selva para entregarle la tierra que despejan los campesinos de selva, a los narcoterratenientes. Iván Mordisco no ha entendido qué significa la revolución por la vida, no sabe del esfuerzo de toda la humanidad por mantener la Vida en el planeta. Esa es la COP 16 que amenaza. Disque revolucionarios al lado de la muerte que desatan los más poderosos de la tierra”, concluyò Gustavo Petro.

Desde que comenzó la operación Perseo, se empezó a pensar sobre las posibles repercusiones que podría tener esta ofensiva militar en actividades nacionales, como, por ejemplo, la COP16 que se desarrollará durante las próximas semanas en la ciudad de Cali.

Este sábado el grupo armado ilegal de la disidencia Estado Mayor Central, emitió un pronunciamiento en el que invitaban a la gente para no ir a la COP16 y, de hecho, dijeron que el evento sería un “fiasco”. “Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por la COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional abstenerse de asistir a este evento. No se presten para este evento mercantil”, se lee en un mensaje difundido por la red social X.

El jefe de Estado, Petro manifestó en su cuenta de X: “El EMC, al bombardear población civil, nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas. Les envío un mensaje: venzan la codicia y hagan la paz en favor del pueblo colombiano”.

Visita blindada de cincos ministros en El Plateado después de 6 años de abandono estatal

El ministro de defensa Iván Velásquez, la ministra Susana Muhamad y otros cincos ministros del gobierno nacional han realizado una visita “blindada” en El Plateado (con un masivo despliegue de blindados, helicópteros, fuerzas militares especiales) el pasado domingo 13 de octubre de 2024, para presentar a la población la oferta del estado colombiano en favor de la transformación socio-economica del Cauca.

Estaba también la joven funcionaria presidencial Gloria Miranda, la mujer que despertó la misoginia de la Extrema Derecha, que la criticò por ‘selfie’ en El Plateado.

Es la Directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, donde ha asumido la tarea de ofrecer soluciones a miles de familias que, por décadas, han dependido de cultivos ilícitos para sobrevivir. Historiadora de profesión, Gloria Miranda ha dedicado su carrera a entender las raíces del conflicto colombiano, lo que la ha llevado a incursionar en el sector público con un enfoque claro: la paz debe construirse desde los territorios.

Gloria Miranda reconoce que su interés por la paz nació de su formación académica y se consolidó durante la negociación del Acuerdo de Paz con las FARC. Estudió una maestría en construcción de paz en la Universidad de los Andes, donde reafirmó su vocación de contribuir a la reconciliación del país. Su trayectoria incluye trabajos en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Congreso, pero fue en el Ministerio de Justicia donde se concentró en la política de drogas, su mayor obsesión.

Miranda ha sido crítica de los enfoques tradicionales en la lucha contra las drogas. Para ella, se ha cometido el error de centrar los esfuerzos en los campesinos, el eslabón más vulnerable de la cadena del narcotráfico. “Nos enfocamos en lo militar y no en lo social”, señala. Además, aboga por un enfoque regulador, argumentando que la ilegalidad perpetúa la violencia, y sostiene que experiencias históricas como la prohibición del alcohol en los años 20 podrían ofrecer lecciones aplicables a sustancias como el cannabis.

El Cauca es una región que le genera especial preocupación. Para ella, este departamento, marcado por la violencia y la desigualdad, debería ser el primero en recibir los beneficios de la reforma agraria. Ahí, opina, podría implementarse una política de drogas diferente.

Desde que asumió la dirección del programa de sustitución de cultivos, Miranda ha establecido una relación más cercana con el presidente Gustavo Petro. A pesar de lo difícil que puede ser acceder a él, asegura que el mandatario es una persona receptiva a las ideas que se argumentan con solidez.

Conocí personalmente a Gloria Miranda durante un seminario de Clacso en la facultad de sociología de la Universidad Santo Tomás de Bogotà: es parte de una generación que, a pesar de la apatía que percibe en algunos sectores, está más abierta al diálogo y a superar las divisiones que ha dejado la violencia. Para ella, la clave está en el conocimiento mutuo y en la empatía por las historias de los demás. Su convicción de que es posible construir un futuro mejor sigue siendo el motor de su trabajo diario, con la esperanza de que cada acción que realice hoy conduzca a una paz duradera para Colombia.

El profesor de humanidades de la Universidad Santo Tomás de Bogotà, miembro del Instituto de Paz Ipazde, Andrés Inampues ha evidenciado: “menos mal que el presidente Petro mandó batallones al Cauca y a toda su cúpula del gobierno. No hay que dejarse amedrentar por esos mafiosos”.

500 ong presentan el informe “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los Derechos Humanos y la Democracia”

Un poco más de dos años han transcurrido desde el inicio del actual gobierno de Petro y, si bien ha habido apuestas y esfuerzos innovadores en Derechos Humanos, los resultados son escasos, tal como se describe en el más reciente informe “El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los Derechos Humanos y la Democracia”, que fue presentado en Bogotà el pasado 09 de octubre de 2024.

Dicho informe es elaborado por más de 500 organizaciones sociales agrupadas en La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEUU) y la Alianza, Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), quienes, desde hace 21 años, realizan balances periódicos y presentan recomendaciones a instituciones del Estado para la protección, implementación y garantías del ejercicio de los Derechos Humanos a nivel nacional.

Al respecto, el destacado jesuita Javier Giraldo Moreno, director del Banco de Datos sobre derechos humanos del Instituto jesuita CINEP, ha subrayado: 

“El actual gobierno del Pacto Histórico parece haber comprendido la inutilidad de los acuerdos de paz que colmaron los últimos cuarenta años, centrados en negociaciones que miraban a la entrega de armas de una u otra organización insurgente como forma de integrarse a una sociedad y Estado muchas veces más corruptos y violentos que los que habían inspirado su alzamiento en armas años o décadas atrás. Pero tal descubrimiento está también ligado a la transformación de muchas insurgencias modeladas por la base económica progresiva y avasallante del narcotráfi co, el cual fue absorbiendo y sustituyendo los objetivos políticos. Estas comprobaciones había que examinarlas también a la luz de algunos principios que inspiraban a sectores integrantes del Pacto, el más importante de los cuales era la ilegitimidad e invalidez ética de enfrentar las violencias insurgentes con violencias supuestamente legales que trataban de aplastar las anteriores con despliegue de competencia en barbarie y crueldad.

La duda sobre si era válido y efectivo apagar los incendios con gasolina rondaba en las conciencias de los políticos del Pacto que trataban de diseñar una alternativa a la búsqueda de la paz. La propuesta de la Paz Total tuvo aciertos básicos, al comprender que el confl icto armado en las últimas décadas había ido trascendiendo la insurgencia política y tenía raíces en las estructuras económicas y políticas en que había degenerado el Estado. El llamado a mesas de diálogo en lugar de bombardeos y masacres, buscando acuerdos que abrieran salidas de consenso y tocaran la economía y la participación, produjo una primera reacción eufórica, la cual, sin embargo, destapó dimensiones imprevistas de difíciles abordajes; pero simultáneamente incentivó la oposición de las élites que han usufructuado ampliamente la corrupción y los esquemas de violencia estatal que habían consolidado durante su vigencia. Para nadie es un secreto que en todo este contexto muchas formas de violencia han aumentado escandalosamente.

El exterminio de líderes sociales de base se ha desbordado, mucho más cuando ha recurrido a cubrirse con la estrategia del anonimato total como forma de protección a los victimarios, lo cual asegura más que nunca su impunidad absoluta. La proliferación de disidencias armadas que disputan las rutas de la droga, ha permitido comprobar que allí se amparan el paramilitarismo y sectores de la fuerza armada estatal que siempre habían simpatizado con el enriquecimiento a través de la guerra. En medio de todo este caos preocupan ciertas políticas del actual gobierno, que se muestra impotente para limpiar el Estado de quienes, durante muchas décadas, y con el apoyo de potencias extranjeras, consolidaron una violencia de barbarie contra un “enemigo interno” que no es otro que los sectores sociales excluidos y victimizados durante siglos. Preocupa que los chantajes armados de las élites fuercen el retorno a competencias de violencia entre el Estado y las formas extraestatales de poder” concluyò el p. Javier Giraldo (1).

Defensores ambientales de Latinoamérica lanzan llamado por su protección rumbo a la COP16

Más de 150 líderes sociales y ambientales (provenientes de Colombia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Paraguay, Bolivia, Guatemala y El Salvador)  participantes del encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales rumbo a la COP16, lanzaron en Bogotá, el día 26 de septiembre de 2024, ‘Un llamado de acción por la protección de los defensores ambientales y territoriales’, un documento que se llevará a la COP16 y que incluyó la importancia de fortalecer los mecanismos de autoprotección para personas defensoras, comunidades y organizaciones con trayectoria en la defensa de derechos humanos.

El documento también mencionó la necesidad de reconocimiento de los daños en la salud mental que está ocasionando la disminución de las labores de defensa de liderazgos ambientales, así como el llamado a la creación de mecanismos que aseguren la participación de las mujeres y refuercen su rol en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales.

Además, los defensores ambientales resaltaron la importancia de la cooperación entre Estados, sociedad civil y comunidades para construir un sistema de monitoreo regional que permita hacer seguimiento y verificación a las conflictividades, crímenes y vulneración de derechos humanos a líderes y lideresas. Asimismo, hicieron un llamado para declarar como delito de lesa humanidad el asesinato de líderes y lideresas ambientales; pusieron la atención sobre mecanismos financieros que puedan proveer recursos para la autoprotección de liderazgos ambientales en riesgo e instaron la creación de un caucus de defensores ambientales para generar estrategias y acciones claras para la protección de sus derechos, los territorios y la biodiversidad.

La participación de defensores de derechos humanos y ambientales continúa fortaleciendo la COP de la Gente, en la que diversos sectores están sumando sus perspectivas a través de los más de 90 eventos previos a la COP16.

Este encuentro “Paz con la Naturaleza y Justicia Ambiental rumbo a la COP16”  fue liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unión Europea, el Programa Euroclima de la Unión Europea (cofinanciado por el gobierno federal de Alemania mediante el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ) y sus agencias implementadoras Expertise France/Grupo AFD y GIZ Colombia, el Programa FAST, el Programa DRET de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Unidad de Implementación para el Acuerdo de Paz, Redprodepaz, Cinep, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Vivamos Humanos. 

Colombia recientemente se ha sumado a los 17 países que han ratificado el Acuerdo de Escazú, por lo que este espacio resultó clave para promover su implementación, haciendo especial énfasis en la protección de los derechos humanos de las personas que ejercen liderazgos ambientales.

“El crimen organizado juega un papel clave en la destrucción ambiental”: viceministra Roa

Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia (anteriormente lideresa ambiental de Censat y Oilwatch que en 2005 fue amenazada por su militancia internacional) señaló:

“En el Encuentro con Defensores de la naturaleza hablé sobre los retos que enfrentamos para proteger a quienes defienden la vida y los territorios. En 2023, 196 defensores fueron asesinados en el mundo. El 85% de estos crímenes ocurrió en América Latina.

El crimen organizado juega un papel clave en la destrucción ambiental, también en las actividades económicas lícitas. La deforestación para ganadería, minería ilegal y tráfico de especies están relacionados con el acaparamiento de tierras. No podemos tolerar esta violencia y devastación. Las guerras también son ecocidas: destruyen bosques, ríos y comunidades. Desde Palestina hasta el Cauca, vemos cómo los conflictos armados destruyen ecosistemas y vidas. La paz es urgente, no solo para las personas, sino para la naturaleza. Hacer la paz con la naturaleza requiere un cambio profundo. Necesitamos repensar nuestras prácticas y avanzar hacia una sociedad más justa, que ponga en el centro la vida y supere la desigualdad.  Esta crisis civilizatoria demanda una transformación radical. El rol del Estado es clave: debemos garantizar justicia, equidad y solidaridad.

La defensa de la naturaleza es, en última instancia, la defensa de la vida. Debemos construir economías que prioricen la restauración ecológica y el bienestar social. Sabemos que las condiciones para quienes defienden la vida y los territorios son cada vez más difíciles. Reconocemos que su lucha a veces es solitaria, estigmatizada y enfrentada a intereses poderosos, tanto corporativos, como del crimen organizado. No podemos permitir que el aislamiento y el miedo sean las únicas respuestas que encuentren quienes trabajan por el bienestar común. Estamos aquí para construir un camino que permita llegar a la #COP16 con propuestas desde los movimientos ambientalistas que defienden el territorio", afirmó la viceministra Tatiana Roa que llorò en su intervención, recordando algunos lideres indígenas asesinados este año.

En el evento se promovió el fortalecimiento de capacidades regionales, institucionales y comunitarias en torno a las garantías de los líderes y lideresas ambientales para el ejercicio de su papel en un marco de protección. Uno de los resultados que se espera lograr en la COP16 es que los países firmantes hagan reportes anuales voluntarios sobre la situación de derechos humanos de defensoras y defensores ambientales en sus países respectivos. 

 “Es indispensable plantear el tema de la seguridad y la protección de las y los defensores ambientales, en la preparación y durante las negociaciones de la COP16 de biodiversidad. En un planeta que está llegando a muchos puntos de no retorno, las voces de los hombres y las mujeres que luchan cada día por el futuro de sus comunidades, de sus territorios y al final de nuestro planeta, tienen que ser escuchadas y valoradas, no silenciadas. La Unión Europea seguirá apoyando su labor y defendiendo su vida y sus derechos” señaló Gilles Bertrand, Embajador de la Unión Europea en Colombia (2).

Intervención de Carlos Torre, Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos

De acuerdo con Carlos Torres, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en la COP16 es muy novedosa la participación de defensores y defensoras del ambiente con el tema de protección y su labor, pues se encuentran en una situación de alto riesgo en Colombia y América Latina. Se espera que en la COP16 se llegue a acuerdos sobre acciones para protegerles y garantizar su labor.

Carlos Torres, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha subrayado:

“No obstante su rol crucial en defensa de la vida, las personas defensoras del medio ambiente se enfrentan a amenazas cada vez mayores, como el acoso, la intimidación, la estigmatización, la criminalización e incluso, las agresiones físicas y el asesinato. ONU-Derechos Humanos documentó en el 2023 en Colombia 31 casos de homicidios de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio.  En lo que va del 2024, ha verificado 16 casos de homicidio y se encuentra en proceso de verificar 11 casos adicionales. Del total de casos, cinco son de mujeres defensoras. También del total 14 son personas indígenas y 8 personas campesinas. Los departamentos con mayor número de casos son: Cauca con 6 casos y Arauca, Bolivar, Bogotá, Chocó y Magdalena con dos casos cada uno.

ONU-Derechos Humanos también ha recibido múltiples casos de personas defensoras del medio ambiente de las diversas regiones del país que son víctimas de ataques, amenazas y desplazamiento. El impacto de estas prácticas suele ser aún mayor en casos de personas defensoras indígenas, afrocolombianos, campesinos y mujeres defensoras del medio ambiente, quienes están defendiendo sus medios de vida y luchando por la protección, el desarrollo de sus comunidades y, en ocasiones, su subsistencia como pueblos. Estos defensores enfrentan amenazas constantes al resistir proyectos extractivos, degradación de ecosistemas únicos en Colombia, e intereses económicos legales e ilegales, así como al control social y territorial de actores armados no estatales que ejercen actividades económicas ilegales con serios impactos al medio ambiente, como la minería ilegal, la deforestación y la ganadería extensiva.

Una situación especialmente crítica es la que se están enfrentando las personas defensoras de la Amazonía. Por ello reconocemos la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de articular una red institución de protección de las personas defensoras del medio ambiente que busca prevenir y proteger frente a la violencia que sufren las personas comprometidas con el cuidado y regeneración de los bosques. ONU-DH hace parte de la red y ha firmado un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio para este fin.

Hoy el marco internacional de los Derechos Humanos hace un pleno reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano. A través, por ejemplo, de la Resolución A/HRC/RES/48/13 del Consejo de Derechos Humanos y la Resolución A/RES/76/300 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha reconocido la existencia y la importancia de este derecho, así como de su íntima relación con los derechos a la vida, la salud, la alimentación, a la tierra y al agua. El Acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por Colombia después de un largo proceso, reconoce este derecho para los países de la región, pero además articula la realización de derechos que resultan fundamentales para su ejercicio, como los derechos a la participación, a la información y a la justicia ambiental, así como la protección de quienes defienden el derecho al medio ambiente.

Ustedes, líderes sociales y ambientales, son quienes hacen que realmente estas resoluciones y tratados no se queden sólo en papel, sino que se traduzcan en herramientas de protección y defensa de sus comunidades frente a los enormes impactos negativos que ponen en riesgo la biodiversidad, la naturaleza y la vida de las comunidades. Estamos conscientes que en este esfuerzo arriesgan su vida, su integridad y la tranquilidad de sus familias. Por ello es fundamental que las instituciones del Estado, las empresas y diversos actores de la sociedad civil reconozcamos su vital labor y que generamos las condiciones para que puedan ejercer plenamente el derecho a defender el derecho a un medio ambiente sano.

Estamos a pocas semanas de la COP-16. Entiendo que por primera vez en estas Conferencias sobre Biodiversidad se dedicará un día entero a hablar sobre derechos humanos, justicia ambiental y personas defensoras de derechos humanos. No es casualidad que esto se haga en la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente y en el país que registró en 2023 el mayor número de personas defensoras del medio ambiente según Global Witness”, ha concluido Carlos Torres (3).

El Papa antimafia: cumbre vaticana para decomisar los bienes del crimen organizado

El papa Francisco pidió el jueves 19 de septiembre de 2024, reforzar la cooperación internacional contra las mafias y no olvidar a las víctimas, en un mensaje enviado a los participantes en una convención sobre los bienes confiscados a la criminalidad organizada por el Vaticano.

Lucas Manjon, coordinador de Libera Argentina, junto a Emilio Cottini, de Libera Internacional, son los motores que traccionan hace meses lo que hoy se conoce como la conferencia titulada “El uso social de los bienes confiscados”, que inició con las palabras del canciller de la Academia de Ciencias, el cardenal Turkson, luego continuó el fundador de Libera, el sacerdote italiano Luigi Ciotti, y el juez federal argentino, Sebastián Casanello.

“El crimen organizado genera daños a gran escala. De hecho, transnacionalmente. Se ve mucha energía en persecución y sanción, pero notorio desbalance en la reparación. Algunos han llegado a decir que el crimen organizado no tiene víctimas. Pero las tiene. Las víctimas conocidas como supraindividuales, es lo más trágico porque son las víctimas invisibilizadas, sectores vulnerables, los barrios carenciados, que no tiene agua potable, por la corrupción, y justamente es la corrupción que abre el camino a todo el resto de los negocios criminales. El corrupto hace trampa desde un lugar de poder. Hace trampa y no se sonroja. En parte, porque él mismo procura no ver las consecuencias de su robo”, expuso el magistrado argentino con 30 años de trabajo en los tribunales federales porteños Sebastián Casanello.

Este 19 de septiembre de 2024, el Santo Padre envió un mensaje a la Reverenda sor Helen Alford, presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y demás miembros para darles “una cálida bienvenida” a todos los “participantes en la Conferencia sobre el uso social de los bienes confiscados a las mafias” que están celebrando el 19 y el 20 de septiembre por iniciativa de la Organización antimafia "Libera".

“El tema que están tratando en esta convención se orienta hacia la mitigación de las organizaciones criminales a través de la recuperación del bien común”.

El Papa escribe que “ante la herida que supone a la sociedad la delincuencia organizada transnacional no queda ningún remedio que tener la voluntad política de afrontar un problema mundial con una reacción mundial, como lo señalaba el entonces secretario general de la ONU, Sr. Kofi Annan, en el prefacio a la Convención de Palermo y sus protocolos”.

Francisco destaca que “la delincuencia organizada, que se perfila como un grupo estructurado que se asienta en el tiempo y actúa de forma conjunta para cometer delitos con la finalidad de obtener un beneficio material o económico, tiene vocación transnacional, abarca todos los grandes tráficos”. Y añade en su mensaje: “La lucha contra ella es uno de los desafíos más importantes para la comunidad internacional pues representa, junto con el terrorismo, la amenaza no militar más importante contra la seguridad de cada nación y la estabilidad económica internacional”.

Por otra parte, el Obispo de Roma escribe que “en un escenario en el que la delincuencia no conoce fronteras estatales ni soberanías nacionales, existe en la actualidad un consenso internacional en torno a que los Estados, a través de sus instituciones, no sólo deben investigar y juzgar al crimen organizado, sino colaborar entre sí para identificar sus activos y recuperarlos, con el fin de imposibilitar la continuación de sus actividades delictivas”.

Y agrega que “es necesario tener en cuenta que la recuperación de los bienes no debe agotarse en ese objetivo de política criminal sino estar inspirada en la reparación y en la reconstrucción del bien común, mismo que la Constitución conciliar Gaudium et spes define como ‘el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección’”.

Del crimen organizado el Pontífice manifiesta que “en su brutalidad, acomete contra el bien común; ataca a millones de hombres y mujeres que tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia; arremete contra los grupos socialmente marginados que son especialmente vulnerables a las actividades de la delincuencia organizada”.

Papa Francisco: No olvidar a las víctimas

De manera que “no es posible ni tolerable olvidar a esas víctimas porque sólo pensando en ellas puede comprenderse el daño provocado por el crimen organizado, y sólo entendiendo ese daño se puede discernir en cómo asistir, proteger y reparar, aspectos esenciales para solucionar conflictos y pacificar”.

Tras referirse al “modelo italiano” como “buen ejemplo de cómo las ganancias criminales pueden ser orientadas a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y a la sociedad”, Francisco invita a “centrar las conversaciones de estos días en la urgencia que supone recuperar el bien de todas las personas, hombres y mujeres, el bien de cada uno, donde todos cuentan y nadie es descartado, donde el proyecto común, al servicio de la dignidad humana, supera la suma individual de cada uno”.

Y mientras asegura su recuerdo en la plegaria y sus mejores deseos para el feliz desarrollo de su convención, los anima a que compartan sus experiencias y reflexionen, pero sin perder de vista las víctimas y la comunidad, orientándose hacia la acción, entendiendo el derecho y la justicia como una práctica que tiene como cometido la construcción de un mundo mejor” (4).

“Desde la caja de resonancia mundial que es el Vaticano se clama para que el decomiso de bienes con reutilización social sea incorporado en el Protocolo de Palermo y sumar un capítulo más al llamado "humanismo jurídico", que desde la iglesia significa nutrir la renovada doctrina social de la iglesia que inspira, alienta y auspicia el primer jesuita y latinoamericano ungido Sucesor de Pedro”, ha relatado Lucas Schaerer, enviado especial al Vaticano por C5n.

Conclusiòn 

Concluyendo, nos estamos preparando a esta gran cumbre mundial de Cop16 con el dolor y la indignación de los 150 líderes y lideresas sociales y ambientales, amenazados por las mafias, anteriormente mencionados. 

Nos inspira también el protagonismo de la ministra colombiana de medio ambiente, Susana Muhamad y el "nuevo internacionalismo ecoterritorial" que esta impulsando la viceministra Tatiana Roa.

Recuerdo el 12 de junio de 2024 que la viceministra Tatiana Roa nos convocó en el instituto jesuita Cinep a las 9.00am de la mañana para presentar el nuevo libro "Mas alla del colonialismo verde. Justicia global y geopolíticas de las transiciones ecosociales" promovido por Clacso y la fundación alemana Rosa Luxemburg, paralelamente al congreso latinoamericasta LASA2024 de Bogotá, que ofrece muchas claves interpretativas para poner la vida al centro, frente a muchas crisis climáticas y ecosociales, que amenazan el futuro de nuestro planeta.

NOTAS

https://ddhhcolombia.org.co/2024/10/09/mas-de-500-organizaciones-sociales-piden-gobierno-reestructurar-politica-paz-total/
https://www.minambiente.gov.co/defensores-ambientales-y-territoriales-de-latinoamerica-lanzan-llamado-por-su-proteccion-rumbo-a-la-cop16/
https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/intervencion-de-carlos-de-la-torre-representante-adjunto-de-onu-derechos-humanos-en-el-encuentro-de-precop-16-sobre-personas-defensoras-del-medio-ambiente/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2024-09/francisco-no-olvidar-a-las-victimas-del-crimen-organizado.html
https://www.c5n.com/politica/el-papa-antimafia-cumbre-vaticana-decomisar-los-bienes-
del-crimen-organizado-y-devolverlos-al-pueblo-n174256

*Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Es compareciente de la Jurisdiccion Especial para la Paz JEP en octubre de 2023, por la persecución estatal que esta sufriendo en Colombia. Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá). Su último libro: “Nunca Mas Estado Genocida. El boicot europeo en contra de las armas y de las mafias de Colombia” (Ediciones Antropos, 2023, prólogo del p. Francisco de Roux, Presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad CEV).